La desaparición de poderes procedería en caso de que el Congreso de Baja California no corrija su decisión de ampliar a cinco años el periodo de gobierno en esa entidad, que le correspondería al gobernador electo Jaime Bonilla por un plazo de dos años.
“En relación a la ampliación que aprobó el Congreso estatal de Baja California del periodo gubernamental en favor de Jaime Bonilla, nosotros estamos de acuerdo con lo que ha planteado el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, para la posible desaparición de poderes en esa entidad”, dijo en entrevista con Notimex.
Explicó que la acción del Congreso de Baja California violó el artículo 76 de la Constitución, y señaló que este sábado el Consejo General perredista acordó una ruta ante las acciones ilegales y anticonstitucionales de los legisladores locales, y de los regidores de los distintos municipios que la aprobaron.
Señaló que por parte del PRD se impulsará una acción de inconstitucionalidad y también juicios políticos contra quienes participaron en este atropello, y se impulsará la desaparición de poderes, como en su momento lo mencionó el propio Cuauhtémoc Cárdenas, y el sábado el diputado Muñoz Ledo.
En un comunicado, la diputada federal precisó que el Consejo Nacional del PRD acordó promover amparos contra la reforma a la Constitución de Baja California, así como interponer un juicio político contra diputadas y diputados locales que votaron a favor.
“En el caso del PRD, el Consejo Nacional que se realizó el sábado aprobó promover amparos contra la reforma avalada por el Congreso de Baja California, así como un juicio político contra las diputadas y diputados locales que votaron a favor", indicó.
“De igual manera, expulsar al regidor David del Moral; y deslindarse de la diputada Rocío López Gorosave, que ganó con las siglas perredista pero se asume como sin partido; quienes respaldaron la reforma”, informó.
Finalmente, afirmó que “todos estamos obligados a sujetarnos a la Constitución de la República, al marco legal, al estado de derecho, al mandato que emana de las urnas y a respetar los principios de la democracia, particularmente el jefe del Estado mexicano y los gobernadores”.