A 11 años, pocos resultados por la muerte de 49 niñas y niños de la guardería ABC

Pocos resultados por la muerte en guardería ABC
11 años han pasado desde entonces, y casi cien litigios entre juicios administrativos y penales conforman el caso ABC. FOTO: CIMAC NOTICIAS.

Hermosillo, Son. Hoy es día de duelo nacional por Acuerdo presidencial del 3 de junio de 2010. Tres presidentes de la República, tres gobernadores del estado de Sonora, cinco presidentes municipales, varios procuradores de justicia estatales y federales, un ejercicio de la facultad de investigación y uno de la facultad de atracción del caso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), han pasado desde entonces, y casi cien litigios entre juicios administrativos y penales conforman el caso ABC.

“En señal de duelo nacional, se acuerda el izamiento de la Bandera Nacional a media asta el día 5 de junio de cada año”, según el propio Acuerdo.

49 niñas y niños perdieron la vida y 106 quedaron lesionados de por vida, en la tragedia más increíble del mundo, en la que han muerto tantas niñas y niños por corrupción, avaricia y componendas entre los poderes político y empresarial, expresado en el incendio del 5 de junio de 2009 en esta ciudad.

La Guardería ABC guarda entre sus escombros el enjambre que se tejió durante años para que, con la anuencia de los gobiernos anteriores, el IMSS se convirtiera en una mina de oro, en donde el metal precioso eran los niños y niñas que acudían a ser cuidados, bajo muy mediocres estándares que el IMSS, los gobiernos anteriores y el gobierno del estado pasaron por alto.

Este día el gobierno federal en voz del Director General del IMSS Zoé Robledo Aburto, y el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, hicieron un recuento de lo que en el reciente año ha avanzado el proceso de justicia para todas las familias afectadas, y cómo el presidente de la República se ha reunido al menos cuatro veces con los diversos grupos de padres y madres ABC.

Los aspectos que destacaron fueron: el avance en la reparación del daño, con la extensión del fideicomiso para ese fin, la atención a 106 núcleos familiares que están inconformes con los montos por reparación del daño y que constituyen 82 litigios, así como la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República por el gobierno federal.

Expusieron el avance en la colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la queja presentada desde 2014 por dos familias afectadas por el fallecimiento de sus hijos, integrando la opinión de las familias correspondientes.

En el aspecto de la garantía de no repetición, destacaron el impulso y apoyo a la homologación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado, y Desarrollo Integral Infantil.

Dada la complejidad del caso, por la cantidad de responsables y de víctimas directas e indirectas, las familias se han conformado en diversos grupos y/o reagrupado en otros, según grado de afectación, por estrategia jurídica, por objetivos de la organización que han fundado en algunos casos.

Sin embargo, para algunos es éste el gobierno que en menor tiempo ha resuelto varios aspectos y ha sostenido encuentros con la totalidad de las familias que han acudido a las convocatorias, pues en otros casos como el de Enrique Peña Nieto, la indiferencia se tradujo en que nunca los recibió, ni se refirió al caso en ninguna ocasión.

Patricia Duarte Franco conforma una de las dos familias que interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2014, por la falta de justicia.

Para la mamá de Andrés Alonso García Duarte víctima fallecida en la Guardería ABC, el proceso se encuentra en un momento decisivo pues la SCJN debe resolver los amparos interpuestos por las familias que no estuvieron de acuerdo en las sentencias emitidas contra algunos de los responsables pues consideran que no son suficientes.

Patricia Duarte explicó a casi dos años de que la Corte ejerció la facultad de atracción no ha resuelto y la contingencia sanitaria por COVID-19 ha retrasado la resolución.

Es un reclamo que tienen padres y madres ante las sentencias que emitió el Tribunal Colegiado de Circuito, abundó.

Es una sentencia que viene desde el Juez de distrito, que emitió una sentencia “rasurada” para la magnitud de lo que ocurrió con la tragedia. Sin embargo, cuando se fue al tribunal Colegiado todavía se “rasuró” más, opinó.

Explicó que, por la relevancia del caso, la Corte atrajo los amparos en materia administrativa y penal. Es por ello que esperan una sentencia en firme, pues han transcurrido 11 años y todavía no existe justicia. Pero no solo las víctimas se han amparado, sino también los responsables señalados en la sentencia, lo que tampoco ha sido resuelto.

Para Patricia Duarte ha habido muchas deficiencias en todas las instancias ante las que han presentado denuncias, en diversos momentos y de distintos tipos. Se han abierto otras investigaciones que se han unido a la inicial que se abrió de oficio, pues se agregaron las denuncias de los niños lesionados que no eran reconocidos como tal.

Siete años duró la investigación oficiosa, aún con la que realizó una comisión especial de la SCJN que señalaba a responsables que no se han procesado, mucho menos sentenciado, por ejemplo, el ex gobernador Eduardo Bours Castelo.

