Salud pública y responsabilidad individual

Hablar de derecho a la salud y de la obligación del Estado a garantizarlo no implica eximir a la sociedad. FOTO: CIMAC NOTICIAS.

Hablar de derecho a la salud y de la obligación del Estado a garantizarlo no implica eximir a la sociedad o a las personas de la parte que les incumbe en cuanto a protección a la salud. No es el Estado quien decide si fumamos o nos alimentamos de azúcar.

No estaríamos dispuestas a que el Estado interfiriera directamente en nuestras decisiones personales acerca de nuestra salud física o mental.

Sin embargo, el Estado está obligado a garantizar el derecho a la salud, y tiene la facultad de regular factores que inciden en prácticas y conductas que afectan ésta, como lo ha hecho con medidas como el impuesto a refrescos y cigarros o el etiquetado a los productos alimenticios, impulsadas por grupos de la sociedad civil.

En un país tan desigual como el nuestro es además crucial una política de salud pública que, como han escrito especialistas (González Vélez, Guerra de Mercado), responda a las necesidades de la población, con sus desigualdades, tome en cuenta condicionantes externos e incluya a sectores que influyen en las opiniones y decisiones que afectan la salud (empresas, publicidad, escuelas), de modo que la sociedad pueda tomar mejores decisiones.

Como plantea también el médico y antropólogo francés Didier Fassin, la salud pública, como bien común, conlleva ofrecer a las personas las condiciones necesarias para hacerse responsables de su salud, mejorarla y satisfacer sus necesidades.

En este sentido, el Estado mexicano tiene una tradición de políticas de salud pública exitosas (con matices), como el combate a la tuberculosis o al dengue o las campañas de vacunación o de prevención del embarazo.

Ha quedado a deber, sin embargo, en cuanto al acceso universal a servicios de salud de calidad y con frecuencia ha sido omiso en la regulación de factores dañinos a la salud.

Partiendo de un sentido amplio de la salud pública, el Estado no es el único que determina qué es un problema de salud pública, e incluso puede resistirse a reconocerlo.

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La violencia contra las mujeres o el aborto inseguro, por ejemplo, se reconocieron a nivel internacional y nacional como problemas de salud pública gracias a las luchas de grupos feministas, defensores de derechos, personal médico y organismos diversos.

No obstante, pese a la contundencia de estos problemas, tanto gobiernos anteriores como el actual han tendido a minimizarlos en los hechos o, ahora, a negarlos.

Otros problemas contundentes, como la obesidad o la diabetes, sí han recibido más atención gubernamental pero las medidas para remediarlos, más allá de lemas, han sido deficientes ante la pobreza, las desigualdades en el acceso al agua potable y a la alimentación de calidad, la resistencia de grupos de interés o la negligencia de funcionarios (como en el caso del nuevo etiquetado de productos alimenticios, apenas aprobado en marzo y al que aún se resisten grupos empresariales).

Como han mostrado los terribles estragos de la pandemia que atravesamos, el compromiso con la salud pública no se mide sólo en número de hospitales y “beneficiarios”.

Ha de incluir el acceso a servicios suficientes y de calidad para todos, un presupuesto adecuado y buenas condiciones de trabajo para el sector salud, y la protección de su personal.

También requiere la prevención efectiva de condiciones que agravan los efectos del nuevo virus: desde la obesidad y la hipertensión (que afectan a millones de personas) hasta los daños inmediatos y mediatos causados por la contaminación del aire, el agua y la tierra, factores que no dependen sólo de las personas sino del equilibrio ecológico y la calidad del medioambiente y de las condiciones habitacionales y laborales de familias y comunidades.

Para hacernos cargo de nuestra salud, como recomienda ahora el gobierno, habremos de valorar, demandar y promover, entre otros, el acceso universal a agua y drenaje, un desarrollo sustentable con respeto al medioambiente y disminución de fuentes de contaminación (minas, refinerías).

El respeto a condiciones laborales dignas, transporte público eficiente, aumento de recursos al sector salud e información transparente y accesible acerca de la pandemia y de las medidas que, como personas y sociedad, podemos tomar para mejorar nuestra calidad de vida.