Ayer 16 de octubre continuó la audiencia sobre las medidas de reparación del daño que deben recibir los familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) determinó la culpabilidad de Jorge Luis González Hernández en el feminicidio de Lesvy, perpetrado el 3 de mayo de 2017 en una caseta telefónica frente al Instituto de Ingeniería del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
A Araceli le cuestionaron qué medidas podrían satisfacer la irreparable pérdida de su hija. Reflexionó. Sabe que es imposible regresar el tiempo para volver a estar con su hija. Así que pidió al Tribunal “lo humanamente posible” que la Justicia mexicana podría garantizarle: retomar su proyecto de vida.
Que un día le dejen de llamar la “mamá de Lesvy”, para simplemente estar frente a un grupo de alumnos e impartirles clases, que es su profesión; concluir su segunda carrera de psicología; después, estudiar una maestría. Aceptar e incluir en su vida cotidiana la ausencia de “Ber”, como llama a su hija.
En esta parte del proceso judicial para el acceso a la justicia en el caso de Lesvy, antes de llegar a una sentencia y la definición de años que Jorge Luis González pasará en prisión, el Tribunal debe determinar las medidas de reparación a las que accederán los familiares de Lesvy como víctimas indirectas, por lo que comparecieron siete testigos quienes hablaron del impacto que generó el feminicidio de Lesvy en sus familiares y comunidad cercana como sus amigas.
Para ello la psicóloga Ximena Antillón Najlis, experta en acompañamiento de casos de violaciones a Derechos Humanos consultada por la asesoría legal de la familia, elaboró un peritaje de los impactos psicosociales del feminicidio de Lesvy y las medidas de reparación que serían deseables en este caso.
Antillón recomendó al Tribunal cuatro dimensiones de reparación del daño acorde a los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH): 1) Rehabilitación: que la familia tenga atención psicológica, médica y reconstrucción de su proyecto de vida; 2) Medidas de satisfacción: dignificar la memoria de Lesvy Berlín y la lucha de sus familiares en búsqueda de verdad y justicia, tener un sentencia emblemática, sancionar a los servidores públicos que obstruyeron el acceso a la justicia, crear un memorial para la joven y otras víctimas de feminicidio en México; 3) Medidas de no repetición: estas son de alcance estructural, que las instituciones generen protocolos de atención para víctimas indirectas del feminicidio, y protocolos para el manejo de casos de feminicidio por parte de medios de comunicación; 4) Compensación económica.
Sobre este último punto, Antillón Najlis explicó al Juzgado que la indemnización a la familia podría calcularse restando la edad de Lesvy (22 años de edad) a la edad promedio que viven las mujeres en México, 76 años. La cifra se multiplica por la profesión que hubiera desarrollado Lesvy, quizá maestra porque dominaba cinco idiomas. Se suma además el suelo que la familia dejó de recibir por abocarse a buscar justicia. De esta manera –dijo la experta- la CoIDH calculó la indemnización que debía pagar el Estado mexicano en el caso conocido “Campo Algodonero” por los casos de feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Mañana 18 de octubre el Tribunal conformado por tres jueces dará un fallo de la reparación del daño que debe asegurarse en el caso, a partir de esta recomendación y los deseos externados por la familia de Lesvy. Después, en un periodo de cinco días hábiles darán la sentencia final en el caso.
La PGJ ha solicitado la pena máxima para Jorge Luis, 60 años de prisión. En esta audiencia la defensoría pública del acusado externó a los jueces que desean la pena mínima para el hombre de 31 años, 30 años de prisión.
“Un dolor para toda la vida”
Cuando cuestionan al señor Lesvy Rivera Calderón sobre cómo afronta el dolor de la pérdida de su hija, no tiene forma de responder. Él y Araceli Osorio coinciden que no han tenido tiempo de trabajar el duelo, pues han volcado sus esfuerzos en la búsqueda de justicia y verdad para su hija a lo largo ya, de 2 años y medio.
