Amnistía Internacional denuncia al gobierno por estigmatización y fuerza excesiva contra feministas en 2020

México, abril (SEMlac).- La violación a los derechos humanos en México no ha cesado; desde Palacio Nacional se estigmatiza a las feministas, se desestima el feminicidio y la violencia dentro de la familia, se ataca la libertad de expresión y se abusa con uso de fuerza excesiva para parar las protestas de mujeres y ambientalistas, con uso de gases con municiones; igual continuaron las detenciones arbitrarias y hechos de tortura, sostiene el informe 2021 de Amnistía Internacional (AI).

En dura descripción, señala que las mujeres han recibido, además, robo de teléfonos móviles y ataques físicos, psicológicos, sexuales y uso de gases, entre otras violaciones de derechos humanos. Los recortes presupuestales han significado reducción a programas y políticas a favor de las mujeres. La militarización nacional las pone en peligro, tanto como a la población migrante.

El informe afirma, igualmente, que la pandemia de covid-19 golpea con especial dureza a las personas atenazadas por la opresión, como consecuencia de las desigualdades, el abandono y los abusos sufridos durante décadas, profundizadas en el mundo y en México por la política de austeridad.

En el preámbulo del informe, de carácter mundial, Agnès Callamard, nueva secretaria general de Amnistía Internacional, señala que se ha puesto en evidencia el terrible legado de unas políticas deliberadamente divisivas y destructivas, que perpetuaron la desigualdad, la discriminación y la opresión y prepararon el terreno para la ruina causada por la covid-19.

El documento sobre la situación de los derechos humanos en el mundo abarca 149 países y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en esa materia en todo el mundo en 2020. La organización describe que los grupos que figuraban ya entre los más marginados, como las personas refugiadas y las mujeres, sufrieron las peores consecuencias de la pandemia por culpa de políticas discriminatorias aplicadas por decisión de los dirigentes mundiales que no han sabido responder a un mundo sumido en el caos.

México
Amnistía Internacional afirma que el gobierno reaccionó a la pandemia con recortes del gasto público en diversas áreas. El personal sanitario denunció que carecía de acceso a los equipos de protección individual y las prestaciones necesarias para garantizar un entorno laboral seguro. En este período aumentaron las denuncias de violencia contra las mujeres.

Las fuerzas de seguridad siguieron llevando a cabo detenciones arbitrarias y haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos.

Sobre las desapariciones forzadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador estigmatizó en diversas ocasiones a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, mientras minimizaba el problema de la violencia contra las mujeres.

La información oficial señala en 2021 que ya son más de dos millones de casos confirmados de covid-19. Pero en abril, hace un año, el gobierno aplicó políticas de austeridad a través de un decreto que recortaba el gasto público, salvo en programas que se consideraban prioritarios, como varios proyectos importantes de infraestructura.

AI señala los efectos nocivos de la disolución de varios fideicomisos públicos, entre ellos los de apoyo a la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos, y el cambio climático.

El gobierno desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores y continúan los homicidios ilegítimos.

Las desapariciones forzadas se mantienen y han sido cometidas por agentes del Estado, lo que sigue siendo motivo de preocupación, especialmente porque en 2020 hubo 6.957 casos de personas desaparecidas, muchas de mujeres y niñas.

Violencia contra mujeres y niñas
AI está preocupada porque en 2020 se denunciaron 3.752 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios. Los estados donde esto es más grave son el de México, que registró la mayor cifra absoluta de feminicidios, seguido de Veracruz. Los estados de Colima y Morelos presentaron las tasas más elevadas de feminicidio por cada 100.000 mujeres.

Las llamadas al número de teléfono de emergencias 911, para denunciar actos de violencia contra las mujeres, aumentaron durante el año, con 260.067 llamadas recibidas hasta diciembre, frente a un total de 197.693 en todo 2019.

Advierte y describe que, después de que se produjeran importantes protestas sociales, el gobierno desistió de aplicar medidas de austeridad que proponían recortes en el presupuesto para las Casas de Mujeres Indígenas y Afro mexicanas y para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, el Instituto Nacional de las Mujeres recortó en julio 75 por ciento (151 millones de pesos mexicanos/ 7.550.000 dólares) de su presupuesto operativo.

No obstante, el Presidente de la República seguía minimizando el problema de la violencia contra las mujeres, cuestionando la validez de las llamadas telefónicas realizadas a los servicios de emergencia para denunciar la violencia de género en el ámbito familiar y criticando las protestas de las mujeres contra los feminicidios.

Al terminar el año, no había ninguna señal de que las 21 declaraciones de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM) hubieran reducido la violencia de género.

Respecto de los derechos sexuales y reproductivos, AI alerta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó una orden que pretendía cambiar la legislación que criminalizaba el aborto en el estado de Veracruz.

En mayo, el Congreso del estado de Guanajuato rechazó un proyecto de ley para la despenalización del aborto en el estado.

Describe el informe que continuaron las amenazas y el hostigamiento contra personas que defendían los derechos humanos y, según datos de organizaciones de la sociedad civil, 24 personas defensoras fueron asesinadas.

La defensa de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas se hizo pública, sobre todo por el megaproyecto conocido como Tren Maya. Pero el Presidente reaccionó acusándolos públicamente de ser "falsos ambientalistas".

Seis relatores especiales de la ONU enviaron una carta al gobierno expresando una serie de motivos de preocupación sobre el proyecto del Tren Maya, algunos de ellos relacionados con el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y la salud, y también con las posibles consecuencias medioambientales del proyecto, pero nada se hizo.

Preocupan a AI los ataques a la libertad de expresión y de reunión, ya que continuaron las amenazas, el hostigamiento y los ataques contra las personas trabajadoras de medios de comunicación y, según los datos oficiales disponibles en noviembre, al menos 19 periodistas fueron asesinados durante el año.

