“Exigimos que se abstengan de utilizar al ejército y a las fuerzas de seguridad en funciones que no les corresponden y se garantice el total respeto a los Derechos Humanos, y que no aprovechen la situación de excepción generada por la emergencia para agredir o criminalizar a activistas, periodistas, organizaciones y personas defensoras de Derechos Humanos”, escribieron en un comunicado.
Para afrontar la crisis, es necesario aplicar una perspectiva integral de cuidado colectivo y Derechos Humanos, “teniendo en cuenta la dimensión sanitaria, social y económica, desde un enfoque interseccional en términos de clase, etnia, edad, orientación sexual y género.”
Las organizaciones recordaron que la irrupción a escala global del COVID-19 está teniendo y tendrá impactos desproporcionados sobre las mujeres y sus comunidades. Llegaría a un mundo que ya enfrenta serias crisis, por ejemplo, de cuidados, de cambio climático, de violencia y desigualdad.
Planes de emergencia, basados en militarización
“Este modelo, basado en la depredación capitalista, racista y patriarcal, en palabras de nuestra compañera Berta Cáceres, durante décadas se ha centrado en los mercados y las lógicas neoliberales, destruyendo las estructuras institucionales, comunitarias y culturales de cuidado colectivo.
Por la destrucción de lo público y desprecio de lo común, hoy se nos dificulta afrontar situaciones como ésta desde una mirada de Derechos Humanos y justicia social”, escribieron las organizaciones.
Manifestaron su preocupación respecto a que los gobiernos se aprovechen de la crisis para profundizar y normalizar ante la opinión pública sus políticas de control social. Informaron que en Honduras, El Salvador y Guatemala ya se aplicaron planes de emergencia “basados en la militarización, la suspensión de derechos fundamentales o toques de queda, fortaleciendo el autoritarismo.
En Nicaragua nos preocupa que el Gobierno omita su responsabilidad en la respuesta a la emergencia sanitaria y niegue el acceso a información de salud.”
También advirtieron que los estados de emergencia habrían limitado el derecho de manifestación y expresión, y el libre desarrollo de las actividades de las defensoras de Derechos Humanos. La organización registró agresiones contra mujeres defensoras en Honduras, El Salvador y Gualtemala, en el marco de la crisis.
Hace una semana, un grupo de expertas y expertos de las Naciones Unidas exhortó a los Estados a “evitar el exceso” de las medidas de seguridad en respuesta a la pandemia.
“Las declaraciones de estados de emergencia, ya sea por razones de salud o seguridad, tienen una guía clara del derecho internacional, cuando los derechos fundamentales, incluidos el de movimiento, el de la vida familiar yel de la reunión se ven limitados sustancialmente”, apuntaron en un comunicado.
“Las restricciones tomadas para responder al virus deben ser motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no usarse simplemente para sofocar la disidencia”, señalaron.
IM-Defensoras, llamó a organizaciones, colectivos, movimientos sociales y población en general, a promover la solidaridad, afrontando la situación actual con “todos los medios, creatividad y energía a nuestro alcance para mantenernos sanas”, así como construir alternativas de vidas que “cada vez son más urgentesy necesarias”.