Se trata de María Isabel González Vargas, quien tuvo el valor civil de oponerse a una serie de irregularidades que asegura se dieron para la elección del nuevo comité y que dijo desde hace 6 años ha estado en manos de una sola familia.La afectada, denunció que desde el día de la elección fue objeto de agresiones físicas y verbales, por lo que incluso existen por lo menos cuatro denuncias ante la fiscalía del Estado.
Ahora acudió ante los medios de comunicación porque refiere que esta siendo objeto de agresiones físicas y verbales, de la familia involucrada y que dice, en base a argucias y artimañas, seguirán teniendo el control del pozo en la localidad.
Dijo que aunque intervino la policía en el conflicto, nada hicieron, a pesar de que incluso hubo armas de fuego de por medio para amedrentar a los que se oponían, incluyendo a un joven que recibió un cachazo con una pistola.
Ahora, a través de redes sociales han surgido publicaciones que la amenazan con ‘ejecutarla’ si continúa haciendo ruido.Lo cierto es que las autoridades deben tomar en serio ese tipo de publicaciones, que si bien tiene tintes intimidatorios, no pueden permitir que se trastoque la tranquilidad de las familias en esa localidad, por el simple hecho de denunciar las irregularidades que se registran en el jugoso negocio que representa el control del pozo de agua potable en la localidad.
La mujer teme por su vida y responsabiliza al actual comité de lo que pueda sucederle a ella y su familia, por lo que además pide a las autoridades aplicar restricciones a los presuntos responsables, ya que dice que ni siquiera puede salir a la calle.