Los abogados de la parte ofendida, Humberto Camacho Aguilar y Antonio Samperio Pérez, explicaron que una vez que se agotaron todas las instancias, ya que el arrendatario con una serie de artimañas promovió seis amparos, finalmente un juez de la causa ordenó el desahucio.
El mandato judicial se llevó a cabo durante la mañana, cuando llegaron al establecimiento ubicado sobre Constituyentes, el despacho jurídico de la defensa, los actuarios y la fuerza pública, así como una cuadrilla de trabajadores del arrendatario, que se encargaron de sacar todos los objetos.
Camacho Aguilar, destacó que a pesar de haber embargado durante el juicio de desalojo una serie de objetos, no se garantizaba el adeudo por la renta, por lo que al negarse el último amparo que promovió el inquilino, se ordenó el desalojo.
Camacho Aguilar, señaló que para garantizar que las diligencias se llevaran a cabo con toda la seguridad, el actuario solicitó la presencia de la fuerza pública.
El negocio operaba como restaurante bar, sin embargo el abogado indicó que al parecer ya lo tenía subarrendado, por lo que se negaba a salir a pesar de que no pagaba la renta.
“Lo que embargamos la primera vez no fue mucho porque no garantiza para nada el adeudo, la intención era llegar a un arreglo pero se negaron y quedar bien, pero no se prestaron”.
Humberto Camacho Aguilar, indicó que este tipo de situaciones se han acrecentado en el municipio, debido a que la gente que renta obra de buena fe y la gente que llega de fuera luego no se quiere salir.
Destacó que al momento de que el inquilino fue embargado por primera vez, advirtió que mínimo en cinco años no pagaría. “Así lo hizo, promovió cinco amparos, pero en el quinto le negaron la suspensión”.Durante el desalojo, el actuario dio cuenta de que todos los muebles del bar, mesas, sillas y todo lo que había en el establecimiento, fueron echados a la calle.
El juicio de desalojo fue promovido por Homobono Río Osornio y María Dolores Valadez Anaya, contra Jorge Raúl Coronel Romo.