Ximena Antillón explicó que el impacto traumático del feminicidio no sólo está dado por el hecho en sí mismo que es extremadamente violento y genera un “sin sentido” en los familiares. También en la respuesta que tengan las autoridades del Estado y la sociedad. En este caso, fue la propia Procuraduría de Justicia quien culpabilizó a la víctima y expuso a la sociedad que la joven de 22 años de edad se había suicidado, no estudiaba y consumía alcohol y drogas. Mientras los medios de comunicación se encargaron de difundir esa voz oficial.
Tanto Araceli como Lesvy han abandonado sus trabajos para concentrarse en demostrar que su hija no cometió suicidio, sino que Jorge Luis la violentó por meses hasta privarla de la vida con el cable de un teléfono público en la UNAM.
Como consecuencia de la pérdida de su hija, las circunstancias tan violentas que rodearon su muerte y la violencia institucional que han enfrentado, ambos han experimentado depresión moderada, estrés postraumático, tristeza, angustia, tensión, ansiedad, incertidumbre que se manifiesta en dolores en el cuerpo, trastornos de sueño y posiblemente en enfermedades en el futuro.
Estas manifestaciones fueron corroboradas por tres peritajes: el elaborado por la psicóloga Ximena Antillón, otro por la perita psicóloga de la PGJ, Coral Santiago Aguilar, y uno que elaboró personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) para la integración de la Recomendación 01/2018, en que se determinó la falta de debida diligencia en la investigación del feminicidio de Lesvy. Todas comparecieron ante el Tribunal.
A pesar de estas afectaciones Araceli y Lesvy Rivera manifestaron que no han podido acudir a una terapia de rehabilitación. Y es que no sólo no tienen tiempo para el duelo, de acuerdo con las tres psicólogas no hay institución en México especializada en la atención de víctimas indirectas de delitos graves como es el feminicidio; aún cuando en el país, 9 mujeres y niñas son asesinadas al día, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.
La PGJ, por medio del Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento (Adevi), sólo se encargó de diagnosticar el tipo de terapia que necesitan los padres de Lesvy. Recomendaron llevar una sesión cada semana por un año. El costo, 29 mil pesos en promedio por cada uno. Todo lo tendrían que cubrir de sus bolsillos.
Encima, las sesiones sólo servirían para “estabilizar” a los familiares, explicó la perita Coral Santiago, porque un proceso de duelo lleva entre dos años o más. Además, Lesvy no murió por una enfermedad, accidente o como quisieron afirmar en un inicio, un suicidio. A sus 22 años de edad fue violentada por cuatro meses por su entonces pareja, Jorge Luis González, hasta que la asesinó de forma violencia. Esto causa un trauma en los familiares dijo Ximena Antillón.
De acuerdo con la experta, no sería deseable que las instituciones del Estado den la atención psicológica a la familia de Lesvy, porque como ocurre en otros casos de feminicidio, existe una pérdida de confianza en ellas al ser quienes propician la impunidad, los revictimizaron y estigmatizaron. En el Adevi, ejemplificó, se dijo a la familia de Lesvy que “iban a salir con cheque”.
“Se pierde el sentido de la reparación del daño, que sea de manera digna y con estándares. El dolor no se puede hacer un monto”, dijo la psicóloga perteneciente a la asociación civil Fundar.
El feminicidio de Lesvy también trastocó su entornó inmediato. Su mejor amiga, Lizeth habló a los jueces de los planes que tenían: terminar la carrera, poner un negocio, viajar y seguir en la estudiantina. Lesvy pertenecía al grupo de estudiantina femenil de la UNAM, seis de sus integrantes la abandonaron a partir de su feminicidio.
Pero el dolor de los familiares también se ha transformado en resistencia, Antillón señaló que la búsqueda colectiva de justicia con jóvenes, colectivas feministas, estudiantes se ha convertido una de las formas principales de la familia de Lesvy en el afrontamiento del feminicidio.