Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. FOTO: TWITTER/ @M_OlgaSCordero.

México, mayo (SEMlac).- El Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por la violación a las garantías judiciales derivada de la muerte de la defensora y abogada Digna Ochoa y Plácido y, por primera vez, México ha aceptado todas las pretensiones presentadas, entre ellas un Convenio de Reparación integral con 12 líneas de acción, como la reapertura de las investigaciones con enfoque de género.

En una audiencia pública celebrada los días 26 y 27 de abril pasado, en San José de Costa Rica, en el marco del 141 Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por la violación a su honra y dignidad, y la falta de una investigación con perspectiva de género.

La Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, refrendó el compromiso ineludible del Estado a favor de la defensa de los derechos humanos.

Muestra de ello es que, por primera vez, el Estado ha aceptado todas las pretensiones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un Informe de Fondo.

La aceptación de responsabilidad se reflejará con la consecución de un Convenio de Reparación Integral que será presentado a la representación de la familia de Digna Ochoa en días próximos, el cual contendrá 12 líneas de acción de conformidad con el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, como obligación y convicción del Gobierno de México, se acordó generar una ruta para reabrir la investigación y determinar las causas que llevaron a la muerte de la defensora Ochoa y Plácido, la cual incluirá diligencias con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género bajo estándares internacionales, contando con la participación de la familia y la de su representación legal.

La Secretaría de Gobernación admite la apertura y disposición de las personas víctimas y de su representación para generar un diálogo transparente a fin de avanzar con las medidas de reparación integral.

Asimismo, reconoce el trabajo de coordinación generado entre la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza los trabajos ante la Corte Interamericana, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a fin de concretar y reflejar contundentemente la política de derechos humanos del Estado mexicano.

El Gobierno de México reitera su compromiso con el Sistema Interamericano como herramienta complementaria para velar por el mejor interés de las personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

Digna Ochoa y Placido era defensora de los derechos humanos y fue asesinada el 19 de octubre de 2001 en la Ciudad de México.