El Gobierno de la República en desacato a la Ley

09 de Septiembre de 2019
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México, 9 Septiembre (SEMlac).- Por órdenes del Consejo de la Judicatura Federal, los 1.000 amparos contra la desaparición de las estancias infantiles se concentrarán en dos juzgados auxiliares administrativos de la Ciudad de México, asunto "raro" que podría significar una "jugada" contra los derechos de las criaturas -un millón- a quienes el Gobierno Federal les quitó el derecho de ellas.

Así lo dijo el abogado de Chihuahua Carlos Joel Vargas, uno de los litigantes en la defensa de las estancias infantiles que, por órdenes del presidente de la República, desaparecieron y afectó a cerca de 100.000 niños y niñas, además de a las madres trabajadoras que pertenecen a los sectores más empobrecidos, mujeres que trabajan en la economía informal y no tienen derecho a la seguridad social.

La desaparición de las estancias infantiles, creadas hace más de 12 años, han puesto en peligro a las madres que sin ese servicio tienen que decidir entre sus ingresos o las criaturas.

Desde el comienzo de la administración, el entonces Secretario de Hacienda, consideró que las niñas y los niños podrían ser cuidados por sus abuelas. El presidente Andrés López Obrador dijo que se destinaría el dinero de las estancias a lo mismo, pero dándoles a las familias madres o padres 950 pesos (47, 5 dólares) por criatura.

Sin embargo, esos recursos no alcanzan para contratar una estancia privada, ni a una "nana" o "cuidadora" puesto que actualmente las trabajadoras del hogar cobran entre 300 y 500 pesos (entre 15 y 25 dólares por día), según la zona geográfica del país. Por ello se considera la decisión del Gobierno Federal, dijo el abogado, como ininteligible. Se atentó contra derechos adquiridos y fundado en información falsa, manipulada o simplemente mal hecha.



En ese sentido, el diputado panista (Partido Acción Nacional) Mario Mata Carrasco aseguró que la Auditoría Superior de la Federación sólo encontró anomalías en el tres por ciento de las estancias infantiles, o sea un asunto que podía resolverse. "Que metan a la cárcel a quienes se les puede probar corrupción o malos manejos", pero cerrar las estancias significará, además, cegar el desarrollo de cuatro millones de niños y niñas que en los próximos cinco años podrían beneficiarse de este programa.




El abogado que dijo tendrá que cambiarse de domicilio por la extraña decisión de la Judicatura, explicó que actualmente la Secretaría del Bienestar y el Gobierno Federal se encuentran jurídicamente en desacato en tanto no admitieron tres cosas: las medidas precautorias de los Tribunales; se niegan a entregar los recursos donde se ganaron los amparos e hicieron caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por su parte el diputado Mata Carrasco, integrante de un frente de congresistas que han dado seguimiento a la desaparición de las estancias infantiles, consideró que el Gobierno Federal debía rectificar.

Desde su punto de vista no es tampoco una medida de ahorro económico, sino precisamente una distributiva, como las que defiende el presidente de la República. En las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde los Cendis tienen protocolos y están en grandes edificios, el costo por niño o niña es cuatro veces los 950 pesos; en el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el costo sube hasta ocho veces por criatura al mes los 950 pesos del programa.

Aseguró que según el Coneval el círculo de la pobreza sólo puede romperse con la mejora en el aprovechamiento de la inteligencia, una criatura atendida, con cariño, servicios, atención psicológica desde los primeros meses de nacido, podría ser una persona en el futuro con muchas más herramientas para su desarrollo y desempeño en la vida. Eso tampoco lo sabe el gobierno federal que recién cumplió un año.

Ambos entrevistados coincidieron en que valdría la pena que el Gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador rectificaran, fueran coherentes con su propósito de hacer un gobierno equitativo, democrático, justo y capaz de conducir al país para hacer justicia a los que menos tienen o nunca tuvieron a lo largo de los años, desde la independencia.

Y si fuera por parecerse al gobierno que tanto admira el presidente de la República, el de Juárez, sería abogar por la medianía, y la austeridad. Los costos de dejar sin estancias infantiles a niños y niñas son muy elevado, en salud, educación, alimentación y cuidado. El de las madres, que ahora o dejaron de trabajar o tienen en riesgo a sus criaturas, es un costo mucho peor.