INE prepara registro de personas que han cometido violencia política de género

Ciudad de México.- La consejera y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, afirmó que este mes el instituto creará la lista de de personas que han cometido violencia política por razón de género.

La consejera aseguró, durante un foro virtual organizado este jueves, que el INE ya trabaja en los criterios que tomará en cuenta para integrar el registro, como lo ordenó la reciente sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos y contender en espacios libres de violencia.

“Como instituto seguiremos la pauta que nos están marcando las autoridades jurisdiccionales electorales, para la garantía de que las mujeres ejerzan los cargos para los que fueron electas, pero también para que durante precampañas y campañas puedan desarrollar sus actividades en condiciones, primero, de igualdad y, segunda, de seguridad, sin sufrir violencia política por razón de género”, dijo.

De acuerdo con la sentencia del 29 de julio, este registro debe estar listo antes del comienzo del proceso electoral federal de 2021, en septiembre próximo; además, debe ser nacional, público y las autoridades electorales locales lo podrán tomar en cuenta para aceptar o no el registro de candidaturas a cargos de elección.

Al respecto, la consejera Humphrey Jordan, expuso que la Comisión de Igualdad del INE propondrá que la lista esté en una plataforma informática, que pueda ser alimentada por autoridades jurisdiccionales y administrativas locales, y que la Dirección de Prerrogativas del INE esté obligada a consultarlo para aceptar el registro de candidaturas.

Entre los temas pendientes de definir en este registro está el tiempo que una persona con una resolución o sentencia por violencia política debe permanecer en él, y si será posible que –como propusieron diputadas federales– incluir a las persona que ejercieron violencia familiar, acoso sexual o que son deudores alimenticios no puedan ejercer cargos públicos.

“Creo que entonces este registro que recibimos con mucho ánimo y como una extraordinaria idea en el Instituto Nacional Electoral debiera ser el piso mínimo, yo diría de entrada, en el que tenemos que situarnos para garantizar, no sólo como autoridades electorales, sino como país, que las mujeres no vivamos en condiciones de violencia de género”.

En el foro, el magistrado presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Enrique Figueroa, expuso que este listado nacional surgió después de que en diciembre de 2019, la Sala Xalapa revisó un caso de violencia política y ordenó al IEEPCO crear una lista local de personas agresores, como medida de no repetición.

La consejera del IEEPCO, Carmelita Sibaja, agregó que el instituto local acató la determinación y emitió criterios para registrar a las personas que en términos jurídicos tienen “desvirtuada la presunción de tener un modo honesto de vivir”, es decir, que cometieron violencia. Hasta ahora el registro de Oaxaca tiene los nombres de dos personas.

En su intervención, el magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Felipe de la Mata, expuso que cuando el caso llegó a esta instancia se validó la resolución y se amplió para crear un registro nacional, así como la creación de listas locales para todas las entidades del país.

El magistrado expuso que este registro es una medida para inhibir las conductas de los agresores, pues quienes no quieren estar en la lista no deben cometer actos de violencia. El listado, agregó, también materializa la reforma sobre violencia política de género aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación en abril de este año.

El magistrado De la Mata consideró que la Sala Superior expuso criterios mínimos como que el registro sea nacional, público y actualizado al inicio del próximo proceso electoral. Al INE le queda la tarea de decidir la vigencia temporal de los registros deinfractores, para lo cual podría considerar la gravedad de la conducta, o bien, mantener un registro paralelo cerrado para detectar casos de reincidencia.