Además, cuando los particulares presenten denuncias ante el INM, éste deberá informar a los particulares que no es la autoridad competente para conocer y enviará de forma inmediata al interesado ante la autoridad adecuada para que presente la denuncia correspondiente.
El dictamen a la minuta que reforma el Artículo 93 de la Ley de Migración y que fue devuelto al Senado, establece además que cuando los particulares presenten denuncias ante el INM, éste deberá informarles que no es la autoridad competente para conocer y enviará de forma inmediata al interesado ante la autoridad adecuada para que presente la denuncia correspondiente.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Julieta Kristal Vences Valencia, explicó que se pretende evitar posibles errores de interpretación que ocasionen conflictos por invasión de competencias, a fin de precisar la facultad de control, verificación y revisión del INM.
La reforma aprobada evitará que haya interpretaciones que den lugar a considerar que el Instituto tiene funciones ministeriales y policiales, de recibir e investigar denuncias penales, que son exclusivas del Ministerio Público, añadió la legisladora de Morena.
“Ninguna autoridad migratoria debe contar con la facultad en materia de persecución de delitos, así sea cometidos por migrantes en situación irregular, en tanto que se trata de una obligación exclusiva de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia”, aclaró.
En los posicionamientos, el morenista Óscar Rafael Novella Macías precisó que este dictamen abonará a dar certeza jurídica a las y los migrantes que se internen al país. Se “ha reclamado por décadas la probidad de la certeza jurídica del INM, dado que es una de las instituciones más corruptas del gobierno”.
Por el Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Francisco Javier Luévano Núñez expresó que para que se aplique la ley de manera adecuada debe haber claridad en cuanto a las facultades que tienen las autoridades.
Ello, explicó, porque en la actualidad “la ley deja abierta la posibilidad de una interpretación incorrecta de las facultades del INM, llevando a que abarque facultades exclusivas de los ministerios públicos”.
La diputada priista María Ester Alonzo Morales precisó que México, como un país de tránsito y destino migrante, debe contar con una política pública eficaz que permita garantizar la seguridad, la justicia y los derechos humanos de todas aquellas personas que diariamente ingresan. Requiere tener una legislación efectiva que permita el buen ejercicio de la política con atribuciones bien definidas.