Sobre el Estado de México pesa una sentencia emblemática que desde 2015 obliga a las autoridades judiciales a investigar e impartir justicia con perspectiva de género. FOTO: CIMAC NOTICIAS.

Ciudad de México.- Sobre el Estado de México pesa una sentencia emblemática que desde 2015 obliga a las autoridades judiciales a investigar e impartir justicia con perspectiva de género; sin embargo, casos recientes, como el de Diana Velázquez Florencio (víctima de feminicidio en el municipio de Chimalhuacán pero cuyo cuerpo no fue identificado inicialmente porque “tenía el cabello corto” y se pensó que era un hombre), demuestran que, seis años después, esta exigencia aún no se cumple.

En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó investigar y juzgar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres. Esta sentencia, conocida como “Mariana Lima”, lleva el nombre de una joven asesinada en Chimalhuacán en 2010, cuya madre, Irinea Buendía, consiguió que el caso de su hija, juzgado inicialmente como suicidio, se reabriera y reclasificara como homicidio doloso, lo que derivó años después en la aprehensión de su entonces pareja sentimental, un policia ministerial del Estado de México.

Tras analizar la actuación del Poder Judicial del Edomex en el caso de Mariana, la Suprema Corte ordenó una sentencia paradigmática para que a partir de entonces todas las muertes violentas de mujeres fueran investigadas como feminicidio, se realicen diligencias particulares con perspectiva de género, se repare el daño a las familias y se impulse un cambio cultural.

Investigar con perspectiva de género implicaba que todo el personal de Fiscalías y Juzgados estuviera capacitado en este enfoque; analizar el contexto de las víctimas; buscar a las niñas y mujeres desaparecidas sin esperar 72 horas; no estigmatizar ni revictimizar; realizar peritajes que identifiquen razgos de violencia sexual; entre otros aspectos.

Tras la sentencia de “Mariana Lima”, el Estado de México no sólo debía corregir los errores en ese caso sino garantizar la no repetición. Sin embargo, lejos de convertirse en punta de lanza para la justicia, seis años después el Estado de México continúa siendo la entidad con más número de víctimas de feminicidio en el país y fue la primera en tener dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, una por feminicidio y otra por desaparición.

Las autoridades mexiquenses, por su parte, continúan repitiendo negligencias que revelan una ausencia de perspectiva de género.

Diana Velázquez, autoridades no la identifican como mujer porque “tenía el cabello corto”

Apenas dos años después de la sentencia de la SCJN, el 2 de junio de 2017, la joven Diana Velázquez Florencio fue privada de su libertad, violentada sexualmente y asesinada; su cuerpo quedó abandonado en un terreno baldío en Chimalhuacán, Estado de México.

Diana tenía 24 años de edad, salió de su casa por la mañana y ya no regresó. Su familia la halló cinco días después en un Servicio Médico Forense (Semefo) de Nezahualcóyotl, un municipio contiguo, al que ya habían ido a buscarla. Las autoridades mexiquenses habrían encontrado su cuerpo con signos de violencia sexual, el mismo día que desapareció; sin embargo, la autoridad municipal no informó oportunamente a su familia porque registró el cadáver como masculino porque Diana tenía el cabello corto; es decir, no revisó el cuerpo más allá de la cara de la víctima.

Una vez identificado el cuerpo de Diana, la autoridad del Edomex tardó muchos meses para entregar a Lidia, la madre de Diana. una valoración de ADN que confirmara la violencia sexual a la que fue sometida, también le impuso obstáculos por trámites burocráticos para hacer una exhumación oportuna del cuerpo para obtener más pruebas, y se perdió la ropa que llevaba la joven el día de su asesinato. Por estas omisiones, la madre de Diana batalló años para conseguir que su caso fuera investigado por la Fiscalía Especializada de Feminicidio.

Durante tres años no se integró ninguna línea de investigación al expediente de Diana; sin embargo, Lidia y su familia impulsaron sus propias investigaciones y dieron a conocer el caso en medios de comunicación a través de marchas, mítines y plantones. Por esta exigencia de justicia, en 2019 se consiguió que el gobierno de la entidad ofreciera una recompensa de 300 mil pesos a quien aportara información que permita dar con el paradero del feminicida de Diana.

Tras la intervención de Segob, la historia da un vuelco

Cansada de que su caso no avanzara en la Fiscalía Especializada del Edomex, el 6 de julio de 2020, en medio de la pandemia por COVID-19, Lidia Florencio y otras víctimas de feminicidio iniciaron un plantón afuera de Palacio Nacional para exigir que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las recibiera.

