La CEDAW, firmada por gobiernos en 1979 obligó a los gobiernos a poner en sus políticas públicas todos los instrumentos necesarios para la igualdad de género. FOTO: CANVA/ILUSTRATIVA.

México, septiembre (SEMlac).- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), firmada por los gobiernos en 1979 y ratificada por 189 en 1981, incluido México, obligó a los gobiernos a poner en sus políticas públicas todos los instrumentos necesarios para conseguir la igualdad de género y contribuir con legislación y programas de largo plazo para un cambio ideológico en la sociedad que permitiera avances progresivos, de modo que nadie estuviera al margen del respeto y promoción de los derechos humanos de las mujeres con acciones efectivas contra toda clase de discriminación.

En esa tarea que México, en 39 años, no ha cumplido más que parcialmente, según el análisis de las recomendaciones, algunas reiteradas e insistentes desde 1999; no hizo una reforma educativa con perspectiva de género; socaba y restringe los derechos y la libertad de las mujeres; regatea los recursos específicos; no sanciona a los medios de comunicación que reafirman la desigualdad cotidianamente, hay impunidad en el asesinato de periodistas; existe un proceso sostenido por una visión conservadora en amplias franjas de la sociedad, ha dejado, casi intacta a la familia autoritaria y al funcionariado que opera programas e instituciones colocando a las mujeres como dependientes y sumisas o como libertinas y objetos sexuales.

En el comité de la CEDAW los exámenes bianuales de los informes de cada Estado, reconoce a México por sus avances legislativos ya que el andamiaje legal garantiza de jure, prácticamente todos los derechos de las mujeres, incluidos los de la diversidad y el multiculturalismo. Sin embargo, en la práctica en esas casi cuatro décadas, los pendientes son mayúsculos si se considera que la violencia es la expresión más ominosa y continuada de la discriminación.

En las recomendaciones sobre las que hay que informar, conocidas por la presente administración en 2018, el Comité lamenta que todavía no hay justicia para las mujeres abusadas en Atenco hace 14 años; como el caso de la violación de mujeres indígenas, en Altamirano, Chiapas en 1994; tampoco ha reconsiderado la presencia militar en el territorio nacional que sigue poniendo en riesgo la seguridad y la integridad de las mujeres; no ha resuelto la eficacia la tarea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo papel, por ley, es vigilar la aplicación de la política de igualdad en el gobierno de la República.

Así la construcción de instituciones, programas y acciones, reconocidas y aplaudidas solo han sido posibles por iniciativa y presión sostenida y consistente de la sociedad civil, especialmente de las feministas, reconoce y destaca el Comité de la CEDAW, en nueve balances, publicados y comparables.

Considera los avances con claro oscuros según los cambios de gobierno. Las acciones son inconstantes y los recursos económicos sistemáticamente regateados. Ha faltado continuidad, evaluación y seguimiento. Especialmente rezagado resulta el comportamiento del poder judicial y muchos de los gobiernos de los estados que no han armonizado sus leyes secundarias para dar cumplimiento a la igualdad, centro de la Convención.

Ahora, el que se llama informe de Medio Camino, la pregunta es ¿Qué va informar el Estado?, cuando el grueso de las recomendaciones está enfocado a la creciente, sistemática y oprobiosa violencia de género. México es un país, entre cinco, que en la ley garantiza la plena participación política de las mujeres, ensombrecida por la violencia, que en 2018 dejó 17 candidatas asesinadas y más de 300 agresiones.

Se garantiza en ley la libertad de expresión, pero hasta 2020 los asesinatos de periodistas según el conteo de Artículo 19 del año 2000 al 9 de septiembre de 2020, han sucedido 135 asesinatos de periodistas en México, 124 hombres y 11 mujeres. De estos, 47 se registraron en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y 15 en 21 meses del mandato de Andrés Manuel López Obrador. El más reciente es el de Julio Valdivia, asesinado el 9 de septiembre en Veracruz.

