Ciudad de México. Defensoras de Derechos Humanos y académicas coincidieron que el gobierno mexicano necesita trabajar más en la llamada “política exterior feminista” en materia de migración pues la llegada de la pandemia visibilizó su poca respuesta y de sus instituciones para garantizar servicios de salud, movilidad, respeto a los derechos, al trabajo de mujeres y niñas migrantes, lo que las situó en una situación de riesgo de contagio.
Al participar en el foro “Mujeres y Niñas en el 2021” -organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México- las integrantes de las organizaciones explicaron que es importante que el gobierno mexicano evalúe su política exteriorfeminista en el tema de migración, ya que sigue siendo poco adecuada para enfrentar los problemas históricos y los retos que trajo la pandemia para las mujeres y niñas en esta situación, ya que los viejos se han agudizado y los nuevos presentan un panorama aún más complicado.
En lo que va del pandemia, dijeron, las mujeres y niñas se han enfrentado a un alto peligro de contagiarse de la Covid-19 al tener un acceso limitado al saneamiento, de practicar el distanciamiento social en los albergues, de no contar con opciones de atención médica por ser discriminadas, por ejemplo, el personal médico las ve “como extraterrestres” o “personas sucias” y les han negado la atención, a pesar de que necesiten servicios urgentes como en sus gestaciones.
Detallaron que tienen conocimiento de casos donde las migrantes murieron o tuvieron sus partos en las puertas de los hospitales en lo que va de la pandemia. Consideraron que esta situación demuestra que la política exterior feminista sigue sin promover un cambio cultural, algo indispensable para que dejen de ser vistas como seres inferiores por su condiciones migratorias y por su género.
De acuerdo con monitoreos que han realizado, registraron una disminución de personas refugiadas en los albergues, mayor flujo migratorio, pérdidas de redes de apoyo para las personas migrantes, menos oportunidades laborales para ellas, y un aumento en las solicitudes de los servicios especializados que proporcionan las organizaciones civiles, en particular, en asesoría para acceder a la atención médica durante los embarazos.
En Puebla, agregaron, la mayoría de las personas migrantes que perdieron su trabajo fueron mujeres, quienes probablemente huyeron de contextos violentos en sus hogares o lugares donde habitaban, por lo que con el objetivo de no regresar a ellos y de mantener a su familia se vieron obligadas a aceptar trabajos precarios.
En este año, dijeron, 40 por ciento de las solicitudes de refugio en México han sido de mujeres. “¿Dónde estamos (incidiendo) para potenciar la vida de las mujeres y niñas que están huyendo de crímenes de odio basados en género? Hay que reflexionar a qué le llamamos una política exterior feminista. Desde ahí, (preguntarnos) si deberíamos irnos pasos atrás para ver si realmente es una realidad o es una intención, a la cual podemos llegar luego de un plazo”, declaró la directora general de “Las Vanders”, Daniela Flores Serrano.
Este panorama, coincidieron, llevó a las organizaciones civiles a cubrir los vacíos del gobierno y para los cuales no estaban y siguen sin estar preparadas, ya que las discriminaciones y desigualdades que padecen estas mujeres son resultado de la combinación de factores de las políticas restrictivas junto con las medidas de confinamiento y control para frenar la Covid-19.
“No podemos seguir haciendo una cosa, diciendo otra cosa y que se legisle otra. No podemos echar para atrás los avances que ya teníamos antes de la pandemia. Tenemos que construirpara mejorar las decisiones”, recalcó la investigadora en el Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur, Martha Luz Rojas Wiesner.
A estos obstáculos, comentaron, se les sumó que los trámites migratorios se trasladaron a espacios tecnológicos y se retrasaron aún más cuando la mayoría de las migrantes o niñas no tiene acceso a un dispositivo de este tipo ni mucho menos a internet. Esto reafirma la importancia de que ellas mismas generen el conocimiento sobre ellas, que su voz se escuche y que participen en las políticas públicas en el país para que se entiendan sus contextos y necesidades.
“Existe todo este sistema al que hay que preguntar por qué estamos reaccionando tan insensibles, por qué las oficinas no están abiertas, por qué no usamos los recursos para hacer llegar a las fallecidas por la Covid-19 a sus pueblos”, declaró la codirectora y cofundadora de “Otros Dreams”, Jill Anderson.
