En una sesión que se prolongó hasta altas horas de la noche de este miércoles, se acordó también armonizar la Constitución estatal y el Código de Instituciones y Procesos Electorales, esto en respuesta al decreto en la materia publicado en el Diario Oficial de la Federación en abril pasado.
La discusión y aprobación de estas reformas estaban pendientes desde septiembre de 2018, momento en el cual la presente Legislatura del Congreso de recibió una iniciativa de la diputada priista Rocío García Olmedo.
En junio de este 2020, incluso, la diputada García Olmedo volvió a presentar una propuesta actualizada. Ese mismo mes, las diputadas Liliana Luna Aguirre y Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, así como los diputados José Armando García Avendaño, Carlos Alberto Morales Álvarez y Uruviel González Vieyra, enviaron otra iniciativa.
Hasta que esta reforma no se publique en el Periódico Oficial del estado, Puebla será una de las dos entidades federativas sin ninguna normativa que sancione la violencia política de género, de acuerdo con un estudio “La participación política equilibrada entre mujeres y hombres en México, 2019: Los desafíos de la reforma constitucional en materia de paridad”, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La diputada priista Rocío García Olmedo comentó durante una entrevista que la última iniciativa que el Dictamen armoniza es la Constitución local con la Federal para observar la obligatoriedad para cumplir y observar el principio de paridad de género en la función pública.
“Es un esfuerzo de dos años en el congreso de Puebla para lograr que hubiera la voluntad política para que se dictaminara en comisiones y haberla votado. Es una gran satisfacción por el trabajo de dos años, pero por el trabajo atrás de muchas mujeres”, agregó la legisladora.
Lo que faltaría para que las reformas se hagan válidas es su publicación en el Periódico Oficial, pero también que la mitad, más uno de los 217 Cabildos de los municipios, avale la reforma a la Constitución poblana.
De igual forma que tras estos pases se haga una planeación para difundir estas reformas, no sólo para que la ciudadanía las conozca de cara a las elecciones del próximo año, sino también para que los partidos políticos tengan presentes las violencias y las omisiones en
que pueden incurrir desde la precampaña, que inicia en noviembre de este año.
De acuerdo con el estudio de la CNDH sobre participación política equilibrada, el estado de Puebla fue el que registró más casos de violencia política de género durante el proceso electoral 2017-2018, con 15 casos. La situación más grave, se trató del feminicidio de Juana Iraís Maldonado Infante, candidata a una diputación local por el distrito IX por el Partido Verde Ecologista.
Ante esta situación, García Olmedo manifestó la urgencia de que se discutiera y aprobara el dictamen presentado el miércoles.