Explicó que tendrá como objetivo reducir el número de requisitos y cargas administrativas para la apertura y establecimiento de negocios o empresas de toda clase de giros mercantiles, industriales o de servicios.
Además, permitirá diferenciar actividades de alto impacto de las de mediano y bajo impacto, y generar períodos más cortos para la realización de los trámites, pasando de 30 días a 15 días, en promedio.
Asimismo, el diputado aseguró que esta reforma permitirá abreviar los plazos de las evaluaciones de cada materia, y otorgará certeza jurídica y claridad en la gestión económica.
“Es crear un modelo de gestión ágil basada en la confianza con el empresariado. Hoy, más que nunca, el gobierno en sus tres ámbitos de competencia, tiene que dar muestras fehacientes de la confianza que tiene a sus empresarios, a los pequeños negocios para que estos no cierren, y no caigamos de una pandemia y una emergencia sanitaria en un verdadero desastre económico”, destacó.
Asimismo, el legislador priísta expresó que es necesario que los legisladores están obligados a adecuar las normas a las condiciones en que se encuentra actualmente al sociedad, para minimizar el impacto que tendrá el COVID-19 en la entidad.
“Lo que corresponde a los legisladores es fundamentalmente las reformas necesarias, la adecuación de la norma jurídica del estado lo que le da viabilidad al estado de derecho de Querétaro. No estamos para nada extraviados o perdidos, aquí estamos dando la cara”, señaló.
Indicó que preocupa también que ya existen amenazas a los trabajadores sobre la pérdida del empleo, o la no remuneración por la obligatoriedad del aislamiento en casa que representa la fase 2 de la contingencia por el Coronavirus.
“Se debe respetar de forma irrestricta el estado de derecho, por las amenazas que ya, habrá que decir, están presentes contra algunos trabajadores, de cambios a las normas”, dijo.