La idea del uso del cuerpo de la mujer está ahí. La mujer es un cuerpo que puede usarse. Tengo la rabia dentro, y mi literatura es así porque la siento todo el tiempo, y cualquier mujer que no tenga la rabia dentro no es consciente de la violencia que sufre cada día. Todo lo que aún hay por contar sobre un mundo que sigue siendo “un mundo negado”.

Cristina Fallarás

La desigualdad de los ingresos laborales entre mujeres y hombres ocupados es de 856.52 pesos, esto implica un incremento de 162.17 pesos, respecto al tercer trimestre de 2020. Además hay una diferencia de 22.7 por ciento entre el ingreso promedio de las mujeres versus masculino, en el 4to trimestre del año anterior, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su informe referente al índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP) al cuarto trimestre de 2020.

Luego entonces el crecimiento de la pobreza laboral que refiere este informe afecta mucho más el universo femenino. En general la pobreza laboral (porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria), aumentó de 37.3 a 40.7 por ciento. Falta sumar la poblacion desempleada tambien en condición de pobreza, mayormente mujeres.

Este panorama de violencia que se ejerce contra las mujeres: económica o de cualquier otra índole es violencia “naturalizada”, al extremo de proponer y defender la candidatura de un violador, además éste es impresentable por donde se le vea, porque el fin justifica los medios, aunque “este fin” implique un gravisimo atropello a los más elementales Derechos Humanos de las personas, en este caso de la mujeres.

Para las trabajadoras el poco acceso a los servicios de salud está disminuyendo, en momentos de crisis por pandemia. Según Coneval entre el cuarto trimestre 2019 y el de 2020 se observan disminuciones en la población ocupada con acceso a los servicios de salud por prestación laboral, según sector económico, por ejemplo; en restaurantes y servicios de alojamiento se presenta una reducción anual del 22.9 por ciento mientras que en servicios diversos de 9.9 por ciento, ambos nichos laborales femeninos.

Regionalmente los estados más afectados por esta pobreza laboral (las pocas personas que tienen empleo) son: Quintana Rooo, cuya principal actividad es el turismo que padece graves efectos por la pandemia, registra un aumento de 14.7 en pobreza; seguida de Tabasco y Ciudad de México con 10.4 por ciento.

Pero no es lo único, durante el mes de enero de este año 9 de cada diez desempleadas fueron mujeres (ENOE-Inegi). Y por cierto, de las más de cinco mil horas de trabajo anual no remunerado en salud, 68.5 por ciento se realizó dentro de los hogares, obvio descansó en manos de mujeres (Gabriel Ríos Cázares, Cuidados especializados: cadenas para generar bienestar. Nexos, feb/28/2021).

La lista es interminable, se refuerzan dos aspectos centrales: el efecto tan fuerte que tiene en el país la doble crisis (económica y de saud), y los efectos tan agresivos de esas crisis para las mujeres, una sobreexplotación que eufemísticamente se llama “brecha de género”.

Aquí coinciden organismos internacionales, instituciones académicas globales y nacionales. Por supuesto la situacion exige y demuestra el rol transformador de los movimientos feministas.

La evidencia empírica demuestra que la llamada “economía de mercado” ni sabe, ni puede con el paquete, no solo eso, muchos de los problemas que hoy se han agudizado provienen de ese libre mercado, con una ausencia paulatina de la presencia activa de los Estados nacionales, es el caso de México. El mejor ejemplo es la problemática internacional de salud, en parte producto del desmantelamiento de la Seguridad Social.

Ante esta situacion es urgente, indispensable, actuar con medidas inmediatas a través de políticas públicas; un giro radical en el gasto social y en la poitica de ingresos, sumado a un serio esfuerzo inclusivo y de igualdad sustantiva. Construir y reconstruir, renovar todo aquello que pueda proporcionar un bienestar social; un andamiaje de cuidados para el apoyo imprescindible de las mujeres y de la niñez, porque ahí está la clave de la recuperación nacional y global.

En esa misma línea se ubica la propuesta de reconstruir y ampliar un estado de bienestar. Incluye seis componentes principales que se ilustran en la gráfica siguiente, con un cálculo estimado del gasto requerido para convertirlo en una realidad.

Se parte de inversión en infraestructura e insumos para alcanzar servicios de calidad para todos −pues cuando éstos varían según la región geográfica, es imposible combatir la pobreza y la desigualdad−. El primer componente consiste en infraestructura e insumos en educación

  1. Una inversión similar en salud
  2. Un sistema de seguridad social universal no dependiente de la condición formal o informal de los trabajadores
  3. Un mecanismo de protección ante el desempleo
  4. Un sistema de servicios de cuidado y desarrollo infantil, también público y de calidad.
  5. Un seguro de desempleo
  6. Y por último, se orienta al bienestar de personas en edad vulnerable: los niños de cero a tres años y los adultos mayores a partir de los 70; para atenderlos, sugerimos que reciban transferencias monetarias universales.

Los componentes de la propuesta refieren a áreas centrales de política pública con alta incidencia en el bienestar social. Son datos del estudio: “Hacia un Estado de Bienestar para México, Colmex, Centro de Estudios Internacionales (CEI); Centro de Estudios Económicos (CEE) y Red de Estudios sobre Desigualdades, Colmex (Colegio de México).

El costo de este nuevo sistema es asequible. Los cálculos indican que este gasto social adicional ronda 4.7 por ciento del PIB (veáse gráfica). En varios casos, estas medidas reflejan una visión del Estado de bienestar no como una carga onerosa, sino como un activo indispensable para amortiguar los efectos de las crisis y los sucesos imprevistos.

Respecto a los demás miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el último lugar en el gasto asignado a programas de bienestar social. Se destina 7.7 por ciento del PIB, mientras que la media entre los países miembros de la OCDE fue de 19 por ciento.

Esta diferencia se hace más notoria y profunda cuando se amplía el periodo de comparación para abarcar los años entre 2005 y 2015. En este caso, México tuvo el menor gasto: debajo del 8 por ciento del PIB.

Toda propuesta que contribuya en forma positiva a la solución de esta crisis debe verse con atención y tomar de ella lo necesario, o dicho de otra manera lo factible y valioso para la recuperación de las mujeres. Lo que permita salir de este mundo negado, que incluye un derecho al bienestar y a una mejor calidad de vida, con pleno uso de sus derechos.

PD.

Reducción de las pensiones. Desde el sexenio anterior se cometió la tropelía de calcular los aumentos anuales de las pensiones con los de las UMAS -es la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago- no en relación a los salarios mínimos y sus incrementos.

Bueno, ampliando la ilegalidad también se pretende estimar el monto de las pensiones con la misma premisa, UMAS. Ambos casos provocan una drástica reducción de las pensiones. Como bien afirma Jorge Viveros Reyes “se debe establecer que los derechos laborales, entre ellos los de seguridad social, deben pagarse con salarios, NO CON UMAS”.