México: Fortalecer el marco jurídico de salud sexual y reproductiva

Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para que, desde su trinchera. Foto: Ocu.org.

México, octubre (SEMlac).- Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para que, desde su trinchera, no frenen el avance que fortalecerá el marco jurídico de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva.

Precisó que garantizar y proteger el derecho a decidir es un componente fundamental para avanzar hacia una política integral del Estado, que abarque desde una educación completa en sexualidad, hasta un cambio cultural e institucional que no criminalice a las mujeres por interrumpir su embarazo, ya sea sobre la decisión en el ejercicio de su libertad o por haber sido víctima de un delito sexual.

Resaltó que los diputados están frente a una oportunidad histórica, por lo que pidió tener la fuerza y convicción para garantizarles a las mujeres una vida digna con la posibilidad de decidir por su vida, cuerpo y sus derechos.

“Nuestras abuelas nos dieron el voto, nuestras madres la paridad y nosotras el derecho a decidir”, afirmó durante la presentación de la iniciativa de Reforma a la Ley General de Salud en materia de Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres en la Cámara de Diputados.

Por su parte, la diputada Wendy Briceño, que preside la Comisión de Igualdad de Género, señaló que el contar con una mayoría responsable en la Cámara ha hecho posible que se presenten varias iniciativas orientadas a la interrupción legal del embarazo, como la del diputado Porfirio Muñoz Ledo, a pesar de que durante años no fue posible abordar el tema.

“Qué sucede cuando hay más de una iniciativa, se pueden dictaminar en conjunto, lo cual permitirá complementar la propuesta para que quede lo mejor posible”.

También dijo: “Quiero reconocer a Oaxaca y sabemos que Hidalgo pronto se sumará a la legislación a favor de la interrupción del embarazo; tendrán nuestro acompañamiento, así como de los colectivos feministas, pues ello permitirá caminar hacia el progreso de las garantías de las mujeres”.

Nadine Gasman celebró el avance histórico de Oaxaca y destacó que falta mucho más por avanzar, respecto de la armonización legislativa y generar políticas públicas que permitan servicios de calidad a fin de proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, conforme con los más altos estándares internacionales en derechos humanos.

Al citar las cifras de embarazos de niñas, adolescentes y mujeres, aseguró que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos conforme lo indica la norma 046 violencia familiar, sexual y contra las mujeres y la Ley General de Víctimas.
De acuerdo con las estadísticas de interrupción legal del embarazo de la Ciudad de México, siete de cada 10 mujeres que decidieron abortar tenían entre 18 a 29 años, un período de vida en la que se impulsa su vida académica y laboral.

En el caso de las niñas, las cifras son alarmantes, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población en 2016 todos los días en el país 32 niñas se convirtieron en madres; es decir, 11.808 niñas entre 10 y 14 años.


Mayoría en el congreso abre el debate

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), señaló que el Estado debe garantizar a las mujeres la plena salvaguarda de sus derechos sexuales, reproductivos y permitirles la interrupción legal del embarazo, y que ahora que hay una mayoría responsable en el Congreso, no se puede ignorar que a diario se registran muertes por malas prácticas a causa de que ellas sufren precariedad económica y tienen el poco acceso al sistema básico de salud.

Indicó que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), entre 2013 y 2018, 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 años dijo haber estado embarazada. De ellas, poco más de un millón manifestaron haber tenido al menos un aborto, pero en estas cifras no hay claridad de las condiciones en las que se interrumpió embarazo.

La diputada Sandra Paola González Castañeda (Morena), organizadora del evento, destacó que esta propuesta que plantea la autonomía reproductiva de las mujeres, “representa un concepto que jamás se había tocado en la Constitución y que ahora ya lo vamos a tener”.

A partir de la frase autonomía reproductiva, expuso, “es como nosotras empezaremos a trabajar este concepto en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, antes de llegar al Código Penal Único; queremos políticas públicas efectivas e iniciativas fundamentadas en los derechos humanos y en lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tratados internacionales”.

Apuntó que la iniciativa que hoy se presenta plantea la modificación de los artículos 329, 330, 331, 332 y la derogación del 333, 334 del Código Penal Federal; las adiciones de la Fracción V Bis del artículo 3, de un párrafo Cuarto al artículo 10 Bis, del Capítulo VI Bis y del artículo 71 Bis de la Ley General de Salud, con el propósito de reconocer y garantizar los derechos sexuales, incluyendo la interrupción del embarazo en condiciones de calidad cuando las mujeres así lo soliciten.

La presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván (Morena), indicó que 29 entidades federativas establecen, como causal de exclusión o no punibilidad, que el aborto sea resultado de una conducta imprudencial o culposa; en 23, que exista peligro de muerte de la mujer embarazada; 15, que la mujer enfrente riesgo a su salud; en 16, que el producto presente alteraciones congénitas o genéticas graves; 15, que el embarazo sea resultado de inseminación artificial no consentida. En dos, que haya causas económicas para interrumpir el embarazo.

Señaló que la interrupción voluntaria del embarazo en México responde a una demanda de mujeres de todas las edades, niveles educativos y condiciones socioeconómicas, y que el marco de la ley en la Ciudad de México ha garantizado que los servicios se presten por personal calificado, tecnología recomendada, excelentes condiciones de higiene y óptimas garantías, seguridad y de acuerdo con las recomendaciones y evidencias internacionales.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena) detalló que, de los foros realizados en 22 ciudades de 20 estados de la República, emanó la iniciativa que hoy se presenta y que “significa un trabajo de la ciudadanía, feministas y diversos legisladores de Morena para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; en este caso, a través del bien primario que se posee, como es el cuerpo, y en congruencia con el derecho a la libre autodeterminación”.

En tanto, la diputada de la misma fracción parlamentaria Claudia Pérez Rodríguez subrayó que la importancia de analizar este tema es que en México se registra un millón de interrupciones de embarazos, por lo que es un asunto de justicia social para eliminar la criminalización por parte del personal médico y persecución penal.

Enfatizó que es primordial que ellas tengan la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, sexualidad y reproducción, pues de acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) una práctica nociva del Estado es ejercer control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres y niñas.

Ante tales observaciones internacionales, esta Cámara de Diputados ha generado una discusión en 22 ciudades del país, donde los asistentes y participantes consideraron necesario garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres y que existan políticas públicas de la más alta calidad de salud contando con asesoramiento, acompañamiento y finalización de tratamientos en la interrupción del embarazo.

Las representantes de diversas organizaciones civiles a favor del aborto se congratularon por esta iniciativa impulsada por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, ya que busca garantizar el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y que exista una interrupción legal del embarazo en condiciones de calidad.

También de Morena, la diputada Aleida Alavez Ruiz manifestó que es necesario que se transite en reformas al Código Penal y en la Ley General de Salud y se realice un pronunciamiento público en los congresos locales a fin de argumentar y hablar del tema. “Pedimos que el Estado haga valer la vida, y la vida implica el que también dejemos de padecer por estos abortos ilegales que están cobrando vidas de mujeres”.