Luego de 22 días consecutivos de sostener el plantón, Lidia fue recibida pero no por el presidente, quien en sus tres años de gobierno nunca ha recibido a una familia víctima de feminicidio, sino por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Después de la reunión con Sánchez Cordero, la historia dio un vuelco. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se puso en contacto con Lidia y le aseguró que la investigación sobre el feminicidio de su hija estaba en curso. Luego de un par de reuniones a puerta cerrada y en la que se daba a Lidia información limitada sobre el caso, el 7 de agosto de 2020 la Fiscalía informó a medios de comunicación que el presunto asesino de Diana Velázquez ya había sido aprehendido, que respondía al nombre de Jesús Alejandro N y que había sido detenido gracias a “investigación de campo y de gabinete” y testimonios recabados por la Policía de Investigación.

Lidia dudó entonces de esa información, ya que hasta el 30 de abril de 2020, última vez que acudió al Ministerio Público de Chimalhuacán a revisar la carpeta de investigación, no había ninguna línea de investigación en el caso, además de que la FGJ Edomex informó sobre esta detención a los medios de comunicación antes que a la madre de Diana.

En una reunión posterior que sostuvo Lidia con las autoridades de la entidad para que se expusieran los detalles sobre esta detención, no se presentó ningún funcionario de la Fiscalía General de la República ni de la Fiscalía del Estado de México, por lo que –le dijeron– no se le pudo informar más detalles sobre el detenido, como quién era y con base en qué elementos se le vinculó con el asesinato de su hija.

Una posible teoría del caso

De acuerdo con lo que explicó Lidia en una nueva entrevista concedida a Cimacnoticias, la teoría que armó la FGJ Edomex del caso fue que Diana habría sido privada de su libertad por dos hombres, quienes la subieron a un mototaxi, la llevaron a un baldío cerca de la Plaza Chimalhuacán, abusaron de ella y luego la asesinaron.

Uno de los dos presuntos responsables del asesinato de Diana es Jesús Alejandro N, quien conducía el mototaxi. De acuerdo con lo que la Fiscalía dijo a Lidia, su detención se logró gracias a dos indicios: el rastreo de las llamadas del celular que los agresores habrían robado a Diana y el testimonio de la pareja sentimental de Jesús Alejandro, quien tenía en su poder el celular de la joven, y que presuntamente denunció a Jesús por violencia doméstica y aseguró que él le habría confesado el crimen de Diana.

El otro presunto agresor, a quien se le acusa de haber asesinado a Diana, permanece prófugo sin que su supuesto cómplice aporte ningún dato que lo identifique.

Con esta teoría, la Fiscalía General de Justicia del Edomex consiguió que Jesús Alejandro N fuera detenido hace un año y vinculado a proceso. El pasado 21 de junio de 2021, finalmente iniciaron las audiencias contra él en los Juzgados de Control de Enjuiciamiento Judicial de Nezahualcóyotl.

Hasta este 30 de julio, el Poder Judicial del Edomex había celebrado ya tres audiencias de la etapa de apertura del juicio oral, durante las cuales, de acuerdo con Lidia, además de la sábana de llamadas y el testimonio de la expareja de Jesús Alejandro, se exhumó el cuerpo de Diana para presentar pruebas periciales que demuestran que la joven peleó por su vida antes de ser asesinada y que participó más de un agresor en su feminicidio.

Por su parte, la defensa legal de Jesús Alejandro sólo alegó que no se le presentaron previamente las imágenes de la exhumación y que fue detenido con tortura, lo que hasta ahora no se ha demostrarlo.

En vísperas de que iniciaran estas audiencias y a causa del estrés que implican, Lidia Florencio sufrió dos caídas que le provocaron una lesión en la pierna y una fractura en el brazo. A pesar de su condición de víctima, ella y su familia batallaron por varios días para que la Comisión Estatal de Víctimas aceptara apoyarlas para que Lidia fuera atendida en un hospital.

La madre de Diana, quien ha tenido que acudir a las audiencias en silla de ruedas, ahora sólo espera que el Poder Judicial, incluyendo la Fiscalía General de Justicia, actúe con legalidad y garantice la máxima sanción para los responsables. Aunque, asegura, ya no habrá justicia para su familia porque nadie le devolverá la vida de su hija sí espera que al menos haya verdad sobre lo sucedido.

“Es una situación muy complicada porque sabemos como familia que no tenemos certeza. Ha habido muchas anomalías desde siempre, desde que inició este proceso nosotras nunca hemos visto con claridad muchas cosas y ahorita en el lugar en el que se encuentra seguimos con muchas dudas pero nosotros no nos queda más que seguir, que digan que nosotros lo dejamos, seguimos en este proceso (…) ahorita nosotros sólo queremos que ya se aplique la ley, estamos viendo que hay legalidad porque ya está judicializado el caso de Diana pero sí nos quedamos con muchas dudas. Lo importante es que se le condene al sujeto que esté detenido”, declaró Lidia.

La cuarta audiencia será el próximo viernes 13 de agosto, durante la cual se ofrecerán más pruebas y, como espera Lidia, el Estado de México deberá demostrar que la sentencia “Mariana Lima”, así como otros instrumentos internacionales en la materia, son más que letra muerta en papel.