Como muestra, un botón: 4 de septiembre, último, Artículo 19 denunció al Juzgado Mixto de Primera Instancia en el Rosarito, en Baja California, por condenar a la periodista Carmen Olsen a una pena de seis meses de prisión por el delito de “ultrajes a la autoridad”.

Una sentencia, indicó, que constituye un grave retroceso contra la libertad de expresión en México y la posibilidad de usar el aparato judicial para acallar el trabajo de periodistas.

La Convención en su artículo dos es explícita para reconocer a la sociedad civil. En los últimos 21 meses opera una expulsión silenciosa y pertinaz de organizaciones de mujeres organizadas, en los hechos y en los discursos presidenciales. Además, están sometidas a escrutinio expertas y defensoras de los derechos de las mujeres, organizaciones que alertan hoy al comité de la CEDAW sobre lo que sostienen, es una regresión a lo relativamente avanzado, según los informes alternativos que ya preparan.

Existe la sensación que 39 años después, todo parece pendiente y hay que volver a empezar: peligran las estadísticas por sexo, los diagnósticos, el trabajo de campo de las feministas, la libertad de expresión; los recursos para paliar no solo la violencia, sino la salud, la participación política y la educación y capacitación en género, los programas específicos, las tierras en las comunidades. Obligatorio es que se trabaje y convoque y se supervisen las acciones en los estados de la República y los municipios.

La violencia contra las mujeres en la vida cotidiana y la infringida en menos de un mes contra las colectivas feministas, es un dato revelador. La definición de que se trata de mujeres “manipuladas” o se las vea como “agitadoras”, es al menos, un desdén desde los poderes, contra la realidad.

Observaciones: participación en la vida política y privada
El Comité solo hizo dos recomendaciones, en relación con la participación política, tras reconocer los enormes avances en el objetivo de que la mujer participe en pie de igualdad con el hombre en la vida política a nivel federal, tras la reforma constitucional de 2014 sobre la paridad en los procesos electorales, donde la conjunción de legisladoras, el Instituto Nacional de las Mujeres y la sociedad civil, especialmente del Grupo Plural, fue responsable de este avance.

No obstante, advierte que los marcos jurídicos aún podrían ocasionar incumplimiento del sistema, como el bajo número de mujeres indígenas en la vida política. Y del contexto discriminatorio.

Pidió que el Estado se asegure de que las entidades de la República cumplan con los marcos jurídicos inclusive enmendando o derogando las disposiciones discriminatorias contra la mujer, como el párrafo dos del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y estableciendo sanciones en caso de incumplimiento, que se dará en positivo.

Ya el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal han acordado sanciones para los partidos si no entregan listas paritarias y sanciones a los probables candidatos que sean identificados como violentos.

Pide eliminar, a través de políticas con visión de género, los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, participen en la vida política de sus comunidades, inclusive realizando campañas de concienciación orientadas a ampliar la participación de la mujer en la vida política en los planos estatal y municipal y se asegure de que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar un porcentaje fiscalizado de sus fondos para esta obligación.

Hubo recomendaciones urgentes en noviembre de 2018, ante la preocupación de los riesgos persistentes para las periodistas y las defensoras de los derechos humanos, en el ejercicio de su profesión, frente a las cifras de asesinatos y agravios.

Puesto que tiene denuncias al respecto, como las acciones difamatorias, abuso sexual, hostigamiento y feminicidio, el Comité además reclama la demora de las autoridades competentes en adoptar medidas para garantizar los derechos humanos de las comunicadoras y las defensoras de los derechos humanos, en particular, la libertad de expresión, la vida, la libertad y la integridad de la persona.

No hay acceso a la justicia ya que la mayoría de las denuncias en la mayoría de los casos de violencia contra periodistas, no se han resuelto y se preocupa de que los informes constatan que la mayor parte de las ofensas y crímenes habrían sido perpetrados por agentes del Estado. Pide que los prevenga.

Insta a que se garantice la rápida aplicación de la Ley de protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos, en los planos federal y estatal, a fin de garantizar la vida, la libertad y la integridad de las periodistas y las defensoras de los derechos humanos, y se vele por que no sean objeto de ningún tipo de violencia; que dé prioridad al establecimiento del Mecanismo de protección de los periodistas y defensores de los derechos humanos previsto en la Ley de protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos y se asegure de que incluya un enfoque de género.

