El primer informe de Gobierno de López Obrador está marcado por claroscuros en el tema de derechos de las mujeres. Por ejemplo, al iniciar su mandato, en septiembre de 2018, confirmó a ocho mujeres como secretarias de Estado, entre ellas la aliada feminista y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero.
A la par las legisladoras de Morena ganaron más espacios en el Congreso mexicano. La Cámara de Diputados se integró por 48.3 por ciento de diputadas y el Senado por 49.5 por ciento de senadoras.
Si bien la nueva administración comenzó con más mujeres en cargos de poder, es necesario recordar que las decisiones presidenciales sobre el destino del presupuesto, las guarderías y los refugios para víctimas de violencia de género, así como el plan para atender la violencia feminicida, son solo algunos temas que han desatado críticas de mujeres, feministas y organizaciones civiles.
El gobierno de López Obrador comenzó con la convicción de trabajar por los más pobres que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en su mayoría son mujeres. Hace diez años 28 de cada 100 mujeres tenían un ingreso inferior a la línea de pobreza; en 2018 la población femenina en pobreza ascendía a 32 por ciento.
En contraste con la promesa de atender la desigualdad, en diciembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el Proyecto de Presupuesto Egresos de la Federación 2019, donde con el argumento de austeridad propuso recortes a programas para las mujeres operados por las Secretarías de Gobernación, Salud, Bienestar, Procuraduría General de la República y del Instituto Nacional de las Mujeres.
El proyecto también propuso eliminar el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) y el Programa de Coinversión Social, el cual beneficiaba proyectos de organizaciones especializadas en derechos de las mujeres; sin embargo, tras la intervención de legisladores y organizaciones feministas, la Cámara de Diputados echó para atrás la propuesta de Hacienda.
No obstante, los reclamos ciudadanos no lograron revertir el recorte al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, que debido a las sospechas de corrupción se recortó en dos mil 29 millones de pesos aun cuando los recursos se destinaban a guarderías que atienden a hijas e hijos de las mujeres sin seguridad social.
Como parte de la nueva política anticorrupción, el presidente anunció que, en vez de entregar los fondos a operadores de estancias infantiles, se harían transferencias individuales de 800 pesos mensuales a las madres y padres de menores de edad, mecanismo que comenzó a funcionar en abril.
En la cruzada presidencial contra la corrupción, el 14 de febrero, López Obrador difundió la “circular uno” donde llamó a las instituciones del Estado a no transferir recursos públicos a organizaciones civiles a fin de “terminar con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”.
En atención a la indicación, ese mes la Secretaría de Salud, por medio del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, suspendió la convocatoria para otorgar 346 millones 482 mil 708 pesos en subsidios a los refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia.
Mujeres, legisladoras y la Red Nacional de Refugios denunciaron que las víctimas se quedarían sin servicios especializados en apoyo legal y psicológico y sin lugares para resguardarse de sus agresores, por lo que después de tres meses de negociaciones, la Secretaría de Salud decidió entregar los fondos a los refugios.
La atención de la violencia de género es otro tema donde López Obrador no ha sido claro. En marzo el mandatario dijo que todo lo que se hace es para mujeres y hombres, pero con su equipo presentó el Plan emergente para prevenir y atender la violencia de género y la semana pasada aseguró que la Guardia Nacional operaria una estrategia de prevención del feminicida, idea que tampoco ha convencido a académicas, activistas y expertas en el tema. (Anayeli García Martínez)