A primera vista, resulta paradójico que un funcionario encargado de defender los Derechos Humanos llame a la policía para desalojar a mujeres. FOTO: CIMAC NOTICIAS.

A primera vista, resulta paradójico que un funcionario encargado de defender los Derechos Humanos llame a la policía de un estado conocido por la violencia institucional y la brutalidad policiaca, para desalojar a mujeres que toman su sede en apoyo a madres de víctimas desesperadas por la ausencia de justicia para sus hijas.

Paradójico también que esa policía lleve detenidas a jóvenes manifestantes, madres, niñas y niños a un Centro de justicia, creado precisamente para facilitar el acceso de las mujeres a ésta, y ahí las insulte y maltrate, y agreda a mujeres periodistas que cubrían los hechos. Y ya no paradójico sino indignante, que el gobernador de ese estado declare que ahí se apoya y respeta a las mujeres, como si esos sucesos no confirmaran el terror de vivir en municipios, como Ecatepec o Chimalhuacán, semejantes a zonas de guerra.

“¿Paradójico?”, exclama Irma Saucedo, experta en violencia contra las mujeres . No, en este país feminida.

Las violencias institucionales acumuladas en el desalojo de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en Ecatepec, corroboran la ceguera de las autoridades ante la continua violación de Derechos Humanos de las mujeres, duplicada por un sistema judicial podrido.

Recordemos que esta entidad no sólo acumula la segunda tasa más alta de violencia machista (ENDIREH 2016) y la primera en impunidad (UDLAP 2018), sino también el fallo de la SCJN por el caso de Mariana Lima y la sentencia de la Corte IDH por el caso Atenco.

Si bien ésta última se dirige al Estado mexicano, incluye recomendaciones que las autoridades locales deberían ya haber atendido, como la profesionalización de policías e integrantes del sistema judicial, con perspectiva de género y Derechos Humanos.

Por desgracia, al Estado mexicano en todos sus niveles, le importa poco que se acumulen sentencias internacionales que, precisamente se deben a negligencia y violencia institucional contra las mujeres (Campo algodonero, Caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, Atenco).

Aunque el Estado de México pueda considerarse epicentro de la violencia feminicida, las reacciones de las autoridades ante las demandas de justicia de las mujeres – ya sean madres de desaparecidos, de chicas asesinadas o niñas violadas, ya sean jóvenes indignadas que toman las calles u oficinas gubernamentales en apoyo a las víctimas -, ha sido negligente, autoritaria o violenta.

En la Ciudad de México, pasaron 23 días antes de que la secretaria de Gobernación se reuniera con madres de víctimas que hacían un plantón en el Zócalo; en León, la policía detuvo y agredió a jóvenes que protestaban contra el abuso sexual policiaco; en la Ciudad de México, el presidente descalificó la toma pacífica de la CNDH en el centro… La titular de la (nominalmente) principal defensoría de los Derechos Humanos ni siquiera reconoce la validez de estas protestas.

Como en 2019, las autoridades condenan las “formas”, descalifican la “radicalidad” o recurren a la mentira o las vanas promesas en vez de reconocer que la impunidad retroalimenta la violencia machista y la corrosión de las leyes. La impunidad de la violencia feminicida y la ausencia de justicia para las mujeres vienen de lejos.

Desde hace más de dos décadas es obvio que para las autoridades en turno las demandas de las mujeres no son prioritarias y que sus derechos son moneda de cambio. Sin embargo, la situación ha empeorado: ante el incremento de violencia homicida y feminicida, la respuesta del actual gobierno es negarla.

Si en los estados prevalece la violencia institucional – de policías, jueces o “representantes populares”, en el centro se mantiene una retórica conservadora, despegada de la realidad, que idealiza el retorno a la domesticidad y una armonía familiar inexistente.

Las voces que desde las propias instituciones podrían resquebrajar esos espejismos trasnochados y reorientar el rumbo, han optado por el silencio, ya olvidadas tal vez del sentido de sus funciones. Ni la CNDH, ni las instituciones creadas gracias a la lucha feminista son ya capaces de tender puentes hacia la sociedad organizada.

Así, la hostilidad o negligencia hacia las demandas de las mujeres deja sin instancias de interlocución o mediación a las víctimas y quienes las apoyan. Para éstas, el silencio no es opción; conocen y reclaman sus derechos, exigen verdad y justicia. Su digna rabia y dolor merecen respeto. En estas mujeres y jóvenes persiste la esperanza de un país más justo.