"Sin duda la fiscalización es un procedimiento perfectible, pero la evidencia demuestra que México cuenta ya con un modelo exhaustivo y eficaz que ha inhibido en gran medida el uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas", puntualizó.
En un mensaje que difundió en su cuenta de Twitter @lorenzocordovav, expuso que a pesar del desafío técnico, logístico e informático que se le impuso al Instituto Nacional Electoral (INE) con la reforma de 2014 en esta materia, cinco años después el modelo funciona y "funciona bien".
Además, "se consolidó como un mecanismo que propicia equidad y transparencia en nuestra contienda democrática".
Recordó que una de las grandes fortalezas del Sistema Nacional Electoral que hoy se tiene en la fiscalización de los recursos que ejercen los partidos políticos y los candidatos que contienden por un cargo de elección popular.
Gracias a un procedimiento que poco a poco se ha ido perfeccionando, hoy la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos se realiza prácticamente en tiempo real, y sus resultados pueden ser consultados por los interesados a través del Sistema Integral de Fiscalización del INE, subrayó.
De esa manera, recordó que el 8 de junio pasado el Consejo General del INE aprobó los dictámenes de fiscalización de los procesos electorales de este año en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.
En total se fiscalizaron las campañas de 830 candidatas y candidatos a 148 cargos públicos, quienes registraron ingresos por más de 508 millones de pesos y gastos por más de 503 millones de pesos.
Se trata -anotó- de recursos que en un 91 por ciento provienen del financiamiento público y "cuyo flujo fueron analizados por nuestros auditores en un plazo de apenas 40 días".
El titular del INE resaltó que este año el Consejo General decidió aplicar multas a los partidos por más de 85 millones de pesos por conductas que, a pesar del esfuerzo institucional por prevenirlas, aún se siguen cometiendo.
Entre ellos, gastos no reportados, aportaciones indebidas, registro extemporáneo de eventos y la entrega de informes fuera de los plazos establecidos.