Organizaciones en contra de Ley que limita protestas sociales en Querétaro

25 de Febrero de 2021
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Querétaro, 25 Febrero 2021.- La Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto y el Frente Independiente de Organizaciones Sociales, se mostraron en contra de la criminalización de la protesta social y el ejercicio de los derechos humanos, que limita la Ley Garrote en el estado de Querétaro

Con base en un comunicado redactado por varias organizaciones civiles, Pablo Héctor González Loyola, reiteró que las correcciones que le realizaron a la Ley son un cambio “superficial que no cambia el carácter violatorio de los derechos humanos”.

El pasado 18 de Febrero en la Quincuagésima Legislatura del Estado de Querétaro hicieron modificaciones al Código Penal en el cual realizaron cambios a la reforma, la cual fueaprobada por segunda ocasión por los mismos partidos de la legislatura que realizaron la iniciativa de Ley.

La Ley Garrote fue el resultado de unainiciativa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el estado de Querétaro, la cual fue aprobada en compañía del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México, Encuentro Social y Querétaro Independiente, mientras que el grupo parlamentario de Morena se posicionó en contra.

Mencionó que con base en el pronunciamiento de varias organizaciones resaltaron que a pesar de laimpugnación en la reforma prevalece la acción de inconstitucionalidad y hasta el momento ha sido obsoleta ley porque no ha contribuido a la mitigación del Covid 19 ni a la inhibición de las conductas.

González Loyola, aclaró que la modificación de la norma por la vía constitucional “no se extingue con una modificación posterior realizada por la legislatura señalada como responsable” lo cual está establecidoen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la nación y en las tesis de jurisprudencia.

Por lo tanto, endefensa de la Constitución Política y los Derechos Humanos fundamentales de “quienes integramos el pueblo de Querétaro”, González Loyola mencionó que prevalece la acción de inconstitucionalidad ya formulada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.