Y también, dice AI, las noticias de que Notimex, la agencia de noticias estatal, esté involucrada en una campaña difamatoria contra varios periodistas y medios de comunicación que publicaban contenidos críticos hacia el gobierno, campaña que incluía una red de programas robot y cuentas falsas en las redes sociales supuestamente financiadas con fondos públicos.

Recoge AI una carta firmada por 650 periodistas e intelectuales, en septiembre, que acusó al Presidente de actuaciones que afectaban la libertad de expresión, incluidas una serie de declaraciones públicas que debilitaban a libertad de prensa, al favorecer un entorno propicio a la censura, sanciones administrativas y el uso indebido de la ley para intimidar a la prensa.

Manifestaciones feministas
En 2020, las mujeres llevaron a cabo en varias ciudades manifestaciones multitudinarias contra el feminicidio y otras formas de violencia de género.

En varios casos, la policía respondió empleando fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, robo de teléfonos móviles y ataques físicos, psicológicos y sexuales, entre otras violaciones de derechos humanos. Las autoridades estatales y federales también estigmatizaron en sus declaraciones públicas a las mujeres que se manifestaban.

Por ejemplo, en agosto, la policía de la ciudad de León (estado de Guanajuato) detuvo arbitrariamente a 22 mujeres y golpeó y agredió sexualmente a varias mujeres y niñas. En noviembre, la policía utilizó armas de fuego con munición viva en una serie de manifestaciones, en su mayor parte pacíficas, de mujeres que protestaban contra los feminicidios en Cancún.

Tortura
Dos policías del Estado de México fueron condenados a siete años de prisión por utilizar la tortura para obtener confesiones falsas de tres mujeres sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya en 2014.

La sobreviviente de tortura sexual Mónica Esparza fue excarcelada en marzo, más de siete años después de que fuera detenida arbitrariamente y torturada por la policía en la ciudad de Torreón (estado de Coahuila). Fue absuelta de los cargos basados en confesiones falsas obtenidas mediante tortura, pero ningún agente había sido acusado de los delitos cometidos contra ella.

Preocupa que, al comenzar el año, agentes de la Guardia Nacional utilizaron gas lacrimógeno durante una operación para detener a centenares de migrantes que atravesaron la frontera sur de México y, en marzo, arrastraron y golpearon a migrantes que participaban en una protesta que se celebró en un centro de detención de migrantes en Tapachula.

También en marzo, un solicitante de asilo guatemalteco murió después que una protesta de migrantes detenidos que exigían ser liberados, derivara en un incendio en el centro de detención de Tenosique. Preocupa a AI la falta de transparencia y las deportaciones.

También señalan varias personas trabajadoras de la salud que personal de ese sector expresó su preocupación por las contrataciones irregulares y la falta de subsidio por enfermedad y otras prestaciones, lo que en ocasiones les acarreó represalias.

El mundo
AI afirma que nos enfrentamos a un mundo sumido en el caos. A estas alturas de la pandemia, hasta los dirigentes más ilusos tendrían dificultades para negar que nuestros sistemas sociales, económicos y políticos se han desmoronado.

Sostiene que la pandemia ha amplificado decenios de desigualdad y desgaste de los servicios públicos. El informe de Amnistía pone de manifiesto que, como consecuencia de las desigualdades generadas por un liderazgo tóxico ejercido durante decenios, la pandemia afectó de manera desproporcionada a las mujeres, las poblaciones refugiadas, las personas de edad avanzada y las minorías étnicas.

La covid-19 empeoró la ya precaria situación de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en muchos países, dejándolas en algunos casos atrapadas en miserables campos de acogida, interrumpiendo suministros vitales o provocando controles fronterizos que dejaron a muchas abandonadas a su suerte.

El informe subraya el acusado aumento de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, en el contexto del cual muchas mujeres y personas LGBTI tuvieron que afrontar mayores obstáculos para recibir protección y apoyo, debido a las restricciones de la libertad de circulación, la falta de mecanismos confidenciales que permitieran a las víctimas denunciar la violencia mientras estaban aisladas con sus maltratadores, y la capacidad reducida o suspensión de los servicios.

Quienes trabajaban en primera línea frente a la pandemia -el personal sanitario y del sector informal- sufrieron las consecuencias de unos sistemas de salud deliberadamente desatendidos y medidas pésimas de protección social.

En Bangladesh, muchas personas que trabajaban en el sector informal se quedaron sin ingresos o sin prestaciones sociales debido a los confinamientos y toques de queda. En Nicaragua, a principios de junio, se despidió en solo dos semanas al menos a 16 profesionales de la salud que habían expresado su preocupación ante la falta de equipos de protección individual y la respuesta del Estado a la pandemia.

Y dice, al final de la introducción, Agnès Callamard: "Hemos visto toda clase de respuestas de nuestros dirigentes, tanto mediocres como engañosas, egoístas y falaces. Algunos han intentado normalizar las autoritarias medidas de emergencia que han adoptado para combatir la covid-19, mientras que una cepa especialmente virulenta de líderes ha ido aún más allá y ha visto en la pandemia una oportunidad para afianzar su poder. En lugar de apoyar y proteger a la población, se han limitado a instrumentalizar la pandemia para socavar gravemente sus derechos".

"Nos encontramos en una encrucijada. Debemos romper las ataduras que degradan la dignidad humana. Debemos pulsar el botón de reinicio para construir un mundo basado en la igualdad, los derechos humanos y la humanidad. Debemos aprender de la pandemia y aunar esfuerzos con valentía y creatividad para conseguir que todas las personas sean tratadas en pie de igualdad."