Llama Segob a preservar derechos de la infancia
Las Segob, Ss y SEP enviaron a los 32 Congresos locales un análisis de los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica. FOTO: CIMAC NOTICIAS.

Ciudad de México. Las secretarías de Gobernación (Segob), Salud (Ss) y Educación (SEP) enviaron a los 32 Congresos locales un análisis de los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica, donde también llamaron a poner los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses de sus madres y padres.

La comunicación se dio en respuesta a las propuestas legislativas de incluir el Pin Parental en las leyes educativas locales para que las y los tutores eviten que sus descendientes accedan a conocimientos que contravengan sus “convicciones éticas, morales o religiosas”, lo que transgrede la rectoría del Estado en la definición de contenidos educativos, establecida en el artículo tercero constitucional.

En el análisis jurídico, al que también se sumaron el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), señala que impedir que niñas, niños y adolescentes reciban educación sexual y reproductiva se opone a una educación laica y científica y afecta el interés superior de la niñez.

De acuerdo con la información difundida este fin de semana por la Segob, desde inicios de 2020, al menos en cinco Congresos locales (Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León) se presentaron iniciativas de reforma a leyes de educación y de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a constituciones locales, donde se pretende establecer la injerencia de padres y madres en contenidos educativos.

Las propuestas, promovidas por legisladores del Partido Encuentro Social (PES) y en respaldada por el Partido Acción Nacional, proponen que padres y madres veten contenidos educativos o eludan que sus hijas e hijos se asistan de las clases que no coincidan con sus “convicciones éticas, morales o religiosas”.

En consecuencia, expuso la Segob, autoridades educativas estarían impedidas de impartir conocimiento sobre educación sexual y reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género.

Sin embargo, las y los diputadas promoventes aseguran que se trata de una reforma a favor de la familia y del ejercicio responsable de la sexualidad. El diputado del PES, en Nuevo León, Carlos Leal y la diputada Elsa Méndez, de Querétaro, han calificado de “intromisión” el llamado de la Segob a las legislaturas de los estados.

Mientras que la diputada de Aguascalientes, donde la reforma fue aprobada, la panista, Paloma Amézquita, asegura que “los hijos pertenecen a los padres, no al gobierno”.

No obstante, el documento elaborado por las instancias de Gobierno, señala que de aprobar estas reformas, se afectarían los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los Derechos Humanos y se restringiría el derecho a la educación.

Además, la Segob, SEP y la Ss señalaron que la participación de los estados y sectores sociales en los contenidos educativos se considera únicamente a modo de opinión, por medio de los mecanismos de la Secretaría de Educación.

Con estos argumentos, las secretarías afirmaron que, además, las reformas transgreden la división de competencias, ya que los Congresos locales no tienen facultades para legislar sobre esta materia.

En el caso de Aguascalientes, donde la Legislatura aprobó el Pin Parenatal en Ley de Educación y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado, la Comisión de Derechos Humanos local presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además, la Suprema Corte ya se pronunció a favor de la educación en sexualidad. En este caso, donde un madre de Aguascalientes presentó un amparo (203/2016) contra la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el tribunal concluyó que los valores que se inculcan en el proceso educativo no deben socavar, sino consolidar, los esfuerzos destinados a promover el disfrute de otros derechos.