OSC deben participar en seguimiento de AVG de CDMX

En los procesos de solicitudes de las AVG la participación de las organizaciones de la sociedad civil debería garantizarse frente a la violencia feminicida. FOTO: CIMAC NOTICIAS.

Ciudad de México.- En los procesos de solicitudes de las Alertas de Violencia de Género (AVG) la participación de las organizaciones de la sociedad civil debería garantizarse porque son las principales interesadas en accionar una intervención del Estado frente a la violencia feminicida contra mujeres y niñas.

Así lo consideró la integrante del Grupo de Trabajo que atendió la petición de la sociedad civil de activar el mecanismo de AVG en la Ciudad de México, la doctora en derecho Aleida Hernández Cervantes.

Cimacnoticias consultó a la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (CEIICH-UNAM) quien habló en entrevista sobre el proceso judicial que enfrenta el mecanismo de Alerta en la Ciudad de México y el papel de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en éste.

Hernández Cervantes fue una de las que votó a favor de activar la AVG en las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, pero su opinión así como la del resto de integrantes del Grupo de Trabajo, no fue considerada por la Conavim. El organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) concluyó el 7 de junio de 2019 que la declaratoria de AVG para la capital del país no procedía pues consideró suficientes las medidas que impulsaba la jefa de Gobierno en turno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Las organizaciones civiles peticionarias (Justicia Pro Personas y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria) interpusieron un amparo contra la resolución y consiguieron que un Juez de Distrito ordenara a la Conavim activar el mecanismo el pasado 11 de septiembre pero la Comisión se inconformó con la medida de “otorgar participación activa a las organizaciones peticionarias” que consideró el Juez dentro de su sentencia, estancando así la activación de protección para las capitalinas.

La doctora en derecho puntualizó que la Conavim al cerrarse a la participación de las organizaciones civiles en el seguimiento de la AVG está haciendo una interpretación restrictiva del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) toda vez que la Ley y su reglamento aunque sólo consideran a las organizaciones de la sociedad civil para plantear una petición de AVG, sí tienen un interés legítimo de conocer el proceso, al ser ellas las representantes de las mujeres afectadas por la violencia feminicida, tal como lo tiene la parte señalada, que son los gobiernos estatales.

Por ejemplo, señaló Hernández Cervantes, el gobierno de la Ciudad de México sí tiene participación en el proceso de AVG por medio de la Secretaría de las Mujeres, quien lo representa dentro del Grupo de Trabajo, el equipo encargado de investigar los hechos denunciados en las peticiones de AVG, emitir recomendaciones a las autoridades y estudiar si las cumplieron.

Cabe recordar que el artículo 36 del Reglamento, señala que el Grupo de Trabajo para cada solicitud de Alerta admitida debe constituirse por cuatro representantes de las instituciones: la Conavim, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad federativa de la que se trate, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Así como cuatro académicas (dos a nivel nacional y dos de la entidad federativa en la que se pidió la AVG).

La profesora en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que el Reglamento que regula el proceso de AVG no restringe explícitamente la participación en el proceso de la sociedad civil, incluso el Grupo de Trabajo tiene la facultad de invitar a organizaciones y organismos internacionales. De ahí que se podría permitir a las agrupaciones civiles seguir “momentos clave”, con voz, pero sin voto, como vigilar las acciones que emprenden los gobiernos locales, escuchar el informe que emite el Grupo de Trabajo y cuando este informe se presente a las autoridades correspondientes, propuso.

De fondo, dijo la doctora Aleida Hernández, “la Conavim no debería litigar si las organizaciones civiles deben estar en el proceso o no, sino en estar pendientes de que otras instituciones de procuración e impartición de justicia, así como de atención a la violencia contra las mujeres, estén cumpliendo su deber. Concentrarse en ese tipo de detalles es obstrucción para garantizar los derechos de las mujeres y su acceso a la justicia”, aseveró.

Las organizaciones y su participación en procesos de AVG
Aunque no está clara su intervención en la normativa, las organizaciones civiles han formado parte activa en las distintas fases de los procedimientos de AVG dependiendo la apertura de los gobiernos estatales. Por ejemplo, acercan información relevante a los Grupos de Trabajo sobre los contextos locales de violencia; les facilitan el contacto con víctimas directas e indirectas de esta violencia; participan en las mesas de seguimiento a las acciones; o son consultadas por las autoridades estatales.

Para las organizaciones de la sociedad civil el mecanismo de AVG ha sido una herramienta de presión política para que los gobiernos estatales corrijan marcos normativos violatorios de los Derechos Humanos de las mujeres y situaciones de violencia feminicida que están desatendidas. De acuerdo con el diagnóstico al instrumento que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 90 por ciento de las peticiones de AVG las han presentado organizaciones civiles.

Inclusive, han sido las agrupaciones civiles quienes han motivado los ajustes al mecanismo para sus mejores resultados. Antes de la reforma del Reglamento de la LGAMVLV, en 2013, el procedimiento establecido no permitió que las solicitudes de Alerta presentadas fuesen admitidas porque dependían de la opinión de las 32 entidades federativas. Las únicas solicitudes que prosperaron fueron mediante recursos de amparo interpuestos por las organizaciones civiles, tal es el caso emblemático del Estado de México que evidenció las barreras políticas que enfrentaba el mecanismo.

“Lo que veo es una cerrazón para activar un mecanismo que fue producto de luchas de demandas historias de las mujeres desde Ciudad Juárez hasta ahora que sigue el problema de feminicidio”.

Actualmente en 18 entidades federativas está activo el mecanismo de Alerta de Género, desde la Secretaría de Gobernación se ha dicho que se está evaluando pues no ha tenido los resultados deseados. El mismo argumento utilizó la jefa de Gobierno Sheinbaum Pardo, para insistir que no se necesita el instrumento de protección para las mujeres en la Ciudad de México.

En tanto, será un Tribunal Colegiado quien determiné si la Conavim tiene razón en sus argumentos de no aceptar la participación de las organizaciones civiles.