Yeniffer Mirna Barroso Rodríguez entregó un documento en el que solicita al Congreso la separación del titular de la FEMCO. FOTO: SEM MÉXICO.

Oaxaca, México, agosto (SEMlac).- Luego de caminar descalza unos cinco kilómetros, Yeniffer Mirna Barroso Rodríguez entregó ante las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y Derechos Humanos un documento en el que solicita al Congreso la separación del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCO), Jorge Emilio Iruegas Álvarez.

Con los pies lastimados llegó hasta el Congreso local, ubicado en el municipio conurbado de San Raymundo Jalpan, donde aseguró “me duelen los pies, pero me ha dolido más el alma”, expuso quien tiene nueve años buscando justicia tras la violación a sus derechos humanos, detención arbitraria y despido injustificado, en los que al menos cinco funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública resultan responsables.

“¡Cada paso cuenta!”, exclamaba Barroso Rodríguez, quien denunció que unos días antes de ejecutar la marcha de pies descalzos, personal de esa Fiscalía le llamó para pedirle que no realizara la marcha, violando con esa petición su derecho a la libertad de expresión, denunció a las puertas del Congreso local.

En el documento, explica que después de la agresión y abuso de autoridad de varios funcionarios públicos, entre ellos el entonces secretario de Seguridad Pública Marco Tulio López Escamilla, y las omisiones del titular de la FEMCO, ha provocado que, en algunos casos concretos, quienes cometieron los delitos en su contra no reciban castigo alguno, luego de que una jueza determinó que terminó el tiempo para sancionar algunos de los delitos cometidos en su contra.

La jueza “señala como principal obstáculo al ejercicio de la justicia los tiempos que la Fiscalía ocupó en el análisis y conclusión de mi expediente, siendo que la afectación que me ha generado los hechos en comento no conocen de temporalidad y los sigo sobrellevando: hechos que me han propiciado estigmatización, no inclusión, señalización y una afectación de índole psiquiátrica, que aunque no me limita como ser independiente, me genera estados de ansiedad temporal que han sido difíciles de sobrellevar no solo para mí, sino para mi familia y sobre todo para mis pequeños hijos”.

Ante ello, Barroso Rodríguez exigió que el Congreso destituya al fiscal anticorrupción Iruegas Álvarez y pide se abra una investigación para que “pueda salir a la luz la negligencia, opacidad e indiferencia con que fue llevado mi expediente”. Incluso denuncia que en su expediente existen documentos apócrifos y hasta la suplantación de identidades.

En tercer lugar, señala que por el señalamiento que hace la jueza cuarta de lo penal, en la que dictó prescripción de su caso, “me queda claro que el expediente que le fue entregado no es el mismo que el que obra en mi poder”.

Como ejemplo, cita el hecho concreto de que María Judith Chávez, quien fungía durante el desarrollo de los hechos como Directora de Procesos Constitucionales y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, refiere desconocer el caso, pese a que ella misma declaró ante el Ministerio Público, “que durante los sucesos se presentó ante mí, cuando me hallaba recluida en los separos de la policía Municipal de Oaxaca de Juárez, para ofrecerme agua, un suéter y saber sobre mi estado de salud, acompañada Raúl Porfirio Ángeles Villalobos, quien se encargó de grabar todo el proceso del agravio hacia mi persona, y que casualmente las cámaras de vídeo no grabaron por estar desconectadas, pero que sí grabo con lujo de detalle Ángeles Villalobos”.

Yeniffer Barroso entregó además diversos documentos ante personal de las oficinas de las Comisiones de Derechos Humanos y de Administración y Procuración de Justicia, que presiden Magaly López Domínguez y Elisa Zededa Lagunas, respectivamente.