En noviembre comenzarán operativos contra apartado de lugares

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El director de Gestión para la Movilidad, confirmó que a principios de noviembre podrían comenzar los operativos de retiro de obstáculos para apartado de lugares en la vía pública.

Querétaro 13 Octubre 2019.- El director de Gestión para la Movilidad en el municipio de Querétaro, Gerardo Ríos Quezada, confirmó que a principios de noviembre podrían comenzar con los operativos de retiro de obstáculos para apartado de lugares en la vía pública.

Aseguró que este proceso, se comenzó desde marzo, con la sensibilización a la población sobre las violaciones al artículo 66 del reglamento para la movilidad y el tránsito de la capital.

Y en este sentido, afirmó categóricamente que esta disposición deberán acatarla todos, sin distinción, por ser via pública, por lo que descartó que las dependencias gubernamentales puedan apartar lugares en la calle.

“Te voy a ser muy claro, y de acuerdo a la postura de la Secretaría de Movilidad: es vía pública y todo se mide con la misma vara. Sí les haremos llegar una circular, un informativo. No vamos a tener condescendencia ante las conductas. Es parejo para todos”, argumentó.

Ríos Quezada indicó que solo aquellos espacios con señalética especial para situaciones de emergencia permanecerán respetados.

Por otro lado, el director explicó que los operativos estarían integrados por dos o tres elementos de la secretaría, una camioneta y un ciclista, realizando rondines constantes.

La intención, dijo, es hacer valer las disposiciones ante los juzgados cívicos, para que se respete y se registre de manera correcta los procedimientos de decomiso, reclamación y sancion o multa económica.

De esta manera, Gerardo Ríos adelantó que ya se otorgó un predio por parte de la Secretaria de Administración, para que funja como almacén de los artículos que sean retirados de la vía pública. Detalló que se está en espera de concluir con las adecuaciones al predio.

Por último, el funcionario recordó que el reglamento establece como multas de 20 a 300 UMAS, y el juez cívico la impondrá siempre y cuando el dueño vaya y reclame los artículos. Si durante un periodo de 30 dias no hay reclamación, se dispondrán los artículos para ser destruidos.