México, 14 Mayo (SEMlac).- La Cámara de Diputadas y Diputados podría llamar a la presidenta de INMUJERES, Nadine Gasman, para que explique sobre el fondo PROEQUIDAD que este año tiene recursos por 86 millones de pesos (cuatro millones 777,777 dólares), y que por prohibición del presidente de la República no se pueden entregar a las organizaciones de mujeres.
El gobierno anuncia que dejará de vincularse con las mujeres a través de donativos o dinero, que se hará ahora de forma distinta.
Mientras tanto, en INMUJERES insisten en que el fondo etiquetado seguirá llamándose PROEQUIDAD, pero cambiará de giro y será para 12 gobiernos estatales y sus programas de prevención y atención a la violencia. Así se desliga, de lo que INMUJERES considera equivocado, las organizaciones, que no tienen que sustituir al gobierno, dicen.
De la mesa de trabajo instalada la pasada semana en las oficinas de INMUJERES, con autoridades del gobierno federal, del propio Instituto y consejeras sociales y consultivas, todavía no hay acuerdos ni conclusiones.
Ante la decisión de las autoridades del INMUJERES para dar sentido al fondo PROEQUIDAD, las diputadas discuten cómo hacer entender que un objetivo de esa institución ha sido, desde su creación, su vinculación con las mujeres organizadas, y reconocer sus aportes a la búsqueda de la igualdad sustantiva; organizaciones que tienen al menos tres décadas aportando sus trabajos y conocimientos para reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.
Se supo que en INMUJERES, para no contradecir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se argumenta que su objetivo es alcanzar la igualdad sustantiva, pero eso, insisten, es lo que debe garantizar el Estado (el Estado somos sociedad, gobierno e instituciones), y que cumplir con la política de género, la sociedad civil deberá incluirse, pero a cada quien "lo que le toca". Hasta ahora la relación ONG y gobierno con dinero tenían roles mezclados.
Los argumentos que estudian diputadas y feministas, sin embargo, anotan: los administradores contravienen las leyes, incluido el artículo 58 de la Ley de la Administración Pública. Además, existen por lo menos seis normas jurídicas que obligan al INMUJERES a mantener un fondo dirigido a grupos de mujeres, empezando por su propia ley y el mandato de la Cámara de Diputados y Diputadas al etiquetar claramente el fondo PROEQUIDAD.
La pregunta es: ¿pesa mucho más una circular de un ejecutivo que seis leyes? Y se puede sostener jurídicamente que las organizaciones no gubernamentales no son "intermediarias" y ello las exime de lo que dice la Circular no. 1 de la Presidencia.
A las diputadas también les preocupa, dice Lorena Villavicencio, de Morena, que se están incumpliendo recomendaciones de la CEDAW al Estado mexicano, sobre el trabajo en conjunto con las mujeres organizadas y los recursos que se deben destinar a su trabajo. Además, dicen consejeras, habría que considerar que la aprobación de los fondos del PROEQUIDAD ha sido una decisión del Poder Legislativo y la Circular 1, es decisión del Ejecutivo.
De acuerdo con leyes vigentes, la circular que desaparece a las organizaciones civiles, no debiera estar por encima de la decisión del legislativo y las leyes vigentes, como la de Fomento o las de Ciudadanía, incluso los reglamentos aún vigentes.
Algunas legisladoras piensan que la estrategia es asfixiar a las organizaciones civiles de toda clase, capacidad y conocimiento. Sobre todo, a las que hacen trabajo sencillo, de hormiga, en pequeñas comunidades, las que van a pueblos y ayuntamientos a dar la nueva de la igualdad.
Para Fernando López Portillo Tostado, director general de Administración y Finanzas de INMUJERES, ya se discutió con Hacienda y la Secretaría de la Función Pública y se tiene la convicción de que la relación entre el Instituto y la sociedad civil organizada es importante, pero no hay acuerdo para erogar los recursos.
De acuerdo con INMUJERES, no se intenta eliminar la vinculación entre las organizaciones de la Sociedad Civil y es claro que esa relación no es solamente a través de transferencias monetarias. Son relaciones atravesadas por lo económico. Lo cierto es que este año no habrá transferencias a los grupos de mujeres.
También se argumenta que hay mecanismos de colaboración, que hasta ahora han sido mecanismos de simulación en muchos casos. Hay que acabar con estas prácticas y fortalecer la participación ciudadana. Y muy lejos de acotar los espacios, lo que se busca es ampliar la participación ciudadana.
