Integrantes del Colectivo Juntas se presentaron a las afueras de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales, Violencia Familiar y en Agravio del Menor número 4 del estado de Querétaro.

Querétaro, 26 Enero 2021.- Integrantes del Colectivo Juntas y el Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos, se presentaron a las afueras de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales, Violencia Familiar y en Agravio del Menor número 4 del estado de Querétaro, acompañando a la joven Gabriela, quien acusó negligencias y revictimización, así como la violencia institucional que argumentan, han vivido ella y cientos de víctimas en su derecho al acceso a la justicia.

La joven afectada Gabriela, puntualizó que desde 2017 interpuso una denuncia en esta misma instancia, debido a las agresiones sexuales ejercidas por su expareja, quien laboró en Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

Argumentó violencia en contra de su persona y sus menores hijos; de forma verbal, física, psicológica y económica; y que ha recibido amenazas de muerte por parte de su agresor.

Afirmó que el denunciado quemó un auto de su propiedad; la amenazó con un arma, la sacó del camino en la carretera y sustrajo a sus hijos en dos ocasiones, hechos por los que inició hasta tres denuncias.

Además, argumentó que su hija de tres años manifestó infecciones genitales y haber sido lastimada en su zona íntima, durante las convivencias con su padre; situaciones que también fueron denunciadas y comprobadas por estudios médicos y la organización Corazones Mágicos.

Dichas agresiones sexuales, puntualizó, se dieron en el Centro de Convivencias Familiares, por lo que se hizo una denuncia en contra de esta instancia, la cual indicó que fue archivada.

Sin embargo, Gabriela comentó que por el cargo que ocupó en el servicio público durante seis años, se tienen pruebas de un posible filtración de información e influyentismo en beneficio del agresor, en el manejo de la investigación.

Al respecto, aseguró que se le retiraron las medidas de protección emitidas para ella y sus hijos; y tras cuatro años, al día de hoy no se han emitido sanciones ante tales acusaciones.

“Quiero que mis menores hijos y yo vivamos una vida tranquila y libre de violencia, sin ser continuamente violentados por las autoridades al ser expuestos a vivir con un agresor; asimismo, quiero vivir sin medio, sin el peligro de vivir asesinada por una persona que ha puesto en peligro mi integridad y las amenazas con matarme”, expuso.

Por su parte, las activistas del Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos y del Colectivo Juntas adelantaron que presentarán una denuncia ante la Defensoría de los Derechos Humanos contra la Fiscalía General del estado.

Aseguró que cuentan con al menos 30 casos similares a este tema, en donde se obliga a las víctimas a negociar y llegar a acuerdos con los agresores.