Petición para la remoción de fiscal por el caso de Sol
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca recibió el pasado martes el punto de acuerdo en el que se pide la remoción de Rubén Vasconcelos Méndez. FOTO: ciudadanospormexico.org.

Oaxaca, México, junio (SEMlac).- La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca recibió el pasado martes el punto de acuerdo en el que se pide la remoción del Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, por sus evidentes violaciones a la Constitución y a la ley, cometidas en las investigaciones relacionadas con el asesinato de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín.

La diputada integrante de la fracción parlamentaria de Morena, Magaly López Domínguez, señala que el nombre de María del Sol Cruz Jarquín exhibe la impunidad, que en el estado de Oaxaca es generalizada, ante una Fiscalía impasible que no cumple sus obligaciones, que no investigó con perspectiva de género, consideró el asesinato como un hecho aislado, sin tomar en cuenta el contexto político-electoral ni el robo.

La propuesta señala que se cometieron tres delitos, el de feminicidio, el más grave porque le robaron su vida, su futuro; un delito electoral porque se utilizaba su experiencia y conocimiento en una campaña política de manera forzada, porque ella no quería ir bajo esas condiciones por ser empleada pública, y el robo de sus pertenencias: su computadora y su cámara fotográfica y de video.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y se presenta a dos años del feminicidio de María del Sol Jarquín Edgar y a un año de que el mismo Congreso del Estado, en sesión ordinaria del 27 de febrero de 2019, realizara el exhorto al Fiscal General del Estado para que a la brevedad posible agotara las investigaciones que permitieran el esclarecimiento del asesinato de la fotoperiodista y con ello la detención y el procesamiento de quienes resultasen responsables.

En aquella ocasión, el exhorto fue propuesto por las y los integrantes de las Comisiones Permanentes de Administración y Procuración de Justicia, y de Derechos Humanos, y resuelto favorablemente, valorándolo de urgente y obvia resolución, por el pleno de la LXIV Legislatura.

Sin resultados hasta el día de hoy, siguen sin aclararse los hechos por una Fiscalía impasible que no cumple con sus obligaciones e incluso obstaculiza a la justicia al negarse a llevar cabo por segunda ocasión y por fallas técnicas, la segunda audiencia intermedia que estaba programada para el pasado 24 de febrero de este año.

En las consideraciones se señala que hay tres procesos judicializados aislados. El proceso electoral, del que no ha habido audiencia para vinculación, fue judicializado en diciembre pasado, pero ahí quedó. Y el caso de robo está en las mismas condiciones desde junio pasado. No hay investigación en contra de posibles responsables intelectuales.

María del Sol no debía estar en Juchitán, pero estaba ese 2 de junio de 2018 obligada por Francisco Hageo Montero, titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, bajo la amenaza de quitarle el trabajo, para cubrir las actividades de Hageo Montero López, en aquel momento candidato a la alcaldía de Juchitán, y actualmente regidor de Energía Renovable. Ambos, buscaban consolidar el cacicazgo de su padre, Porfirio Montero, un político, un empresario y un pastor evangélico.

El relato de la periodista Soledad Jarquín, madre de María del Sol, detalla que las pertenencias de María del Sol Jarquín fueron sacadas del hotel donde ella se hospedaba unas horas después por un empleado de la Secretaría de Asuntos Indígenas, y uno de los colaboradores más cercanos de Francisco Javier Montero López, extitular de esa dependencia.

Este servidor público siguió laborando en dicha instancia gubernamental hasta el 31 de diciembre, es decir, seis meses, tiempo en que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no realizó ninguna entrevista a pesar de tener conocimiento de los hechos desde el mismo día.

La investigación por el robo de sus pertenencias fue separada de la carpeta de investigación por delito electoral hasta el 26 de junio de 2019, más de un año después de que ocurriesen los hechos. Y se abrió una nueva carpeta, la cual fue radicada en Juchitán de Zaragoza. A raíz de esto, no se permitió que Soledad Jarquín pudiera ver el expediente por delito electoral, aduciendo que no era víctima directa.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca resolvió que fue una investigación realizada de manera negligente y deficiente; que no se investigó con perspectiva de género de acuerdo con la normatividad nacional e internacional.

No se investigó el contexto de violencia política; la investigación no se inició como feminicidio en el caso de las víctimas Pamela Terán Pineda y María del Sol Cruz Jarquín; y donde, además, le recomienda al Fiscal General Rubén Vasconcelos […], capacitar a sus agentes ministeriales en derechos humanos con perspectiva de género y exhorta y sugiere al fiscal general que sancione administrativa y penalmente a quienes intervinieron en la investigación.

Pero de manera fundamental, la resolución confirma el auto de no vinculación en contra de J.G.L.

Pese a lo establecido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, hasta hoy la carpeta de investigación sigue siendo considerada como homicidio calificado y no como feminicidio.

Se considera procedente la remoción del Fiscal por el incumplimiento a la Constitución y a las leyes y por la resolución del Poder Judicial del Estado.