Lo cierto es que INMUJERES no puede canalizar recursos a la sociedad civil. Y está ahora mismo analizando otras formas de relación con las ONG, que no sean a través de dinero, porque eso las convierte en "intermediarias".
El gobierno anuncia que dejará de vincularse con las mujeres a través de donativos o dinero, que se hará ahora de forma distinta.
Mientras tanto, en INMUJERES insisten en que el fondo etiquetado seguirá llamándose PROEQUIDAD, pero cambiará de giro y será para 12 gobiernos estatales y sus programas de prevención y atención a la violencia. Así se desliga, de lo que INMUJERES considera equivocado, las organizaciones, que no tienen que sustituir al gobierno, dicen.
De la mesa de trabajo instalada la pasada semana en las oficinas de INMUJERES, con autoridades del gobierno federal, del propio Instituto y consejeras sociales y consultivas, todavía no hay acuerdos ni conclusiones.
Ante la decisión de las autoridades del INMUJERES para dar sentido al fondo PROEQUIDAD, las diputadas discuten cómo hacer entender que un objetivo de esa institución ha sido, desde su creación, su vinculación con las mujeres organizadas, y reconocer sus aportes a la búsqueda de la igualdad sustantiva; organizaciones que tienen al menos tres décadas aportando sus trabajos y conocimientos para reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.
Se supo que en INMUJERES, para no contradecir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se argumenta que su objetivo es alcanzar la igualdad sustantiva, pero eso, insisten, es lo que debe garantizar el Estado (el Estado somos sociedad, gobierno e instituciones), y que cumplir con la política de género, la sociedad civil deberá incluirse, pero a cada quien "lo que le toca". Hasta ahora la relación ONG y gobierno con dinero tenían roles mezclados.
Los argumentos que estudian diputadas y feministas, sin embargo, anotan: los administradores contravienen las leyes, incluido el artículo 58 de la Ley de la Administración Pública. Además, existen por lo menos seis normas jurídicas que obligan al INMUJERES a mantener un fondo dirigido a grupos de mujeres, empezando por su propia ley y el mandato de la Cámara de Diputados y Diputadas al etiquetar claramente el fondo PROEQUIDAD.
La pregunta es: ¿pesa mucho más una circular de un ejecutivo que seis leyes? Y se puede sostener jurídicamente que las organizaciones no gubernamentales no son "intermediarias" y ello las exime de lo que dice la Circular no. 1 de la Presidencia.
A las diputadas también les preocupa, dice Lorena Villavicencio, de Morena, que se están incumpliendo recomendaciones de la CEDAW al Estado mexicano, sobre el trabajo en conjunto con las mujeres organizadas y los recursos que se deben destinar a su trabajo. Además, dicen consejeras, habría que considerar que la aprobación de los fondos del PROEQUIDAD ha sido una decisión del Poder Legislativo y la Circular 1, es decisión del Ejecutivo.
De acuerdo con leyes vigentes, la circular que desaparece a las organizaciones civiles, no debiera estar por encima de la decisión del legislativo y las leyes vigentes, como la de Fomento o las de Ciudadanía, incluso los reglamentos aún vigentes.
Algunas legisladoras piensan que la estrategia es asfixiar a las organizaciones civiles de toda clase, capacidad y conocimiento. Sobre todo, a las que hacen trabajo sencillo, de hormiga, en pequeñas comunidades, las que van a pueblos y ayuntamientos a dar la nueva de la igualdad.
Para Fernando López Portillo Tostado, director general de Administración y Finanzas de INMUJERES, ya se discutió con Hacienda y la Secretaría de la Función Pública y se tiene la convicción de que la relación entre el Instituto y la sociedad civil organizada es importante, pero no hay acuerdo para erogar los recursos.
De acuerdo con INMUJERES, no se intenta eliminar la vinculación entre las organizaciones de la Sociedad Civil y es claro que esa relación no es solamente a través de transferencias monetarias. Son relaciones atravesadas por lo económico. Lo cierto es que este año no habrá transferencias a los grupos de mujeres.
También se argumenta que hay mecanismos de colaboración, que hasta ahora han sido mecanismos de simulación en muchos casos. Hay que acabar con estas prácticas y fortalecer la participación ciudadana. Y muy lejos de acotar los espacios, lo que se busca es ampliar la participación ciudadana.
Lo cierto es que INMUJERES no puede canalizar recursos a la sociedad civil. Y está ahora mismo analizando otras formas de relación con las ONG, que no sean a través de dinero, porque eso las convierte en "intermediarias".