Francisco Domínguez, garantizó que terminará su sexenio en el 2021 y que no buscará contender por un cargo de elección popular en el próximo proceso electoral. FOTO: TWITTER @PanchDominguez.

Querétaro, 23 Septiembre 2020.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, garantizó que terminará su sexenio en el 2021 y que no buscará contender por un cargo de elección popular en el próximo proceso electoral.

Esto luego de que se especulaba que podría buscar una diputación federal por el Partido Acción Nacional (PAN).

“(¿Piensa participar en el proceso electoral del 21?) No, el único puesto que voy a terminar al 100 por ciento”, afirmó.

En ese sentido, descartó tener intenciones de participar en los comicios del 2021 para buscar algún cargo de elección popular.

Por lo que, garantizó que su cargo de gobernador lo cumplirá al cien por ciento hasta concluir su administración el 30 de septiembre del próximo año.

En otro tema, Domínguez Servién, pidió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Santiago Nieto Castillo, que demuestre con hechos el supuesto lavado de dinero de grupos delictivos en Querétaro.

Esto luego de que el funcionario federal reveló que en Querétaro descubrieron la actividad delictiva de lavado de dinero vinculado con dos carteles.

Por ello, enfatizó que Santiago Nieto deberá demostrar con hechos y no con palabras, las supuestas investigaciones por lavado de dinero de dos grupos delictivos en el estado.

“Que lo demuestre con hechos, no con palabras”, enfatizó.

En cuanto a su quinto informe de gobierno que será este domingo, el mandatario estatal, recalcó que se tiene un Querétaro consolidado, en relación a hace cinco años.

“Un Querétaro mucho mejor que hace cinco años, el domingo por ley daré cuenta a las queretanas y a los queretanos”, concluyó.

Estado debe asumir su responsabilidad
La investigadora de temas presupuestarios, Dayra Valle, señaló que las mujeres rurales enfrentan una serie de obstáculos para la subsistencia en sus comunidades, los cuales se agravaron por la llegada del COVID-19 en marzo pasado a Nicaragua.

Entre las dificultades que enfrentan está el acceso a crédito, debido a que las propiedades en su mayoría están a nombre de los hombres y en peores casos en muchas comunidades las mujeres y sus parejas no tienen tierra propia, tampoco acceden a capacitación técnica, sumado a los roles de madres o compañeras de vida, lo que les incrementa el trabajo no remunerado en sus hogares, explicó Valle.

El Estado debería cumplir su rol de facilitador y garantizar ciertas condiciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el campo, además de implementar programas sociales para apoyar a las mujeres productoras.

El Coronavirus afectó a las mujeres que se tuvieron que aislar en sus comunidades para protegerse, en otros casos las que lograron producir como ocurrió en occidente y otras partes del país, tienen problemas de comercialización, es allí donde el Estado debería estar presente para presentar un programa social o un fondo de recuperación, pero hasta ahora no se conoce ninguno, explicó Valle.

De acuerdo al último censo del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) realizado en 2007, en Nicaragua existen al menos 1 millón 100 mil mujeres rurales.

En tanto un estudio de la CMR presentado en febrero pasado, encontró que las mujeres rurales enfrentan al menos 13 tipos de problemas directos e indirectos que están provocando el desalojo voluntario de sus comunidades.

Selmira Flores, autora del estudio, explicó que las mujeres en occidente tienen problemas de salud, debido a que sus comunidades están quedando aisladas en medio de cultivos de caña de azúcar, lo que les provoca humo por la quema de la caña, cenizas, contaminación en el aire por las fumigaciones y en las fuentes de agua.

Los alquileres de la tierra se han incrementado, porque algunos las han vendido a los productores de caña, otros las alquilan a buena paga hasta por 5 años, y allí es donde se da el desalojo voluntario, la gente siente que ya no puede vivir en medio de problemas ambientales y con los elevados costos de alquileres de tierra para sembrar sus alimentos.

“Entonces hay un desalojo voluntario, si la caña sigue expandiéndose como va, las familias se tienen que ir, la gente tiene que migrar, porque las áreas que estaban en manos de la pequeña producción de granos, frutas y verduras, poco a poco se convierten en áreas de cañas, hay personas que rentan sus tierras para eso”, dijo Selmira.

El estudio realizado por Selmira, recomienda el diálogo permanente entre las mujeres rurales, los productores de caña y las autoridades.

Existen las Unidades ambientales en las alcaldías municipales, por lo cual debería haber más diálogo con las comunidades para buscar alternativas ante esta problemática que afecta a las mujeres rurales.