Duarte Franco reveló que en este momento se encuentran en el periodo en que el Estado mexicano debe responder a la CIDH sobre las acciones que han realizado para procurar justicia. Agregó que hay diferencia con el gobierno anterior en donde se minimizaba el hecho de que las guarderías estuvieran dentro de un sistema de subrogación y que todo estaba bien.

En el caso del gobierno actual explicó que los ha tomado en cuenta para integrar la respuesta que debe presentar ante la CIDH, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es la primera vez que en un reclamo de esta naturaleza el Estado mexicano toma en cuenta a las víctimas para elaborar la respuesta, comentó.

Julia Escalante Barrios, madre de la niña Fátima Lucía Moreno Escalante, fallecida en el incendio de la Guardería ABC, informó que la SCJN quien atrajo los amparos tanto de las familias afectadas como de los responsables, tenía la intención de resolver en el primer trimestre del 2020, pero ante el advenimiento de la contingencia sanitaria, no hay fecha precisa para la resolución.

Julia tiene esperanza de que se resuelva a finales de año, y pueda haber una sentencia de parte de la SCJN. Considera que hay más de cien temas que están pendientes de resolución, de los varios juicios. En su caso, está incluida en proceso penal, civil y administrativo, comentó.

Agregó que el tema civil, como no se abordó correctamente por el abogado, ya prescribió. Son particularmente en lo penal y lo administrativo, los vigentes. La comunidad afectada ha pedido que se emita un solo criterio, sin embargo, han sido pospuestos.

Julia es parte de las familias que interpusieron amparos contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) al considerar que debería representarlos, pero su papel ha sido cuestionado pues se ha puesto en contra de las personas a las que representan.

Considera que alcanzan a ver una luz ante la resolución para 19 procesados, todos de niveles medio para debajo de las administraciones federal y estatal, en lo que la Corte tendrá que determinar la sentencia. Es entonces cuando resolverán si aceptan la sentencia o acuden a instancias internacionales como ya lo hicieron dos familias.

En cuanto al tema administrativo es importante que la Corte se pronuncie pues un hecho como el de la Guardería ABC, no tiene ningún precedente para crear un criterio. Comentó que ni siquiera sabían si iba a un juez penal o administrativo.

Ha sido un largo caminar, pero ahora lo que le toca a la Corte es entrar al fondo, determinar las características del daño en lo individual y medir según cada caso. Esto es porque por ejemplo, de los lesionados, hay diversos niveles, así como esto es distinto a quienes perdieron la vida.

Comentó que tenía muchas esperanzas en la SCJN al encontrarse en la presidencia el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien hizo la ponencia en 2010, en donde se revelaba el desastre que ocurría con las guarderías subrogadas del IMSS, y las componendas que dieron pie a que señalara como responsables tanto a funcionarios, políticos y particulares.

“Es un tema muy usado por los políticos, y por el sistema judicial”, finalizó.

Julio César Márquez Ortiz, cambió su residencia fuera de Hermosillo. Es padre del niño Julio César Márquez Báez “Yeyé”, otro de los niños que falleció en el incendio de la Guardería ABC.

Desde donde radica ha seguidoparticipando principalmente en lo que respecta a visibilizar la muerte de niñas y niños en guarderías, posterior al evento del 5 de junio de 2009 en Hermosillo.

Para 2019, Julio Márquez reportaba más de 80 fallecimientos inexplicados en guarderías tanto públicas como particulares.

Son muertes que podrían ser evitadas con la aplicación de la Ley que tanto él como otros padres y madres impulsaron, pues convertiría los cuidados en una obligación de primer nivel y transformaría el sistema de cuidado y desarrollo integral infantil en México.

Al exonerar a una socia de la Guardería ABC, -Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala- la sentencia abarca a 19 personas, 17 ex funcionarios públicos, y dos particulares, socios de la guardería, Sandra Tellez y Antonio Salido, dijo.

El juicio empezó en 2009, y fue hasta 2017 que se emitió la sentencia en primera instancia. Algunas fueron hasta de 29 años y otras, 10 años de prisión.

Recurriendo a la apelación, posteriormente llegaron hasta la SCJN con juicios de amparos que, de resolverse, concluiría el proceso en el ámbito nacional, y lo que seguiría son las opciones de justicia internacionales.

Desde octubre de 2018, se encuentra en la primera sala de la SCJN bajo la ponencia de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se comprometió a tener el proyecto de resolución para marzo de 2020. Sin embargo, no se ve para cuándo determine a resolver en la primera sala de la Corte.

Eso es en el ámbito penal, explicó, pero hay una carpeta de investigación –antes averiguación previa- radicada en la Ciudad de México, que tiene como origen la teoría del incendio provocado, en la cual está señalado como principal responsable el ex gobernador Eduardo Bours Castelo y algunos de sus colaboradores cercanos como el Secretario técnico, Juan Carlos Lam.