Santiago de Chile, febrero (SEMlac).- El último informe de los avances en la implementación de la "Estrategia de Montevideo" reconoce el liderazgo de los mecanismos para el adelanto de las mujeres en los procesos de transversalización del enfoque de género en el Estado y compromete a toda su estructura.
También establece que es crucial la participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, así como la cooperación regional e internacional en el avance hacia la igualdad sustantiva.
La Estrategia de Montevideo, reconocida desde 2016 como una herramienta que brinda a los Estados de América Latina las orientaciones necesarias para pasar de los compromisos regionales e internacionales a la acción transformadora, se ha propuesto explícitamente erosionar los nudos estructurales de la desigualdad de género que dificultan la promoción de un desarrollo sostenible basado en la igualdad de género y la autonomía de las mujeres.
Precisa que dada la complejidad de los nudos estructurales de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe y sus diversas vinculaciones, es fundamental abordarlos de manera conjunta para lograr la autonomía de las mujeres y la igualdad de género en la región, avanzando de lo formal a lo sustantivo.
Los cuatro nudos estructurales permiten identificar los pilares sobre los cuales puede construirse la igualdad sustantiva en la región: La desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza; los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y el predominio de la cultura del privilegio; la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público.
La pobreza de las mujeres, la mayor desigualdad
En 2017, por cada 100 hombres que vivían en hogares en situación de pobreza en la región, se registraban 113 mujeres en la misma situación.
Si bien la medición de la pobreza se realiza a nivel de los hogares, las diferencias entre mujeres y hombres constituyen un factor relevante de desigualdad en la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema.
La menor participación de las mujeres en el empleo limita su posibilidad de generar ingresos, por lo que, en la región, una de cada tres mujeres mayores de 15 años (que no estudia de forma exclusiva) no cuenta con ingresos propios, en comparación con uno de cada 10 hombres en la misma situación.
La situación de pobreza de las mujeres de la región está fuertemente relacionada con su participación en el mercado laboral y con las barreras que enfrentan para la realización de actividades remuneradas, su tasa de participación laboral en América Latina y el Caribe sigue estancada en torno al 50 por ciento. Esto significa que la mitad de las mujeres de América Latina y el Caribe no están vinculadas al mercado laboral.
En la región, las mujeres siguen estando muy sobrerrepresentadas en los empleos del servicio doméstico y entre los trabajadores familiares auxiliares, que son las categorías de empleo con remuneraciones más bajas y más vulnerables.
Las mujeres, en el medio rural, que participan de la agricultura y utilizan los recursos naturales, aún enfrentan más dificultades que los hombres a la hora de acceder a la propiedad de la tierra o controlar los activos productivos que se utilizan en su explotación. Según datos de los censos agrícolas de la región, las mujeres representan solo entre el ocho y el 30 por ciento de los titulares de tierras agrícolas (FAO, 2019).
Además, la falta de garantías económicas o de posesión de tierra o bienes limita, a su vez, el acceso a créditos y productos financieros.
Se ha reconocido que la desigualdad de género no es un fenómeno aislado, sino que se vincula y potencia con otras desigualdades, como la económica, y entre ambas se produce un círculo vicioso que, hasta ahora, las estrategias de desarrollo impulsadas en la región no han logrado romper.
Problema crítico, la discriminación y violencia por razón de género
A nivel regional, varios países de América Latina han sido testigos del resurgimiento de movimientos sociales y feministas que emergen con fuerza en contra de antiguas y nuevas formas de violencia que afectan a las mujeres.
Dichas movilizaciones muestran la necesidad de trazar vínculos entre el feminicidio y aquellas otras violencias que todavía no se registran entre las prioridades de las políticas que persisten debido a que se encuentran en la base de la estructura social, política y económica, donde yacen los patrones patriarcales discriminatorios y violentos.
En la actualidad es la violencia contra las defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente, así como aquella que se ejerce a través de los medios de comunicación de masas, que plantean grandes retos en la región.
En la mayoría de estos países, el feminicidio se concentra en mayor proporción en el ámbito de las relaciones de pareja. Esta situación se invierte solo en El Salvador, Guatemala y Honduras, estados donde los feminicidios se encuentran conectados o vinculados a diversas formas de violencia social.
Se destaca que en 2018 los países de la región acordaron, en el ámbito de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, incorporar la tasa de feminicidios por cada 100.000 mujeres al conjunto de los 154 indicadores priorizados para el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto representa un avance en lo que respecta a la visibilización y la legitimización estadística de esta problemática social.
La discriminación y la violencia por razón de género contra las mujeres continúa siendo un problema crítico que se manifiesta en diversos espacios y en múltiples formas, pese a los avances realizados durante las últimas décadas.
Ello implica hoy un doble desafío para los países de América Latina y el Caribe: Abordar, por un lado, la persistencia de pautas patriarcales, que se sostiene en el tiempo y opera tanto en la esfera pública como en la privada, y, por otro lado, el neoconservadurismo que acompaña a discursos sociales e institucionales que emergen contra los derechos y la autonomía de las mujeres y amenazan los avances logrados.
Resistencia a la participación de las mujeres en ámbitos de poder
La estructura de los sistemas políticos, históricamente monopolizados por hombres, se sostiene sobre una base política, cultural, económica y social que es patriarcal y que continúa oponiendo resistencia a la presencia de las mujeres en ese ámbito.
En la actualidad, los únicos países donde el máximo cargo del Poder Ejecutivo lo ocupa una mujer son Barbados (Primera Ministra) y Puerto Rico (Gobernadora). No obstante, la participación de las mujeres en las fórmulas presidenciales se ha ido incrementando y, sobre todo en América Latina, estas han asumido el rol de vicepresidentas en numerosos casos.
Si bien se reconocen avances en la implementación de algunos compromisos y medidas de acción afirmativa, como las cuotas o cupos electorales, las democracias de la región siguen en deuda con las mujeres.
De acuerdo con los datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG), en el promedio regional, la presencia de las mujeres en los órganos legislativos nacionales alcanza el 31,5 por ciento y, entre los jueces del máximo tribunal de justicia, el 32,1 por ciento, cifras que superan el techo del 30 por ciento que se había mantenido durante los últimos años en estos niveles de toma de decisiones.
En el caso del Poder Ejecutivo, el promedio regional de América Latina y el Caribe aún se mantiene por debajo del 30 por ciento.
En la actualidad, prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe cuentan con la presencia de mujeres en sus gabinetes ministeriales, pero las ministras siguen concentradas en carteras vinculadas al área social y cultural (51 %). Si bien su presencia en el área económica ha experimentado una leve alza (25 %), esta ha descendido en el área política (17 %) en relación con los dos períodos anteriores, en que se había llegado al 22 por ciento.