Amenazan a directora de AI luego de publicar informe sobre Chile

Ciudad de México. La directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Amancay Piquer, recibió amenazas de muerte a través de su correo electrónico, tras el informe que la organización presentó el pasado 21 de noviembre sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos de las personas manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera.

“No dice, ‘te vamos a matar’ en esos términos, pero sí dice que si sigo haciendo lo que estoy haciendo puedo terminar en un ataúd”, afirmó Piquer en una sesión de la comisión revisora de acusación constitucional contra Sebastián Piñera. Dicha comisión lleva a cabo un procedimiento ante el Congreso chileno para determinar si el presidente incurrió en una infracción constitucional que justifica su destitución.

Piquer agregó que hasta ahora ha sido el único incidente, y que su equipo está haciendo las gestiones para denunciar el caso. El informe de Amnistía ha encontrado una férrea resistencia en el gobierno chileno desde su publicación. El documento fue rechazado “categóricamente” por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien dijo que incurre en “aseveraciones irresponsables”.

En el informe, AI señaló que las fuerzas de seguridad chilenas, principalmente el Ejército y los carabineros (la policía federal) estarían usando la fuerza “de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”, lo que llevó a los altos niveles de personas muertas y heridas. Hasta el 21 de noviembre, la organización contabilizó cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas.

La intención de las fuerzas de seguridad chilenas sería clara, denunció ese día Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional: “Lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de Derechos Humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas.”

En el informe, AI consideró que las violaciones de Derechos Humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad “no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el ‘modus operandi’ llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros.” Al mismo tiempo, analizó que el grado de coordinación necesario para sostener la represión violenta, sólo podría conducir a pensar en que la responsabilidad al más alto nivel ordenó o toleró la represión.

Bajo los ejes temáticos “Uso letal de la fuerza”, “Tortura y malos tratos”, y “Lesiones graves y armas potencialmente letales”, la organización detalló casos específicos de personas asesinadas a manos de oficiales, el trato después de una detención, y el uso según convenciones internacionales inadecuado de armas. La mayoría de las víctimas mencionadas, también en un caso de tortura sexual, fueron hombres.

En un caso, una niña de 15 años de edad recibió múltiples perdigones de goma de un policía que disparó desde un coche oficial en movimiento, mientras ésta se encontraba en una concentración pacífica en la localidad de Cerrillos en la Región Metropolitana. Los perdigones le impactaron el ojo izquierdo, la parte frontal de la cabeza, el hombro y el cuello.

En otra ocasión, un oficial de Carabineros le disparó a una mujer de 24 años sin previo aviso una bomba lacrimógena que impactó su ojo derecho mientras se manifestaba de forma pacífica. Ella, “forma parte de las decenas de personas que han sufrido daño ocular severo ya sea por impacto de bomba lacrimógena o por un cañonazo de agua en contextos de manifestación.”

Amnistía denunció que en varias ocasiones las autoridades obstaculizaron la labor de abogadas y abogados, personas defensoras de Derechos Humanos y personal médico. También fueron lesionadas o golpeadas personas mientras prestaban primeros auxilios en manifestaciones.

La organización concluyó su informe con varias recomendaciones al gobierno chileno, entre ellas sólo usar las armas letales de forma excepcional y no como un medio de disuación; investigar la responsabilidad del mando en las violaciones a Derechos Humanos; llevar a cabo reformas legislativas; y emprender “una reforma seria y profunda” de la policía.