Carlos Alvarado, Presidente de Costa Rica. FOTO: EFE/Jeffrey Arguedas.

San José, 27 oct (EFE).- La aprobación en el Congreso de Costa Rica la semana pasada de una polémica ley que rehabilita la pesca con redes de arrastre pone en una encrucijada al presidente Carlos Alvarado, entre la oportunidad de generar empleos en tiempos de crisis o vetar la ley por sus impactos ambientales, como se lo exigen diversos sectores.

Organizaciones y hasta influyentes medios de comunicación del país han expresado su oposición a la pesca de arrastre y le han recordado al presidente Alvarado que durante la campaña política manifestó que nunca estaría de acuerdo con esa actividad.

En redes sociales se ha popularizado una publicación de Alvarado cuando era candidato en la que expresó su oposición a este tipo de pesca, pero ahora su ministro de Comunicación, Agustín Castro, ha dicho que el asunto está en análisis para tomar una decisión.

¿QUÉ ES LA PESCA DE ARRASTRE?
La pesca de arrastre, utilizada principalmente para la captura de camarón, es una práctica rechazada por los sectores ambientalistas y pescadores artesanales debido a su impacto en el suelo marino y porque captura otras especies.

La organización ambientalista MarViva la define como “el remolque de una red de grandes dimensiones sobre el fondo marino” que “captura muchas otras especies que no constituyen el objetivo principal de la actividad, incluyendo peces de interés comercial y no comercial, tiburones, tortugas, moluscos, crustáceos, erizos, estrellas de mar y otros invertebrados”.

“Esta red tiene portalones sujetos a la boca de la misma, los cuales al ser jalados abren el arte y permiten la captura de organismos marinos. En la parte inferior de la red van sujetas cadenas y pesos que actúan como un lastre que barre el fondo marino y mantienen la red pegada a este”, explicó MarViva.

Esta pesca estuvo prohibida en Costa Rica desde el 2013 debido a un fallo de la Sala Constitucional que consideró que atenta contra el ambiente.

Sin embargo, otro fallo reciente de la Sala no encontró vicios de inconstitucionalidad en la ley que rehabilita esta actividad, pues un estudio del estatal Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, cuestionados por las organizaciones ambientalistas, indica que la utilización de mecanismos para reducir la pesca incidental son efectivos.

RECHAZO DENTRO DEL MISMO GOBIERNO
La fracción legislativa del oficialista Partido Acción Ciudadana y diputados de otros partidos votaron en contra de la “Ley aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica”, pero no fue suficiente y finalmente fue aprobada el pasado 22 de octubre con 28 votos a favor y 18 en contra.

Al día siguiente, la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, lamentó “la ausencia de un sustento científico robusto para autorizar una actividad que pondrá en riesgo la biodiversidad marina y limita la oportunidad de una recuperación económica sostenible a los pescadores artesanales”.

Según este Ministerio, la pesca de arrastre “no abrirá el camino al desarrollo económico de las costas y por el contrario genera mayor presión en ecosistemas y recursos ya sobreexplotados, o en especies en peligro de extinción”.

Más de 100 organizaciones ambientalistas publicaron una carta abierta en los medios en la que exigen al presidente vetar la ley, mientras que un grupo de ocho diputados envió una carta al mandatario solicitando lo mismo.

Una vez que la ley llegue a manos del presidente Alvarado, él tendrá 10 días para decidir si la veta. El Congreso aún no ha remitido el texto al mandatario.

La iniciativa establece que las redes de arrastre deben contar con dispositivos excluidores de peces y tortugas, ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de acompañamiento.

Además, se prohíbe la pesca de camarón con redes de arrastre en los esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquier otra área delimitada por las autoridades.

EMPLEO EN TIEMPOS DE CRISIS
Según los que apoyan la iniciativa, el objetivo es dar solución a los problemas sociales, económicos y ambientales en las zonas costeras, que son de las más pobres del país, y cuya situación se ha agravado con la pandemia de la covid-19.

La diputada del bloque Nueva República (evangélico), Carman Chan, una de las principales defensoras de esta ley, aseguró que este tipo de pesca “se debe regular y nunca prohibir” y que una pesca de camarón “responsable, sostenible y eficiente” es posible.

Según Chan, solo en la provincia de Puntarenas, en la costa del Pacífico, hay 132.000 personas desempleadas, y la pesca es una oportunidad para reducir esa cifra.

Durante la pandemia de la covid-19 el desempleo en Costa Rica se duplicó y se ubica en alrededor del 24 %.