Tras meses de una campaña electoral manchada de violencia, carente de propuestas y aderezada de insultos, ocurrencias, lemas vacíos y dispendio de recursos públicos. FOTO: CIMAC NOTICIAS.

Tras meses de una campaña electoral manchada de violencia, carente de propuestas y aderezada de insultos, ocurrencias, lemas vacíos y dispendio de recursos públicos, estamos por llegar al 6 de junio.

Cada quien decidirá sus votos según sus convicciones, preferencias, esperanzas o desilusiones ante los resultados de un gobierno cuya mayoría parlamentaria le ha permitido establecer prioridades, ignorar problemas e interpretar la realidad desde el podio del poder.

El próximo lunes, nos gusten o no los resultados de la elección, tendremos que convivir en diversidad y pensar, no en un futuro feliz o catastrófico, sino en el presente que no podemos eludir, en los problemas que no resuelven ni lemas, ni promesas ni ocurrencias.

Es penoso y desesperanzador constatar la mediocridad de una clase política que, lejos de ocuparse de problemas reales, acuciantes, ha perdido tiempo y energía en denostaciones, insultos y mentiras y contribuido a la degradación de la convivencia social. Como si la realidad no fuera ya escandalosa, también en la sociedad se han multiplicado mensajes mentirosos e historias falaces para descalificar a quien no se considera “diferente” sino “enemigo”.

Por eso habría que recordar que nuestra realidad es de por si escandalosa, violentamente insoportable e indeseable. Sobrevivir contra ella, para modificarla, requiere de aquello que las voces oficiales y los admiradores del “orden” han ido minando: la reflexión, la solidaridad y la organización ciudadana, la capacidad de ver los problemas de frente y de exigir un compromiso real para resolverlos.

No sólo el Ejecutivo y su partido son responsables del desastre; también los partidos políticos que lo han apoyado o que tampoco han buscado soluciones integrales ahí donde gobiernan o que ahora han postulado a sus “fieles”, a cartuchos quemados o a “estrellas” cuya lealtad o popularidad no garantiza capacidad para gobernar ni para aprobar leyes y presupuestos que inciden en la vida y el futuro de millones de personas (por no hablar de la lista de agresores que ni por error deberían poder postularse a un cargo público).

Quienes resulten electos o electas deberán preguntarse desde el lunes 7 qué país pretenden gobernar ¿el de la fantasía oficial, el del voluntarismo pragmatista, el del guión en blanco y negro? Ojalá después de festejar su triunfo, les caiga a unas y otros el peso de la responsabilidad y aprovechen los meses de transición para leer diagnósticos y cifras oficiales, reportajes de investigación y noticias cotidianas, y busquen conocer de cerca el día a día de personas comunes, fuera de la escenografía electoral. El país en que habrán de definir prioridades, leyes y presupuestos exige conocer el presente y pensar hacia el futuro, no en aspiraciones personales y afanes de grandeza.

Por sólo mencionar uno de los problemas urgentes, vivimos en un país con grados de violencia, crueldad e impunidad intolerables. A la violencia política actual se suman los asesinatos de periodistas, defensoras de Derechos Humanos y defensores del territorio. Siguen en aumento el feminicidio y las desapariciones que destruyen la vida de niñas y niños, adolescentes y jóvenes, sobre todo, como recién documentaron Pie de Página y Data Cívica.

Además, de la venta de niñas en comunidades indígenas, en centros turísticos y corredores industriales las propias familias, precarias, prostituyen a niñas y niños. Como reportaron esta semana varios medios, el Informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., ha documentado numerosos casos de abuso sexual infantil sistemático y organizado en escuelas públicas y privadas de diversos estados, que sigue impune. Aunque se dice que era “un secreto” pero más de uno sabía y calló, como recuerdan al leer el informe investigadoras que denunciaron casos de abuso en Tlalpan e Iztapalapa hace más de 20 y 10 años respectivamente (tema que retomaré en otro momento).

A todas estas violencias que requieren intervención legal y psicológica especializada, se añaden la violencia institucional de quienes minimizan violaciones y desapariciones y vacían de sentido las leyes, y la indiferencia de quienes optan por ser testigos mudos del horror.

Ante la actual crisis económica, de salud y de Derechos Humanos, urge cambiar de rumbo; urgen también una clase política responsable y con sentido ético, y una ciudadanía crítica, solidaria y exigente.