Luego de reconocer la importancia de la aprobación en 2006 de la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, llama al Estado para que fortalezca el Instituto Nacional de las Mujeres como su mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y observa con reconocimiento la posible promoción de su presidenta a rango ministerial, así como la existencia de recursos financieros y humanos adicionales y la mayor influencia del Instituto en los planos federal, estatal y municipal.

Fue una recomendación incumplida. No se elevó a rango ministerial el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y en la práctica, durante los últimos dos años, se le ha relegado; es como una oficina alterna de la Secretaría de Gobernación; se minimizó su papel de promotora y vigilante de la política de igualdad, quitó los recursos a la sociedad civil, sostiene que el presupuesto no debe aplicarse a programas específicos de género y suspendió su interlocución con las feministas y su papel de rectora de la política de género, se ha desdibujado. En 21 meses de la nueva administración, no pudo negociar con Hacienda, los recursos para el Programa Nacional de Igualdad, que todavía no se pública.

Resumen de preocupaciones globales
El Comité explica y reitera por qué el Estado debe cumplir con la CEDAW, la carta de ruta sustantiva para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres, fomentar y asegurar la no discriminación, reconocer las diferencias y desarrollar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención, de 30 artículos constitucionales, adoptados en todo el mundo.

Le recuerda al gobierno aplicar de manera sistemática y duradera todas las disposiciones de la Convención, atención prioritaria desde 2018 hasta la presentación del próximo informe periódico que será en 2022, ahora por eso se llama de Medio Paso.

Conmina al gobierno a que se centre en esas esferas, buscando la igualdad de facto y a que en su próximo informe periódico comunique las medidas adoptadas y los resultados conseguidos. A que presente a todas las secretarías competentes y al Congreso las observaciones finales para garantizar su aplicación cabal.

Insiste en que no hay una armonización sistemática de la legislación y de otras normas federales, estatales y municipales con la Convención, lo cual tiene como consecuencia la persistencia de leyes discriminatorias; lamenta las escasas explicaciones proporcionadas sobre los mecanismos existentes para que los estados cumplan las leyes federales y los tratados internacionales de derechos humanos en que México es parte, así como sobre las medidas que se toman cuando los estados y municipios no adoptan las reformas legislativas necesarias para garantizar su cumplimiento.

El Comité insta al Estado a que ponga en marcha un mecanismo eficaz para asegurar y supervisar este proceso de armonización. Recomienda que adopte medidas para fomentar la toma de conciencia sobre la Convención y las recomendaciones generales del Comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal.

Se trata de otras cinco sustantivas: debe ser obligatoria la Convención en todos los estados de la República; crear, desde el gobierno central un vínculo obligatorio entre los niveles federal y estatal en la formulación de políticas y disposiciones legislativas.

Hasta el momento del examen, lamenta que no existen mecanismos suficientes para coordinar y lograr la interacción con los estados y los municipios en este proceso, tanto como la inexistencia de este mecanismo de coordinación.

El comité le recuerda al gobierno que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la designada como institución encargada del seguimiento y evaluación de la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, le preocupa que quizás esta institución no cuente con los conocimientos especializados en cuestiones de género ni con los recursos humanos y financieros necesarios para desempeñar esa función.

También instó al gobierno a poner en marcha una estrategia eficaz, con prioridades claras, todos los esfuerzos destinados a lograr que se respeten los derechos humanos de la mujer.

El comité sigue muy preocupado ante las actitudes patriarcales comunes que impiden a las mujeres disfrutar de sus derechos humanos y constituyen una causa fundamental de la violencia contra ellas.

Afirma que persiste un clima general de discriminación e inseguridad reinante en las comunidades; los lugares de trabajo, en particular en las maquilas; y los territorios con presencia militar, como las zonas de las fronteras norte y sur, que pueden poner a las mujeres en un peligro constante de sufrir violencia, maltrato y acoso sexual y en todos los casos reclama se castigue a los culpables.