Querétaro, 1 Abril 2021.- La diputada en Querétaro por el Partido Morena, Martha Fabiola Larrondo Montes, presentó ante la LIX Legislatura local una iniciativa de ley que reforma el artículo 2208 del Código Civil del estado, con el fin de que en los casos de ventas judiciales, subastas o remates se tome en cuenta el avalúo catastral del estado para la adjudicación de los bienes inmuebles.
Lo anterior, para efecto de lograr una mayor agilidad en los procesos, mayor seguridad jurídica sobre el valor del bien y una reducción en los gastos del proceso jurisdiccional.
Indicó que actualmente, las partes que están involucradas en un proceso jurisdiccional deben presentar un avalúo del inmueble en cuestión, cada uno, lo cual genera discordancias entre sí, según los intereses de las partes.
Por esta situación, la solución es que se ordena la contratación de un tercer perito valuador para dirimir la controversia; por lo que surgen gastos innecesarios y vuelven el proceso mucho más tardado, argumentó la legisladora.
“Se propone tomar en cuenta el valor del inmueble de acuerdo al valor de catastro con el que ya cuenta el gobierno del estado previamente. La razón de ser de ésta iniciativa, es que en la práctica se vuelve un verdadero problema económico, y hace que la justicia no sea gratuita, dados los altos cobros que realizan los peritos valuadores en el momento de los juicios”, sostuvo.
De esta manera, el artículo quedaría como sigue: “Las ventas judiciales en almoneda, subasta o remate públicos, se regirán por las disposiciones de este Título, en cuanto a la substancia del contrato y a las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor, con las modificaciones que se expresan en este Capítulo.
En cuanto a los términos y condiciones en que hayan de verificarse. Entendiéndose como el valor de bienes inmuebles para efecto de las ventas judiciales, el que señale la Oficina Catastral correspondiente a la ubicación del bien inmueble”.
Larrondo Montes destacó que este cambio al código civil abonaría a la sensibilidad por la situación económica que se vive derivado de la pandemia por COVID-19.
Lo anterior, para efecto de lograr una mayor agilidad en los procesos, mayor seguridad jurídica sobre el valor del bien y una reducción en los gastos del proceso jurisdiccional.
Indicó que actualmente, las partes que están involucradas en un proceso jurisdiccional deben presentar un avalúo del inmueble en cuestión, cada uno, lo cual genera discordancias entre sí, según los intereses de las partes.
Por esta situación, la solución es que se ordena la contratación de un tercer perito valuador para dirimir la controversia; por lo que surgen gastos innecesarios y vuelven el proceso mucho más tardado, argumentó la legisladora.
“Se propone tomar en cuenta el valor del inmueble de acuerdo al valor de catastro con el que ya cuenta el gobierno del estado previamente. La razón de ser de ésta iniciativa, es que en la práctica se vuelve un verdadero problema económico, y hace que la justicia no sea gratuita, dados los altos cobros que realizan los peritos valuadores en el momento de los juicios”, sostuvo.
De esta manera, el artículo quedaría como sigue: “Las ventas judiciales en almoneda, subasta o remate públicos, se regirán por las disposiciones de este Título, en cuanto a la substancia del contrato y a las obligaciones y derechos del comprador y del vendedor, con las modificaciones que se expresan en este Capítulo.
En cuanto a los términos y condiciones en que hayan de verificarse. Entendiéndose como el valor de bienes inmuebles para efecto de las ventas judiciales, el que señale la Oficina Catastral correspondiente a la ubicación del bien inmueble”.
Larrondo Montes destacó que este cambio al código civil abonaría a la sensibilidad por la situación económica que se vive derivado de la pandemia por COVID-19.