La Consulta Ciudadana del próximo primero de agosto en México podría ser el pretexto para crear una comisión de la verdad. FOTO: SEM MÉXICO.

México, julio (SEMlac).- La Consulta Ciudadana del próximo primero de agosto en México podría ser el pretexto para crear una comisión de la verdad, dijo en entrevista Graciela Rodríguez Manzo, promotora de la campaña La Verdad tras la Consulta.

Señaló que las y los ciudadanos están deseosos de ver resultados de las promesas de campaña sobre la verdad y la justicia, no solo para el caso de Ayotzinapa, y consideró que hay un catálogo de pendientes, de hechos en el pasado, de variados actores políticos que requieren investigación, satisfacción y verdad, como los casos de feminicidios, la violencia contra mujeres indígenas en Chiapas y Oaxaca y muchos otros.

La importancia de la Consulta Ciudadana de agosto podría, analizarse, dijo, con el razonamiento hecho por la Suprema Corte de Justicia al reescribir la pregunta que estará en la papeleta, y que deja un amplio margen para la intervención ciudadana, y es ejemplo.

En esta consulta, la participación de las mujeres será una pieza clave para juzgar a los “actores del pasado”, debido a que ellas representan el 60 por ciento de quienes han decidido apoyar dicho ejercicio democrático.

Las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) explicaron que seis de cada 10 personas que participarán en las mesas receptoras son mujeres, mientras que el resto serán hombres, según consulta de SEMlac.

Hasta ahora, el INE tiene garantizado el apoyo de 241.310 ciudadanas y ciudadanos para ser funcionarios de las mesas receptoras, más de 57.000 en toda la República, lo que representa un 84 por ciento del total necesario. En total, se necesitarán 285.575 ciudadanos y ciudadanas para realizar una exitosa consulta.
Al respecto, Rodríguez Manzo consideró que al final no es tan trascendente que se consiga el 40 por ciento en la participación, porque el solo ejercicio inédito ya es un avance para comenzar a construir la Comisión de la Verdad.

Un total de 233.564 ciudadanas y ciudadanos ya han logrado completar el ejercicio de capacitación del INE; es decir, que podrán participar en la consulta.

Es importante mencionar que los estados de Hidalgo, Campeche, Tabasco y Veracruz son las entidades donde más avanzó el proceso de capacitación.

El INE instalará un total de 57.155 mesas receptoras en todo el país, al utilizar una suma de recursos por más de 500 millones de pesos (2 millones 500.000 dólares), a pesar de no contar con el presupuesto necesario. Además, imprimió más de 93.5 millones de papeletas para realizar la consulta.

El pasado jueves 15 de julio se iniciará la difusión oficial de la consulta popular, y el INE utilizará distintos espacios de información, tal como televisión, radio, internet, entre otros.
La última semana en distintos medios con motivo de la Consulta Popular, la senadora Jesusa Rodríguez afirmó que este ejercicio permitirá radicalizar la democracia que, para que sea vinculante, se requiere que acuda más del 40 por ciento de quienes están en la lista del INE.

Sobre la trascendencia de dicha consulta en la gobernabilidad del país, Jesusa Rodríguez expresó que “esencialmente, me parece que el motivo más importante de una transformación como la que estamos intentando todo el pueblo de México es precisamente radicalizar la democracia, porque nuestra democracia necesita ser mucho más fuerte y ser una auténtica democracia.”

“Para radicalizar la democracia, pues lo elemental es darle hegemonía al pueblo, es decir, no hay democracia si el pueblo no tiene poder de decisión, y eso es precisamente lo que implica esta consulta, darle al pueblo la posibilidad de tomar decisiones de enorme importancia para el país. Entonces, creo que esto es lo fundamental y lo que subyace detrás de esta consulta”, agregó.

De ahí el aprendizaje, puntualizó la experta Rodríguez Manzo, puesto que lo más importante de esta consulta es que se trata de la primera. Insistió en consultar las reflexiones de los ministros de la Corte, que han dejado claro que los derechos no se pueden consultar, pero sí la opinión ciudadana sobre pendientes de asuntos que han quedado en la opacidad.

Respecto a las condiciones para que esta consulta de lleve a cabo, Claudia Zavala, consejera del INE, precisó que “es muy importante, es el ejercicio de nuestro derecho, lo vamos a realizar, porque es un derecho político electoral y es, ha sido, una conquista ciudadana. Lo vamos a ejercitar por primera vez en México el próximo primero de agosto.”

“Estamos en el padrón más de 93 millones de personas, eso es algo relevante porque para este tipo de consultas, para que sean vinculantes, se requiere que acuda más del 40 por ciento, que representan un poco más de 37 millones de personas ciudadanas que debemos estar activas y participando en este tipo de ejercicios”, explicó.
Añadió que “es un modelo diferente de lo que estamos acostumbrados en la democracia porque es otra cara, así de sencillo, pero es la directa, la que nosotras las personas ciudadanas nos apropiamos de la cosa pública y tomamos una definición a una pregunta expresa. Este es el modelo en materia federal.

Afortunadamente, en cada uno de los estados estos ejercicios han sido más constantes. A nivel federal, es la primera vez. Pero, a nivel estatal, tenemos varios modelos de democracia directa, donde las y los ciudadanos participan en la cosa pública.”

“Así que el próximo primero de agosto va a haber mesas receptoras de opinión donde podemos ir nosotros, consultarla igual en la página del INE, hay que entrar para poder ubicar donde van a estar nuestras mesas receptoras de estas opiniones y poder participar activamente”, refirió.

“¿Cuál es la relevancia? Se está sometiendo un asunto de relevancia pública a consideración que tiene que ver, y esto es muy importante, que recordemos cuál es la pregunta: Si estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, esto es importante, con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por actores políticos, y pueden ser muchos actores políticos, ¿a qué?, encaminadas a garantizar la justicia y los derechos posibles de las víctimas. Estamos un ejército de personas trabajando en él para que el próximo primero de agosto podamos a ir a ejercer este derecho”, puntualizó.