Jorge Herrera Martínez, reprobó que el presunto agresor de Athos y Tango, siguiera su proceso e investigación en libertad.

Querétaro, 7 Julio 2021- El Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, Jorge Herrera Martínez, reprobó que el presunto agresor de Athos y Tango, siguiera su proceso e investigación en libertad, luego del envenenamiento de estos perritos de rescate y terapia de corporaciones de emergencia locales.

Y es que el diputado del Partido Verde Ecologista de México ingresó una iniciativa de ley para agravar en un 80 por ciento más las penas contra ciudadanos que ejerzan violencia o asesinato contra animales de compañía que sean utilizados en algún trabajo o servicio social.

Ante este tema, el legislador aseguró que tiene conocimiento de que esta persona acusada de privar de la vida con salchichas envenenadas a los dos caninos, cuenta con antecedentes de delitos similares, además de haber tenido concflitos con vecinos.

“Me decían que esta persona no es la única vez que ha tenido una situación de esta; y que incluso tenía problemas con algunos vecinos. Creemos que todo parece indicar que puede ser una persona con conductas antisociales; que no se vaya a fugar y podamos tenerlo ubicado, hasta que concluya y sea sancionado; pero que no vaya a cometer algún otro tipo de delitos”, señaló.

Por otro lado, afirmó que buscaría reunirse con el Fiscal General del Estado de Querétaro, para conocer las investigaciones, trabajos y procedimientos para la atención de la violencia digital, al trascender que la entidad se encuentra entre los primeros lugares de este tipo de delitos a nivel nacional.
“Buscaré una reunión con el Fiscal General para que nos haga favor de comentarnos datos sobre este tema de los delitos que se llevan a cabo de manera cibernética. Es un tema deplorable, es asqueroso, y la parte más importante es la participación que tenga la sociedad con la denuncia”, argumentó.

Además, señaló que platicaría con los coordinadores de las fracciones parlamentarias para analizar un reforzamiento encaminado a la protección de las víctimas; e incluso, estudiar mecanismos para agravar las sanciones.

Reconoció que es difícil poder dar seguimiento a este tipo de conductas, toda vez que en plataformas digitales, los victimarios usan datos electrónicos diferentes y seudónimos que hacen difícil la ubicación y su proceso ante la ley.