Tania Palacios Kuri, admitió que se han detenido los procesos de reglamentación para ejecutar la Ley sobre la prohibición del arrojo y abandono de Colillas de Cigarro.

Querétaro, 5 Enero 2021.- La diputada en Querétaro por el Partido Acción Nacional, Tania Palacios Kuri, admitió que debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, se han detenido los procesos de reglamentación para ejecutar la Ley sobre la prohibición del arrojo y abandono de Colillas de Cigarro.

La legisladora puntualizó que todos los municipios del estado han sido notificados de esta iniciativa aprobada por la LIX Legislatura local en octubre de 2019; y que han mostrado la voluntad para hacerla realidad.

“La verdad es que ha sido un camino que tiene ciertas fases para poder llegar ya a una ejecución plena y total. Con la pandemia, efectivamente hay muchos proceso administrativos que se han detenido”, manifestó.

Precisó que en los ayuntamientos más importantes, como son Querétaro y Corregidora, existen ya los reglamentos; mientras que en el resto de los municipios se tienen avances, pero aún sin consolidarse.

Al respecto, Tania Palacios aseguró que solicitará a esos municipios la información y los números sobre dicha normativa; pues dijo desconocer al momento cuántas sanciones se han aplicado.

“Estaríamos solicitando más adelante información para poder conocer los datos específicos de los números recaudados sobre ya la materialización de esta reglamentación. Al momento, no tengo información sobre las personas que se han sancionado o las que han sido reincidentes”, relató.

La diputada también sugirió que se tomen en cuenta en los presupuestos de egresos recursos que permitan la aplicación de esta Ley Anticolillas, por ejemplo, en la colocación de contenedores de colillas, señalética en áreas de fumar, entre otras características.

Esta reforma a la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos en el Estado de Querétaro, tipifica el arrojo y abandono de colillas de cigarro, así como la reincidencia, como conducta sancionable.

La multa establecida en la normativa es de 35 a 350 días de salario mínimo vigente en el estado, aunado a trabajo comunitario en favor del medio ambiente.