Ley de Amnistía no garantiza la no repetición de violaciones a derechos

Ciudad de México.- La iniciativa de Ley de Amnistía, que podría liberar a mujeres acusadas del delito de aborto, por sí misma no garantiza la no repetición de la violencia hacia grupos históricamente vulnerados, afirmaron 27 organizaciones civiles y cuatro redes de agrupaciones de Derechos Humanos.

En un comunicado difundido esta semana, la organización aseguró que esta propuesta debe acompañarse de una estrategia integral con enfoque de Derechos Humanos, sobre todo en materia de reinserción social y perspectivas de género e interculturalidad.

Organizaciones como AsíLegal, Católicas por el Derecho a Decidir, la Red Nacional de Abogadas Indígenas y la Red de Mujeres por la Libertad, entre otras, llamaron a fortalecer el sistema e instituciones de justicia.

“Con un plan integral de esta naturaleza no solo se estaría garantizando el acceso a la justicia de las personas que ya están en conflicto con la ley, también se estarían creando las bases de leyes, mecanismos e instituciones que garanticen los Derechos Humanos de todas y todos”.

Las organizaciones firmantes se pronunciaron a favor de la iniciativa de Ley de Amnistía, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre y dijeron que buscarán cooperar para su implementación.

Esta iniciativa, que pretende otorgar la libertad a personas acusadas de delitos menores contra la salud, presos políticos, integrantes de los pueblos indígenas o mujeres presas por el delito de aborto, dijeron en el comunicado, iniciaría la transformación del actual sistema de impartición de justicia.

Asimismo, explicaron, contribuirá a cuestionar la perspectiva punitiva del sistema de justicia que se traduce en el abuso de la prisión preventiva, la obtención de confesiones bajo tortura, la ausencia de traductores, intérpretes y abogados defensores certificados bilingües para personas indígenas, la criminalización de abortos y partos fortuitos, o penas absurdamente severas para delitos menores que lo único que reflejan es la criminalización de ciertos grupos históricamente vulnerados.

Cabe señalar que, las personas potencialmente beneficiarias de esta propuesta pertenecen a distintos grupos de población que han sido invisibilizados y excluidos como personas indígenas, acusadas de robo simple, de sedición o consumidoras de drogas.

En el caso de mujeres se podría beneficiar a aquellas procesadas o sentenciadas por haber interrumpido su embarazo, así como a personal médico o auxiliar que han asistido en un procedimiento.

Sin embargo, las agrupaciones advirtieron que en el caso del aborto, lamentablemente la posibilidad de que la amnistía las impacte positivamente es muy baja por lo que la mirada debería estar puesta en la despenalización del aborto.