El Estado mexicano incumplió con las recomendaciones del Comité de la CEDAW al presentar en su informe de término medio pocos avances. FOTO: CIMAC NOTICIAS.

Ciudad de México.– El Estado mexicano incumplió con las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) al presentar en su informe de término medio pocos avances, con información inconclusa y con retraso, aseguraron organizaciones que elaboraron un “Informe sombra” que recoge datos recabadas por ellas.

Este Informe Sombra fue elaborado por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y las integrantes de la Red Nacional de Alertistas, conformada por solicitantes y promoventes de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 17 entidades del país.

El Informe deriva de que en 2018, el Comité CEDAW evaluó y emitió recomendaciones puntuales a México por no prevenir ni atender la violencia contra las mujeres. Dada la gravedad de la situación, el Comité pidió entonces al Estado mexicano que entregara en julio de 2020 un informe de “medio tiempo” para reportar sus avances, el cual se entregó en septiembre de ese año.

No obstante, “El Estado mexicano incumple con las recomendaciones del Comité CEDAW al presentar pocos avances, con información inconclusa y con retraso en las recomendaciones de 2018”, sentenció hoy la integrante de la Red Nacional de Alertistas, Silvia Adelina Nava Nava, al presentar el Informe Sombra.

Entre lo que encontraron las organizaciones, México incumple “en completar una ruta y contenido de la homologación del tipo penal de feminicidio, al no lograr un acuerdo con los congresos locales; en tanto, la tipificación actual del feminicidio sigue sin otorgar certeza jurídica a las víctimas; no existe monitoreo ni seguimiento en la eficacia del tipo penal de feminicidio, por lo que no hay resultados confiables”, que es uno de los aspectos puntuales que observó la CEDAW en 2018, explicó Nava Nava.

En concreto, la recomendación 24C, relativa a la tipificación del feminicidio y la homologación del protocolo de investigación policial, quedó incumplida por: asimetrías legislativas; dificultad en la reclasificación de homicidios dolosos como feminicidio; resistencias de las fiscalías y juzgados penales a clasificar las muertes violentas de mujeres como feminicidio; casos de mujeres asesinadas con violencia y relacionadas con el crimen organizado no son consideradas como feminicidio; falta de capacitación con perspectiva de género para el funcionariado público; considerar los suicidios e infanticidios en las investigaciones por feminicidio; revictimización de las familias de víctimas; no se investiga ni se registra el delito de tentativa de feminicidio; los operadores jurídicos no están obligados a acreditar las denuncias previas de violencia; existe una centralización de las fiscalías especializadas y ministerios públicos.

En este tema, la también integrante de la Red Nacional de Alertistas, Adriana Lecona Escartín, precisó que no existe evidencia de que, como informó el Estado mexicano en agosto a la CEDAW, haya una propuesta de reforma legal para estandarizar el tipo penal de feminicidio; y que las discusiones en el Congreso no han derivado en resultados. Sobre el protocolo de investigación, el Estado mexicano aseguró que existen protocolos nacionales de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio y violación sexual pero que no han sido actualizados desde hace 6 años, observaron.

En el caso de los protocolos de la Alerta Amber y el Protocolo Ambar para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, –que fue otra observación puntual de la CEDAW– Carmen Nava, también integrante de la RNA, explicó que los principales obstáculos para su aplicación son: la activación de las fichas de búsqueda tarda hasta 72 horas; falta de difusión en las primeras 24 horas por las instituciones; falta de actualización y seguimiento a las investigaciones; no existen campañas de información sobre la activación de los protocolos; y existe una revictimización y estigmatización de las víctimas.

La defensora también señaló que estos protocolos fallan en el acceso a la información sobre el seguimiento de las búsquedas de las niñas y mujeres desaparecidas; las activaciones no son clasificadas adecuadamente y no se investigan; no hay capacitación y sensibilización de las y los operadores de dichos instrumentos; no hay coordinación en la aplicación efectiva de los mecanismos; no todas las entidades federativas cuentan con protocolos para mitigar la desaparición, y donde existen la aplicación no es eficaz.

Por otro lado, en el caso del mecanismo de las Alertas de Violencia de Género para las Mujeres (AVGM), –una de las principales recomendaciones de la CEDAW– la defensora Yolanda Garmendia Mercedes, de Quintana Roo, informó que el Estado mexicano incumplió en garantizar una utilización amplia y armonizada de este mecanismo, ya que no existe una coordinación efectiva en los tres órdenes de gobierno, hay una nula participación de los municipios, y no hay una norma o sanción contra el funcionariado por incumplir con las recomendaciones que derivan de las Alertas.

A esto se suma que en la mayoría de las entidades no existe una armonización entre los programas y sistemas para la prevención de la violencia, no existe un mecanismo para dar continuidad a las acciones y programas una vez que hay transiciones de gobierno, se desconoce los grupos de trabajo que investigaron la situación de violencia feminicida en las entidades; y que las organizaciones civiles promoventes están totalmente marginadas de los procesos de las AVG.

En el caso específico de la víctima de feminicidio en 2012 Pilar Arguello Trujillo –al que se refirió de manera particular la CEDAW–, la defensora Adriana Fuentes, de Veracruz, explicó que la Fiscalía General de Veracruz ha ordenado distintos peritajes y diligencias pero aún no se ha informado cómo el resultado y los aportes de esas investigaciones han otorgado el esclarecimiento del caso, ni las pruebas que faltan por recabar. El Estado aún debe señalar un plazo razonable para conocer esta información.

Las organizaciones también encontraron que actualmente no existe un programa dirigido a las víctimas directas, huérfanas y huérfanos por feminicidio.

La Coordinadora de la Cátedra UNESO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gloria Ramírez Hernández, explicó que este informe se elaboró tras recoger en conversatorios, informes y entrevistas, la información que aportaron las “voces de terreno”, es decir, las organizaciones, colectivos, familiares y víctimas que han recurrido o han seguido de cerca el avance de los mecanismos que fueron evaluados.

Por todo esto, las organizaciones presentaron recomendaciones puntuales a México para atender cada una de las observaciones que aún tiene pendiente de cumplimiento con el Comité CEDAW.