Hace unas semanas preguntaba ¿qué tan libres somos para expresarnos? me refería a las periodistas. FOTO: CIMAC NOTICIAS.

Hace unas semanas a propósito del Día Mundial por la Libertad de Prensa preguntaba ¿qué tan libres somos para expresarnos? me refería a las periodistas, entonces daba algunas señales del sexismo que enfrentamos. Hoy la brutal realidad nos rebasa.

La montaña a librar de la misoginia es grande, cuál será su tamaño que se transformó en #MiPrimeraAmenaza para visibilizar lo que las periodistas están viviendo.

Esta montaña se puede sintetizar en lo expresado el día de ayer miércoles por la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sobre la nueva definición de corrupción: fenómeno político que se alimenta del abuso de poder.

Y esto es lo que estamos viviendo las periodistas, un abuso de poder masculino- patriarcal que ha hecho de la violencia su política para someter a las mujeres libres.

Ninguna mujer tendría que ser atacada por el simple hecho de expresarse libremente, menos aún las periodistas que cumplen una función social fundamental para la democracia. Cualquier manifestación de odio e intolerancia machista ante la libertad de expresión de las mujeres es el recordatorio de las trabas que aún perviven en nuestra sociedad que impide el avance a la igualdad plena y debería de encontrar un rechazo masivo.

Independientemente de si coincidimos o no con las posturas o visiones de las periodistas, lo que debe prevalecer es el respeto a su derecho de decir lo que se piensan y en dado caso, debatir con argumentos.

La violencia que enfrentan hoy las periodistas debe leerse en el contexto de un clima polarizado, frente a un discurso misógino que se ha alimentado, también, desde la silla presidencial. Quieran o no reconocerlo, son responsables de echarle leña a la hoguera, cuando su tarea era apagar el incendio.

Desde la experiencia en la documentación de las agresiones contra mujeres periodistas, en CIMAC hemos mostrado la tendencia del sexismo y la misoginia encarnada en las agresiones contra ellas.

Y en los últimos cinco años hemos evidenciado cómo el espacio digital se ha convertido en un megáfono de las agresiones contra las periodistas, a quienes el expresar sus opiniones, les suele costar un sin número de descalificaciones, amenazas y campañas de desprestigio.

Los impactos de la violencia son brutales y también los hemos documentado. Atacar a mujeres tan visibles impacta desproporcionalmente a quienes hacen su trabajo cotidiano en muchos municipios donde el poder caciquil es brutal.

Lo que hoy están viviendo las periodistas debe prender las alertas y nos debe llevar a preguntarnos ¿quiénes ganan con la intimidación, a quiénes les beneficia apagar las voces críticas?

Quienes agreden buscan descalificar la labor de las periodistas a partir del género, atacando su sexualidad, amenazando con la violación a ellas o sus hijas, generando campañas de odio.

Ninguna de las agresiones que van dirigidas a las periodistas está ajena a esta tendencia misógina, que va en crecimiento, lo cual no sólo debe preocuparnos sino ocupar a las autoridades.

Los datos de las violencias contra ellas han estado a la vista y los impactos de estas agresiones también, sin embargo, las autoridades han sido omisas de esta condición de género.

30 por ciento de las personas periodistas que se encuentran en el Mecanismo de Protección de la Secretaria de Gobernación son mujeres, hasta ahora, pese a tener datos y una unidad para la prevención, no se ha llevado a cabo ninguna acción preventiva pese a la insistencia de la sociedad civil.

El sexismo misógino no tolera que las mujeres expresemos nuestro pensamiento libre públicamente, más cuando cuestionamos la práctica del poder político de los hombres, su respuesta al ejercicio de un derecho ha sido la violencia.

No debemos tolerar más periodistas asesinadas, ni amenazadas.

Para ello las autoridades deben hacer su trabajo, la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) debe investigar todas y cada una de las amenazas que reciben las periodistas desde su tarea informativa y con una perspectiva de igualdad de género, no desde la lógica burocrática de hacer como que se investiga, verdaderamente debe llegar a la sanción contra los perpetradores materiales e intelectuales.

No dejemos de preguntarnos quiénes ganan con la intimidación, a quiénes les beneficia apagar las voces críticas, a esos no hay que dejar que arrebaten lo que tanto nos ha costado conseguir a las mujeres, romper el silencio y tener una voz propia.