Tramitan amparos para que mujeres en reclusión con hijos obtengan preliberación
La población penitenciaria, familias y organizaciones tramitan amparos para que las mujeres en reclusión y sus hijas e hijos puedan obtener preliberación. FOTO: CANVA. ILUSTRATIVA.

Ciudad de México. Ante el riesgo de más brotes de COVID-19 entre la población penitenciaria, familias de mujeres internas y organizaciones civiles tramitan amparos para que las mujeres en reclusión y sus hijas e hijos puedan obtener el beneficio de la preliberación.

En México los contagios por este coronavirus llegaron a los centros de reclusión: en un penal de Cuautitlán, Estado de México, se reportaron cuatro casos y en Mérida, Yucatán, se documentó uno más, por lo que se han tomado medidas como limitar o cancelar las visitas.

La presidenta y cofundadora de Reinserta AC, Saskia Niño de Rivera, explicó en entrevista con Cimacnoticias, que internas del Estado de México y la Ciudad de México, que viven con sus hijas o hijos, están buscando que menores de edad pueden quedarse con familiares o en casas hogar durante la emergencia sanitaria.

Reinserta, organización que trabaja con mujeres e infancia en prisión, es el enlace con internas, el sistema penitenciario y las familias que están buscando este beneficio. Hasta el momento no hay un número certero de cuántas mujeres, niñas y niños podrían recurrir a estos mecanismos.

La idea, señaló Niño de Rivera, es proteger la salud de la niñez que vive con sus madres en prisiones. Hasta ahora la organización sabe que seis menores de edad fueron sacados de prisión, en el Estado de México, de manera temporal mientras se mantenga la pandemia.

Hasta agosto de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró que, en penales de 30 entidades federativas y en un Centro Federal, había una población total de 618 niñas y niños.

Según Reinserta, la cifra se actualizó a 800. De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, de 2016, las y los menores pueden vivir con sus madres hasta los 3 años de edad.

Debido a que se trata de menores de edad, Niño de Rivera mencionó que otra opción para cuidar su bienestar es garantizar espacios seguros y aislados para mujeres y sus hijas e hijos que están lactando, aunque explicó que no tiene conocimiento de que se hayan generado estas condiciones.

Además, debido a los cuatro casos detectados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, el Centro Penitenciario Neza-Norte, fue habilitado como hospital especializado para brindar atención médica a la población penitenciaria.

A este lugar fueron enviadas 78 mujeres, al parecer sanas para dejar la población varonil en el penal de Cuautitlán.

Aumenta el riesgo
Desde marzo, cuando comenzaron las medidas de confinamiento en los hogares, organizaciones civiles que trabajan con personas privadas de la libertad, como Reinserta, Documenta, Equis Justicia para las Mujeres y ASILegal, entre otras, alertaron que las cárceles son lugares de vulnerabilidad debido al hacinamiento, falta de atención médica y de productos de limpieza y aseo personal.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que periódicamente realiza la CNDH ha identificado sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno y deficiente calidad de los servicios necesarios para que la población interna tengan una estancia digna

Al llamado de atender esta situación se unieron organismos internacionales. El 31 de marzo las Oficinas en México de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamaron a salvaguardar la salud e integridad de 197 mil 516 hombres y 10 mil 827 mujeres en prisión.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó a tomar a las autoridades a tomar acciones como libertad a personas vulnerables al COVID-19, entre estas a mujeres de más edad y con enfermedades, así como a los detenidos menos peligrosos, es decir que cometieron delitos menores.

Desde el 14 de marzo la CNDH emitió medidas cautelares para las personas en reclusión, entre las cuales sugirió elaborar un plan a fin de mantener informada a la población penitenciaria, visitantes y personal penitenciario y seguir los consejos que emitan las autoridades sanitarias, además de garantizar insumos básicos como agua y jabón.

Desde su trinchera, las organizaciones civiles llamaron al gobierno a acelerar los procesos de libertad condicionada y libertad anticipada, como lo dicta la Ley Nacional de Ejecución Penal en sus artículos 137 y 141, con el objetivo de despresurizar el sistema penitenciario de manera inmediata.

El 13 de abril la CNDH informó de cinco personas privadas de la libertad; cuatro en el Estado de México y uno más en Yucatán.

En el caso del Estado de México, las cuatro personas fueron trasladadas al penal de Neza Norte, que fue habilitado para recluir a personas privadas de la libertad con COVID-19.

Hasta el domingo 12 de abril, la CNDH conoció que en las cárceles del país se tienen 22 sospechosos y para este miércoles son 24, que aún no se confirman, ni descartan, en espera de los resultados de laboratorio.

Población vulnerable
Este 15 de abril ASILegal emitió un posicionamiento público en el que aseguró que las autoridades tanto jurisdiccionales como gubernamentales han mantenido a la población privada de la libertad al margen de las prioridades en esta pandemia.

La organización recordó que se presentó el primer caso de un motín derivado de la cancelación de visitas y limitación de derechos en Guanajuato, donde se calculan, por lo menos, 6 lesionados.

También señaló que en Cuautitlán hubo manifestaciones de familiares luego de que este lunes se trasladara a 33 hombres y 78 mujeres a otro penal de Neza, como medida para evitar contagios, a lo que se sumó la suspensión de visitas.

ASILegal advirtió que se avecina una crisis penitenciaria de un potencial catastrófico, tanto desde el punto de vista de contagios como de motines, el cual, además, lo que parece alentar a las autoridades a actuar en retroceso en materia de prevención y Derechos Humanos.

En respuesta a la crisis, organizaciones como Documenta están promoviendo amparos para conseguir la preliberación de personas en riesgo de contraer el virus.

Saskia Niño de Rivera consideró que ante una situación extraordinaria es necesario implementar medidas extraordinarias, por eso en Coahuila y el Estado de México se están promoviendo la preliberación como una medida humanitaria, aunque en general estas solicitudes se deben hacer por medio de amparos y la decisión queda en manos de los jueces.