Pin parental viola Derechos Humanos de infancia y adolescencia

Ciudad de México. Alrededor de 18 organizaciones civiles, integradas en el colectivo “Artículo Tercero”, alertaron que las iniciativas legislativas presentadas en al menos seis estados de la República para establecer el Pin Parental en las leyes educativas, quitarían a niñas, niños y adolescentes el derecho a recibir conocimientos para su desarrollo.

En conferencia de prensa virtual, defensores de los derechos de la infancia pidieron a los Congresos que desechen estas iniciativas que buscan que madres y padres de familia eviten que sus descendientes accedan a contenidos educativos contrarios a sus creencias, lo que calificaron de regresivo por poner en riesgo el interés superior de la niñez, el derecho a la educación y a la salud sexual y reproductiva.

En mayo la propuesta se presentó en el Congreso de Nuevo León, donde fue desechada; sin embargo, en el mismo mes fue aprobada en Aguascalientes.

La reforma también se promovió en las Legislaturas de Baja California, Chihuahua, Querétaro y Ciudad de México; y en el estado de Guanajuato el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una similar, pero para integrar la “perspectiva de familia” en la ley educativa estatal.

Las agrupaciones, entre ellas, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y la Red de Democracia y Sexualidad, explicaron que las propuestas, promovidas principalmente por el Partido Encuentro Social en México, son una réplica de una iniciativa del partido político Vox, en España, que es calificado de extrema derecha.

La oficial de Formación del ILSB, Cristina Santana, expuso que esta propuestas contravienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes porque vulneran los derechos sexuales y reproductivos, que son parte de los Derechos Humanos.

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La falta de educación en sexualidad, expuso, no ha permitido el ejercicio de una sexualidad libre e informada para adolescentes y jóvenes, quienes necesitan mecanismos que garanticen y protejan sus derechos, no un Pin Parental que bloquee su acceso al conocimiento en temas de sexualidad y género.

Santana agregó que estas propuestas legislativas afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres.

Como ejemplo señaló que en México se estiman 600 mil delitos sexuales cada año, pero en 9 de cada 10 las víctimas son mujeres y en 5 de cada 10 son menores de 15 años de edad.

El director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, explicó que los grupos antiderechos están tratando de engañar a madres y padres haciéndoles creer que pueden decidir sobe la vida de niñas, niños y adolescentes cuando ellos también son personas y a pesar de que la Constitución marca que los contenidos educativos los define la Secretaría de Educación Pública (SEP) con base en información laica y científica.

El defensor consideró que la reforma aprobada en el Congreso de Aguascalientes, donde la Comisión de Derechos Humanos del estado ya presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muestra cómo los grupos conservadores pueden golpear al Estado mexicano y atentar contra los avances en materia de Derechos Humanos.

Pérez García dijo que es necesario escuchar a niñas, niños y adolescentes porque son ellos quienes deben decidir sobre su cuerpo y su futuro y la manera en que son parte del país, y explicó que la obligación de las personas adultas es ofrecerles las mejores condiciones, darles parámetros de referencias y acompañarlos con información.

Alexis Sorel, de la Red de Democracia y Sexualidad, llamó a las y los legisladores y la SEP a considerar que la educación integral en sexualidad no debe tener retrocesos y pidió que se mantengan firmes ante los embates de los grupos conservadores que argumentan que la educación sexual promueve relaciones sexuales tempranas, la ideología de género y la homosexualidad.

Agregó que investigaciones en la materia indican que la educación integral en sexualidad retrasa la vida sexual, no influye en el número de parejas ni en la frecuencia de las relaciones, disminuye el contagio de infecciones de transmisión sexual, sobre todo del VIH, reduce la tasa de embarazos no planeados y previene la violencia sexual y de pareja así como la homofobia.

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Por otro lado, destacó Sorel, la educación integral en sexualidad está incluida en documentos internacionales firmados por el Estado mexicano como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, pero además a nivel nacional está en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente.

A su vez, Sofia Regalado, integrante de “Morras Help Morras”, en Aguascalientes, explicó que en el estado se aprobó la reforma a la Ley de Educación por unanimidad de votos y las y los legisladores intentaron no nombrar el “Pin Parental”, pero cuando las organizaciones denunciaron esta propuesta, hubo diputados que se defendieron diciendo que no leyeron bien lo aprobado. Hoy la reforma fue impugnada ante la Suprema Corte.

Por su parte, Frida Soto Sandoval, de Colectivos Unidos por los Derechos Humanos Nuevo León, explicó que la propuesta en su estado se presentó en enero de este año por un diputado de Morena, con el objetivo de restringir la educación en sexualidad desde la educación primaria hasta el nivel preparatoria.

Aunque en este caso hubo un frente, principalmente de estudiantes, profesores y sociedad civil que obligó a las y los legisladores a dar marcha atrás.

El grupo de representantes de organizaciones civiles señaló que no hay que perder de vista que los grupos conservadores están aprovechando la pandemia para fortalecerse, pero además han recurrido a engaños como decir que las reformas son para que las familias puedan decidir si sus hijas e hijos estudian en escuelas públicas o privadas, o recurriendo a estrategias como decir “con mis hijos y mi familia no te metas”, pero lo que buscan es violentar la dignidad de niñas, niños y adolescentes.