La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Fiscalía General de la República. FOTO: EFE/Mario Guzmán.

Ciudad de México, 22 jun (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Fiscalía General de la República porque limita la participación del Ministerio Público en la asistencia a víctimas y en la búsqueda de desaparecidos.

El organismo impugnó ante la Suprema Corte de Justicia cinco artículos de diferentes leyes, incluida la nueva Ley de la Fiscalía, porque “condicionan y/o limitan la participación y la coordinación” de los fiscales en diferentes organismos del Estado, expresó en un comunicado.

Entre ellos, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el Sistema Nacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La CNDH opinó que, aunque la reforma busca blindar la autonomía de la Fiscalía, esta vulnera “el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad” y “constriñe su intervención y cooperación” en diferentes organismos.

La Fiscalía General de la República (FGR) se creó en 2018 para dotar de independencia al Ministerio Público, que hasta entonces estaba integrado dentro del Gobierno en la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, impulsó en menos de tres años la reforma legal del organismo para limitar su presencia en los diferentes organismos del Estado al considerar que estas tareas vulneraban su autonomía.

La reforma, aprobada en el Congreso el pasado abril y promulgada la semana pasada, enfrentó a la Fiscalía con la Secretaría de Gobernación, encargada de la búsqueda de desaparecidos en México, y organismos defensores de los derechos humanos.

El texto establece que la Fiscalía solo atraerá casos de desaparición con “gran relevancia social” o “violación grave de los derechos humanos”, dejando la investigación en manos de los Ministerios Públicos estatales, muchas veces sobrepasados o corrompidos, denuncian familiares de las víctimas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió el pasado miércoles la reforma del ente y aseguró que su Gobierno tiene “como criterio el aceptar las propuestas de la Fiscalía” porque le tiene “confianza”.