Elsa Adané Méndez Álvarez.

Querétaro, 2 Agosto 2021.- Grupos activistas de la comunidad LGBTTTIQ+, a nivel nacional, exigieron a las autoridades de Querétaro que se vincule a proceso a la diputada local, Elsa Adané Méndez Álvarez, por el delito de discriminación, esto por sus discursos de odio y hostigamiento al activista queretano Luis Felipe Zamudio.

Los distintos grupos activistas aseveraron que los discursos de odio están identificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1 CXIX/2019 de la Primera Sala, por lo que todas las personas y el Estado están obligadas a reservarse ese tipo de posturas con el fin de evitar violencia y discriminación contra grupos vulnerables.

En el caso de las personas defensoras de los derechos humanos, argumentaron que estos discursos dificultan el trabajo de todas las organizaciones de la sociedad civil, pues incrementan los niveles de riesgo y violencia que viven al momento de ejercer su trabajo.

‘Reconocemos el trabajo de nuestras y nuestros compañeros defensores de los derechos humanos en Querétaro y su ardua labor en la lucha por una sociedad incluyente y libre de discriminación ante un contexto político anti derechos’, declararon.

Méndez Álvarez, aún como funcionaria pública, cerró todas sus cuentas de redes sociales donde posteaba este tipo de comentarios, aunque la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) realizó un peritaje en sus contenidos para comprobar la procedencia de este delito.

Los peritos de la FGE estaban conformados por sociólogos, psicólogos, expertos en el manejo de redes que pudieron verificar una conducta discriminatoria que es considerada un delito en el Código Penal del Estado de Querétaro.

El pasado 17 de julio, la legisladora fue citada a una primera audiencia por el delito de discriminación del cual se le acusa desde 2020, no obstante se ausentó argumentando motivos de salud mediante un justificante médico.

Dicha audiencia fue reprogramada y será llevada a cabo el próximo miércoles 11 de agosto, de acuerdo con lo declarado por el propio demandante.

Las distintas organizaciones hicieron un llamado al Poder Judicial del Estado de Querétaro, así como a la FGE, para que se conduzcan de manera transparente en este caso, que marcaría la primera sentencia para un funcionario público por el delito de discriminación.