Ante este contexto, coincidieron que es importante que el gobierno trabaje en la interseccionalidad de la perspectiva de género en sus legislaciones y en la política feminista exterior en materia de migración para que se considere todo el panorama que pasan antes y después de migrar las mujeres y niñas, además, abra espacios para que ellas recuperen su autonomía, genere redes de ayuda, y reconozca la contribución que hacen al país.
Al participar en el foro “Mujeres y Niñas en el 2021” -organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México- las integrantes de las organizaciones explicaron que es importante que el gobierno mexicano evalúe su política exteriorfeminista en el tema de migración, ya que sigue siendo poco adecuada para enfrentar los problemas históricos y los retos que trajo la pandemia para las mujeres y niñas en esta situación, ya que los viejos se han agudizado y los nuevos presentan un panorama aún más complicado.
En lo que va del pandemia, dijeron, las mujeres y niñas se han enfrentado a un alto peligro de contagiarse de la Covid-19 al tener un acceso limitado al saneamiento, de practicar el distanciamiento social en los albergues, de no contar con opciones de atención médica por ser discriminadas, por ejemplo, el personal médico las ve “como extraterrestres” o “personas sucias” y les han negado la atención, a pesar de que necesiten servicios urgentes como en sus gestaciones.
Detallaron que tienen conocimiento de casos donde las migrantes murieron o tuvieron sus partos en las puertas de los hospitales en lo que va de la pandemia. Consideraron que esta situación demuestra que la política exterior feminista sigue sin promover un cambio cultural, algo indispensable para que dejen de ser vistas como seres inferiores por su condiciones migratorias y por su género.
De acuerdo con monitoreos que han realizado, registraron una disminución de personas refugiadas en los albergues, mayor flujo migratorio, pérdidas de redes de apoyo para las personas migrantes, menos oportunidades laborales para ellas, y un aumento en las solicitudes de los servicios especializados que proporcionan las organizaciones civiles, en particular, en asesoría para acceder a la atención médica durante los embarazos.
En Puebla, agregaron, la mayoría de las personas migrantes que perdieron su trabajo fueron mujeres, quienes probablemente huyeron de contextos violentos en sus hogares o lugares donde habitaban, por lo que con el objetivo de no regresar a ellos y de mantener a su familia se vieron obligadas a aceptar trabajos precarios.
En este año, dijeron, 40 por ciento de las solicitudes de refugio en México han sido de mujeres. “¿Dónde estamos (incidiendo) para potenciar la vida de las mujeres y niñas que están huyendo de crímenes de odio basados en género? Hay que reflexionar a qué le llamamos una política exterior feminista. Desde ahí, (preguntarnos) si deberíamos irnos pasos atrás para ver si realmente es una realidad o es una intención, a la cual podemos llegar luego de un plazo”, declaró la directora general de “Las Vanders”, Daniela Flores Serrano.
Este panorama, coincidieron, llevó a las organizaciones civiles a cubrir los vacíos del gobierno y para los cuales no estaban y siguen sin estar preparadas, ya que las discriminaciones y desigualdades que padecen estas mujeres son resultado de la combinación de factores de las políticas restrictivas junto con las medidas de confinamiento y control para frenar la Covid-19.
“No podemos seguir haciendo una cosa, diciendo otra cosa y que se legisle otra. No podemos echar para atrás los avances que ya teníamos antes de la pandemia. Tenemos que construirpara mejorar las decisiones”, recalcó la investigadora en el Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur, Martha Luz Rojas Wiesner.
A estos obstáculos, comentaron, se les sumó que los trámites migratorios se trasladaron a espacios tecnológicos y se retrasaron aún más cuando la mayoría de las migrantes o niñas no tiene acceso a un dispositivo de este tipo ni mucho menos a internet. Esto reafirma la importancia de que ellas mismas generen el conocimiento sobre ellas, que su voz se escuche y que participen en las políticas públicas en el país para que se entiendan sus contextos y necesidades.
“Existe todo este sistema al que hay que preguntar por qué estamos reaccionando tan insensibles, por qué las oficinas no están abiertas, por qué no usamos los recursos para hacer llegar a las fallecidas por la Covid-19 a sus pueblos”, declaró la codirectora y cofundadora de “Otros Dreams”, Jill Anderson.
Ante este contexto, coincidieron que es importante que el gobierno trabaje en la interseccionalidad de la perspectiva de género en sus legislaciones y en la política feminista exterior en materia de migración para que se considere todo el panorama que pasan antes y después de migrar las mujeres y niñas, además, abra espacios para que ellas recuperen su autonomía, genere redes de ayuda, y reconozca la contribución que hacen al país.