Sector patronal reconoce resolución legal sobre Santa Lucía

04 de Junio de 2019
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México, 4 Jun (Notimex).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su reconocimiento al Poder Judicial de la Federación que ordenó detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

El máximo tribunal judicial ordenó, a través de un Tribunal Federal detener la obra de infraestructura hasta demostrar que cuenta con todos los dictámenes y permisos ambientales correspondientes.



“Con esta decisión, el Poder Judicial de la Federación, una vez más, demuestra a los ciudadanos que es un contrapeso real a decisiones apresuradas e injustificadas” del presidente Andrés Manuel López Obrador, remarcó el organismo dirigido por Gustavo de Hoyos.




Esta resolución genera un precedente importante en materia ambiental no solamente para el caso del Aeropuerto de Santa Lucía, sino también para cualquier otro proyecto de infraestructura que conlleve la destrucción de los ecosistemas, acentuó.

El fallo deriva de un juicio de amparo impulsado por varias organizaciones de la sociedad civil reunidas en el colectivo “No Más Derroches”, en el que participa Coparmex y otras organizaciones de la sociedad, un grupo de ciudadanos y firmas de abogados.

Señaló que un grupo de expertos en temas jurídicos y económicos presentó diversos juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación por parte de usuarios del servicio de transporte aéreo, pobladores de Texcoco y Santa Lucía, pilotos aviadores y asociaciones civiles.

El argumento central de ese recurso señala que la sustitución del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco, por el proyecto de construcción del Aeropuerto Civil Internacional en la Base Aérea Militar de Santa Lucía no resuelve el problema de saturación que existe actualmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Lo anterior es porque representa un riesgo importante para la seguridad aérea y carece de los estudios técnicos, financieros, jurídicos y económicos necesarios, expuso en un comunicado.

Señaló que la cancelación injustificada del NAIM en Texcoco, anunciada el 23 de octubre de 2018, ha costado cientos de miles de millones de pesos a los mexicanos, la desaparición de 46 mil empleos directos y la pérdida de certeza jurídica y confianza de empresas nacionales e internacionales para seguir invirtiendo en nuestro país.

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