Llaman a impedir internamiento involuntario de usuarios de drogas

México, 17 May (Notimex).- La organización Documenta llamó a prevenir la tortura en los traslados de personas entre centros penitenciarios o a instancias de impartición de justicia, así como a eliminar toda política o programa que permita o tolere el internamiento involuntario o coaccionado como forma de tratamiento para personas con discapacidad psicosocial y usuarias de drogas.

El coordinador del Programa de Prevención de la Tortura de Documenta, Ángel Salvador Ferrer, pidió al Estado mexicano introducir salvaguardas eficaces de los derechos de las personas que son trasladadas desde o hacia centros penitenciarios con apego a la Ley Nacional de Ejecución Penal y estándares internacionales en la materia.

Durante el Conversatorio "Mexico ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas: Análisis de las conclusiones y recomendaciones finales", expuso que se debe incluir la debida motivación del traslado, el registro pormenorizado, la especificación de la autoridad responsable en cada momento, las garantías de defensa y comunicación.

También la valoración del riesgo, tomando en consideración las condiciones particulares de la persona y las condiciones del centro receptor, que incremente la supervisión y monitoreo de los traslados penitenciarios e investigue, sancione y repare los actos de tortura y malos tratos que se comentan durante los traslados.

Lo anterior debido a que los traslados de personas entre centros penitenciarios o a instancias de impartición de justicia dentro del proceso penal son momentos en los que el riesgo de ser víctimas de tortura y malos tratos se incrementa.

En cuanto a la tortura y malos tratos en las instituciones de salud mental, la organización civil recomendó que el Estado, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, supervise de forma periódica y sistemática los centros de salud mental públicos y privados.

Ello tanto los certificados como los que operen al margen de la ley y, en su caso, los regularice o clausure.

Además que realice una revisión exhaustiva en colaboración con organizaciones de la sociedad civil a la Ley General de Salud, a fin de que la regulación de los servicios de salud mental se garantice, entre otros, el derecho a la libertad y seguridad personales.

También la implementación de una estrategia de desinstitucionalización con plazos concretos que prevea la puesta en marcha de servicios de atención a la salud mental comunitarios y de primer nivel que asegure la vida independiente de los usuarios.

Indicó que debe eliminar toda política o programa que permita o tolere el internamiento involuntario o coaccionado como forma de tratamiento para personas con discapacidad psicosocial y usuarias de drogas.

Finalmente, se llamó aumentar el número de centros no residenciales y de atención comunitaria, así como la disponibilidad de espacios y servicios específicos para mujeres y adolescentes.