Defensora detenida, acusada de “robar 500 pesos”
El gobierno del Estado de México detuvo de manera irregular a la coordinadora del colectivo “Zapata Vive” y defensora de los Derechos Humanos. FOTO: CIMAC NOTICIAS.

Ciudad de México. El gobierno del Estado de México detuvo de manera irregular a la coordinadora del colectivo “Zapata Vive” y defensora de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y las mujeres, Kenia Hernández Montealván; usó un reporte de espionaje de una empresa privada y no tiene ninguna evidencia que compruebe su participación en los hechos delictivos de los que se le acusa.

Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa este 10 de junio las organizaciones civiles Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc A.C), el colectivo “Zapata Vive”, la Red Nacional de Defensoras de DH y el Centro de DH Zeferino Ladrillero, quien defiende legalmente a Kenia.

Kenia Hernández Montealván es integrante de la comunidad indígena amuzga, es feminista y actualmente coordina el colectivo “Zapata Vive”.

Fue detenida aproximadamente a las 22:20 horas del pasado 6 de junio, junto con tres adolescentes que la acompañaban, en las inmediaciones de la caseta de cobro de la carretera Toluca-Valle de Bravo, conocida como “La Hortaliza”, en dicha entidad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acusó a Kenia de cometer un presunto robo con violencia el pasado 19 de marzo contra dos personas a quienes supuestamente les arrebató 500 pesos, esto en las inmediaciones de la caseta de San Cristóbal, Ecatepec.

Para inculparla, la Fiscalía utilizó un reporte que elaboró, de manera ilegal, la empresa Concesionaria Mexiquense, Conmex, en el cual se detalla el perfil personal y político de Kenia Hernández.

Ese documento incluye nombre, municipio de origen, estado de residencia, domicilio, fecha de nacimiento, edad, Registro Federal del Contribuyente, CURP, Clave de credencial de elector y cédula profesional de la joven.

El reporte también incluye una lista de los vínculos de Kenia con movimientos y organizaciones sociales, afinidad política, antecedentes políticos y laborales, que sólo pudieron ser obtenidos bajo espionaje e intervención de sus comunicaciones, de acuerdo con las organizaciones civiles.

Es de destacar que esta Fiscalía ya tenía un proceso abierto contra Kenia desde el pasado 5 de mayo por parte de la empresa que la investigó, Conmex, quien la acusó de ataques a las vías de comunicación y daño a bienes, pero de la cual no hubo pruebas.

Esta empresa es concesionaria del servicio de carreteras y casetas, por lo que la detención de Kenia, de acuerdo con las organizaciones, podría estar relacionada con el ejercicio de su derecho a la libre manifestación, el cual lleva a cabo en las casetas de cobro.

Inconsistencias
De acuerdo con la defensa legal de Kenia e integrante del Centro de DH Zeferino Ladrillero, Esther Flores, “son innumerables las inconsistencias en este caso”, ya que no se presentó una orden de aprehensión en el momento de su detención; el proceso de detección facial por parte de las personas que la acusan fue irregular porque, tras dar una descripción general de la presunta asaltante, la Fiscalía les presentó inmediatamente imágenes de Kenia obtenidas por internet.

No existen pruebas de que ella estuviera en el lugar y tiempo en el que presuntamente ocurrió el delito, toda vez que las fotografías que usa la Fiscalía no la muestran a ella sino a una manifestación.

De acuerdo con el compañero de Kenia en el Colectivo “Zapata Vive”, Javier Romero, la detención de la defensora es parte de una persecución política que inició en su contra desde 2019, tras la creación del colectivo y por sus movilizaciones sociales en las casetas para exigir la liberación de personas presas políticas.

Para la integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Gloria Flores, esta detención se suma al incremento de agresiones contra defensoras y periodistas que se ha registrado desde 2019 y que se mantiene durante el primer semestre de 2020.

Las agresiones, según ha documentado la Red, incluyen intimidación por parte de agentes del Estado, intento de asesinatos contra periodistas, así como la criminalización de la protesta social a través de detenciones arbitrarias, agresiones sexuales y tratos crueles en inhumanos, los cuales –dijo– incrementaron especialmente este fin de semana.

Las organizaciones civiles llamaron al gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, a que cese las represiones políticas contra personas defensoras, libere a Kenia y se garantice su salud durante el tiempo que permanezca privada de su libertad.

Este llamado se suma al que hizo ayer, 9 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al exigir a las autoridades procuradoras de justicia del Edomex que respeten y garanticen el debido proceso la coordinadora del colectivo “Zapata Vive”.

Kenia permanece recluida en el Penal de Chiconautla, Estado de México. Mañana 11 de junio, habrá una segunda audiencia en la que se determinará su libertad o su vinculación a proceso.