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Les toca cumplir

El gobierno puso las reglas y hoy le toca cumplirlas sin excepción. Nos ha machacado una y otra vez “que al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Que su misión es la transformación, que no discrimina, que cuenta con una política exterior feminista y que como nunca se protege a las mujeres.

Más allá de si se les cree o no, lo que le toca es cumplir con la ley. Así, a secas. Cumplir con la ley que les mandata desde la Constitución hasta las leyes generales, desde los acuerdos y tratados internacionales hasta las leyes secundarias, a difundir, promover, garantizar y proteger todos los Derechos Humanos, incluidos los de las mujeres y niñas.

Y cumplir la ley es devolverle a las mujeres el dinero que les corresponde. Cada peso que fue aprobado por la Cámara de Diputados para los Derechos Humanos de las mujeres debe entregarse sin reservas.

Para ningún país es sencillo transitar la pandemia. Ninguna nación está exenta de la crisis que significa, no solo el reto sanitario sino la crisis económica, y eso lo entendemos, que para transitar esta emergencia es necesario redefinir prioridades, reajustar el presupuesto.

¿Porqué en esta priorización las mujeres y sus derechos están excluidas?
En este ajuste presupuestal y en la instrucción del 23 de abril donde se estipula el recorte de 75 por ciento del presupuesto de servicios generales y suministros, también se exceptuaban 38 programas y áreas prioritarias, entre ellos la defensa de los Derechos Humanos.

Y desterrar la discriminación y construir la igualdad de las mujeres, erradicar la violencia en su contra y garantizar la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos de la vida son acciones que corresponden a los Derechos Humanos, por lo tanto, tendrían que ser intocables. Sin embargo, las acciones que han devenido tras el decreto contradicen la ley.

En julio la titular de la Comisión de Atención a Víctimas hizo público que el retiro del 75 por ciento implicaba paralizar prácticamente la institución, la respuesta: su renuncia. En la CEAV hay familias, victimas del feminicidio, niñas y niños en orfandad por la violencia machista.

Ahora le tocó al Instituto Nacional de las Mujeres, pilar de la política de igualdad entre mujeres y hombres, institución defensora de Derechos Humanos que tendría que estar exenta de este recorte de acuerdo con el decreto de austeridad.

La experiencia de años demostró que aquellas partidas presupuestales ganadas para la construcción de la igualdad eran sujetas de desvíos y recortes, por la falta de igualdad y el exceso de machismo de los gobiernos.

Por ello las legisladoras feministas y el movimiento protegieron los recursos y colocaron en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que “no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres.”

Por lo tanto, el recorte al presupuesto del Inmujeres vuelve a violentar la Ley que le protege por doble vía por la presupuestal y la de austeridad.

A esto se suman todos los recortes que se han hecho a los programas de igualdad, a los que implican la aplicación de las Alertas de Género, las casas de las Mujeres indígenas, Transversalidad de la perspectiva de género.

Más allá de lo que crean las autoridades, tienen una obligación de hacer cumplir la Ley, por lo tanto, deben respetar cada peso y centavo que se ha destinado para los Derechos Humanos de las mujeres.

Si ellos creen que éstos pueden esperar o que la visión misógina de que las mujeres estiran el gasto y hacen maravillas se aplica en la política y al deber del Estado, se equivocan. Ellos pusieron la regla y ahora les toca medirse con ella. Si los argumentos no les convencen, la ley los mandata.

Redacción

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